A nivel político, Costa Rica vive momentos convulsos a raíz de la investigación del Ministerio Público contra Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), y otros siete funcionarios de esta cartera por la adjudicación con sobreprecios a cooperativas para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis), conocido en Costa Rica como «caso Barrenador».
Esto desembocó en una ola de señalamientos contra el fiscal general costarricense, Carlo Díaz, quien denunció este jueves ante la Asamblea Legislativa la supuesta contratación de troles para desprestigiarlo a él y a la Sala IV (sala constitucional). Además del presunto uso de vehículos incautados al narcotráfico para vigilar diputados, magistrados y a «todo el que se oponga» a la administración costarricense.
Durante una intervención ante la Comisión para el Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, Díaz aseguró que tiene información de que se pagaron alrededor de 350 mil dólares para campañas de desprestigio y que cuenta con capturas de pantalla de supuestos ofrecimientos de una «granja de troles» que fue pagada a través de bitcoins. Díaz señaló que esta información la enviará al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que realice las respectivas investigaciones y que de momento no se abrió una causa judicial.
“No es poca cosa, para desprestigiar la resolución de la ‘ley jaguar’ y, bueno, que se apruebe la ‘ley jaguar’; y también se utilizó, en este caso, para desprestigiarme a mí. Obviamente, ustedes ven los ataques con troles, todos los días”, dijo Díaz en declaraciones a medios de comunicación costarricenses.
Esto se suma a los señalamientos del presidente costarricense Rodrigo Chaves, quien en su conferencia de prensa del miércoles cuestionó a Díaz por su relación de pareja y por haberla llevado a la Conferencia Internacional sobre la lucha contra las drogas, organizada por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en Atenas, Grecia, pese a que Díaz refirió en declaraciones previas que su acompañante viajó con recursos propios y no con fondos del Estado.
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Las presuntas campañas de desprestigio por parte de la administración Chaves, según la denuncia de Díaz, aumentaron luego de que la Sala IV declarara inconstitucional tres artículos que se consultaron sobre la segunda versión de «Ley Jaguar», que, según la Contraloría costarricense, permitirían al gobierno y demás instituciones efectuar contrataciones de manera discrecional.
Fiscal denuncia presunta vigilancia
El Fiscal también señaló que el Ministerio Público investiga el supuesto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para vigilarlo a él, a diputados, magistrados y «a todo el que se oponga». Estos vehículos, una vez incautados al narcotráfico, se ponen al servicio del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Díaz refirió que se han recibido denuncias y que están bajo investigación.
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«Justo en la casa que está a la par de la mía, un día de estos estuvo un tipo, ahí nada más estacionado, cuando yo estaba llegando. ¿Qué significa eso? No me importa; si me tienen que matar me convertirán en un mártir y quizá eso sea suficiente para que Costa Rica cambie, como lo hizo Italia con la mafia italiana”, dijo Díaz en declaraciones recogidas por el diario costarricense La Nación.
Marta Esquivel suspendida por seis meses
El miércoles, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió del cargo de presidenta de la CCSS y otros cuatro directivos de esta cartera por seis meses por ser sospechosos de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Las investigaciones preliminares señalan que desde principios de 2023, los miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon la licitación para la administración de los Ebáis e iniciaron un nuevo proceso en el que presuntamente manipularon las condiciones del acuerdo en favor de varias cooperativas de salud que administrarían los centros de atención.
