Legal no es lo mismo que lo legítimo ni justo. Lo legal se refiere a lo que está conforme a la ley. Algo es legal si cumple con las normas establecidas por una autoridad competente. La legalidad se basa en el sistema jurídico vigente y puede variar de un país a otro y hasta de un momento a otro.
Lo legítimo va más allá de la legalidad y se refiere a la aceptación y reconocimiento de una autoridad o acción como válida y justa por parte de la sociedad. La legitimidad implica un consenso social y moral. Un gobierno puede ser legal (haber sido elegido conforme a la ley), pero no legítimo si no cuenta con el apoyo o reconocimiento de la población.
Lo justo se relaciona con la equidad y la moralidad. Algo es justo si es éticamente correcto y equitativo, independientemente de si es legal o legítimo. La justicia busca el bien común y la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, una ley puede ser legal, pero no es justa si discrimina a un grupo de personas. Las leyes deberían ser establecidas por una autoridad legal con base en principios éticos tales y en la justicia. Por eso hay que separar lo que es deseable de lo que es bueno, de lo que es necesario y lo que debe ser.
Es deseable lo que se anhela o se quiere, basado en preferencias personales o colectivas. Puede no ser necesario ni justo, pero es algo que se desea alcanzar.
Es bueno, lo que es moralmente correcto o beneficioso. Este concepto está ligado a la ética y la moral, y puede variar según diferentes sistemas de valores.
Es necesario lo que es imprescindible o esencial para alcanzar un objetivo o mantener una condición. La necesidad se basa en la funcionalidad y la supervivencia.
Es un deber lo que se considera obligatorio o imperativo, basado en normas, leyes o principios éticos. Este concepto está relacionado con la justicia y la legitimidad. Este es el punto donde converge lo que es legal con lo que es ético, lo que es obligatorio y lo que es bueno.
Para algunos, el derecho internacional debería estar basado solamente en la capacidad de los organismos internacionales de imponer por la fuerza el cumplimento de los tratados. Dicho con otras palabras, la legitimidad no se asocia a la bondad de la norma sino a la capacidad de aplicarla, por medio del uso de la fuerza.
El basamento teórico de esa concepción ultrapositivista lo estableció el jurista nazi Carl Schmitt, quien desarrolló toda una filosofía del derecho y de la política (como la ciencia que establece la diferencia entre el amigo y el enemigo), y sobre esa base el nazismo desarrolló su producción legal.
Carl Schmitt es conocido por su teoría del decisionismo y su crítica al liberalismo parlamentario. En su obra, Schmitt enfatiza la importancia de la decisión soberana y la autoridad del Estado, especialmente en situaciones de emergencia. Este enfoque puede ser visto como una forma extrema de positivismo jurídico, donde la ley y el orden se derivan directamente de la voluntad del soberano, sin justificaciones morales o racionales externas.
El “positivismo a ultranza” en este contexto se refiere a una interpretación estricta y autoritaria de la ley, donde el poder del soberano es absoluto y no está limitado por principios éticos o democráticos.
La idea de que la legitimidad se basa más en la capacidad de aplicar una norma mediante el uso de la fuerza, en lugar de su bondad conceptual, es una perspectiva que ha sido discutida por diversos teóricos políticos y jurídicos. Esta visión se alinea con una interpretación más realista y pragmática del poder y la autoridad.
Max Weber definió la legitimidad en términos de la aceptación de la autoridad por parte de los gobernados. Según Weber, la legitimidad puede derivarse de la tradición, el carisma o la legalidad racional. Sin embargo, también reconoció que el Estado tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza dentro de un territorio.
Carl Schmitt argumentó que, en situaciones de emergencia, la soberanía y la capacidad de tomar decisiones rápidas y decisivas son cruciales. Para Schmitt, la legitimidad puede estar más relacionada con la capacidad de mantener el orden y la seguridad, incluso si esto implica el uso de la fuerza.
La Teoría Realista del Derecho sostiene que el derecho y la legitimidad están intrínsecamente ligados al poder y la capacidad de hacer cumplir las normas. Según esta perspectiva, una norma es legítima si puede ser efectivamente aplicada y mantenida, lo que a menudo implica el uso de la fuerza.
Sin embargo, esta visión no es universalmente aceptada. Muchos teóricos argumentan que la legitimidad también debe basarse en la justicia, la equidad y el consentimiento de los gobernados. La capacidad de aplicar una norma mediante la fuerza puede ser necesaria, pero no suficiente para garantizar su legitimidad en un sentido más amplio y ético.
Estos conceptos jurídicos y políticos ayudan a entender qué tipo de régimen hay en Nicaragua y por qué quienes detentan el poder son tan arbitrarios, o sea que actúan conforme a su capricho no de acuerdo con la ley fundada en la justicia y la razón.
