A sus 65 años, “Julio”, a quien llamaremos así para preservar su identidad por temor a represalias, asegura que sufrió un cambio radical luego de haber sido desterrado por la dictadura Ortega Murillo el 9 de febrero de 2023, junto con otros 221 excarcelados políticos. Asegura que iniciar de cero en un tercer país “es una prolongación de la tortura”.
Según Julio, en Estados Unidos, país que lo recibió a él y a los otros 221 excarcelados políticos, los jóvenes tienen muchas oportunidades de trabajo “que no existen para una persona mayor de 60 años que muy difícilmente va a encontrar un trabajo apropiado para su edad”.
Sin embargo, asegura que a su consideración es mejor que estar en prisión. Al igual que la mayoría de los excarcelados, el régimen lo arrestó al identificarlo como opositor en 2021.
“Algunos de mis padecimientos se agravaron en la cárcel, sobre todo del corazón, porque requería exámenes. En el exilio costó mucho hacerme exámenes y pasaron varios meses porque son muy caros. Las secuelas de la falta de atención se extienden después del destierro”, dijo.
Sin atención y medicamentos en prisión para presos políticos
Julio relató que mientras permaneció bajo arresto, no contó con los medicamentos necesarios y que muchas veces, aunque los familiares llevaban los medicamentos, las autoridades del Sistema Penitenciario no los entregaban “prolongando la angustia”.
“Necesitaba exámenes apropiados y no podía hacérmelos en la cárcel. Requería un traslado a un hospital y ellos no daban eso”, relató.
De todos los arrestos, el último fue el que más marcó a Carlos Valle
Carlos Valle tiene 66 años y luego de su destierro el 9 de febrero de 2023 se dedica a conducir camiones en Estados Unidos para generar ingresos que le permitan vivir en ese país. El 5 de noviembre, la Policía, al servicio de la dictadura Ortega Murillo, lo secuestró.
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Esa fue la tercera vez que Valle fue arrestado desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018. La primera detención fue en septiembre de 2018, por demandar la libertad de su hija, Elsa Valle, quien también fue presa política. La segunda ocasión fue en octubre de 2019, por supuestamente haber colisionado a una agente policial.
En Managua, según relata Valle, tenía condiciones garantizadas para su vejez, con una buena pensión de jubilación, dos propiedades, tres vehículos y varias fuentes de ingresos, condiciones con las que no cuenta ahora en el destierro.
“Luego de mi destierro, tuve problemas y perdí mis facultades. No me podía poner de pie, tenía muchos dolores en los pies. Sigo yendo al psiquiatra porque me volví dependiente al Alprazolam. En la cárcel nos daban tres al día para que estuviéramos dormidos”, relató Valle en entrevista a LA PRENSA.
A consideración del especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, el Estado es responsable de la salud de los presos políticos, incluyendo los adultos mayores.
“Para los adultos mayores hay una condición de vulnerabilidad por la dificultad para valerse por sí mismos y al encontrarse en un régimen carcelario, requieren algún tipo de consideración especial, incluyendo la atención médica especializada, que es una obligación del país para los privados de libertad. Pero en Nicaragua, estas condiciones no se respetan”, dijo Pineda.
Régimen mantuvo hasta 40 presos políticos mayores de 60 años
Actualmente, la dictadura tiene en prisión a nueve presos políticos adultos mayores. Hasta antes de la excarcelación de 222 reos de conciencia y su destierro a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, el régimen mantenía en prisión a al menos 40 presos políticos mayores de 60 años. Luego de la excarcelación la cantidad de prisioneros políticos de esta edad se redujo a tres, según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.
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No obstante, en julio de 2024, previo a la excarcelación de 135 reos de políticos y su destierro a Guatemala el 5 de septiembre, el régimen tenía en prisión a 21 reos de conciencia mayores de 60 años.
Entre los nueve presos políticos mayores de 60 años que permanecen en Nicaragua están: Wilfredo Balmaceda (63), Eliseo de Jesús Castro Baltodano (60), José Ricardo Cortez Dávila (71), Eddie Moisés González Valdivia (66), Nancy Elizabeth Henríquez James (62), Eddy Danilo Meléndez Lacayo (68), Brooklyn Rivera (72), José Manuel Urbina Lara (61) y Zacarías Isabel Cano Angulo (61).
“Tenemos que partir de la idea de que la dictadura no tiene consideración con ninguna persona a la que trata como enemiga. Si ha sido capaz de cometer crímenes de lesa humanidad y asesinado a 355 personas durante las protestas de 2018, la privación de libertad no hace exclusiones para personas adultas mayores y menores de 18 años”, expresó el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Excarcelados políticos mayores de 60 años se organizan en el destierro
Valle refirió que algunos de los excarcelados políticos adultos mayores, especialmente del grupo de los 222 que fueron desterrados en febrero de 2023, están organizados para hacer frente a las necesidades de forma colectiva.
“A los de la tercera edad no nos dan tanto trabajo. Actualmente tenemos un grupo de alrededor de 39 adultos mayores y estamos gestionando que nos agilicen el asilo en Estados Unidos, porque actualmente no tenemos tantos beneficios”, dijo Valle.