La inseguridad y persecución política a opositores nicaragüenses se ha agravado en Costa Rica. La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) ha indicado que los estados centroamericanos deberían de incluir en sus agendas de trabajo la seguridad de los exiliados nicaragüenses.
“Es claro que la dictadura está utilizando su aparato de inteligencia y espionaje, conecta con la reciente instauración del Ministerio del Interior para buscar cómo apaciguar las voces críticas al régimen”, indicó Enrique Martínez, integrante de PUDE.
En los últimos meses varios opositores nicaragüenses han sido amenazados de muerte o intimidados por personas desconocidas, afirmó PUDE. “Existe documentación que sustenta dicha aseveración. Es claro que el régimen Ortega-Murillo está utilizando su aparato de inteligencia y espionaje para desarticular voces críticas y generar miedo e incertidumbre tanto en Costa Rica como en otros países de la región”.
Costa Rica, históricamente ha brindado protección a los derechos humanos de los refugiados. Debido la estrecha historia de Nicaragua y nuestro país vecino, los opositores en Costa Rica solicitan que se tome nota de su preocupación y se tomen medidas que garanticen la seguridad de los nicaragüenses.
Las organizaciones firmantes de este comunicado son: Asociación Médica del Exilio de Nicaragua (AMEN), Unión Nicaragüense Autoconvocada (UNA), Nicaragua Freedom Coalition, Avanza, Conigua, Fundación Nicaragüense Americana y Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex).
Atentado contra opositor
El opositor Joao Maldonado, quien ya había sido objeto de un ataque a tiros en 2021, sufrió 7 heridas de bala la semana pasada. En este incidente, Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, de 37 años y también nicaragüense, fueron atacados por sicarios que se desplazaban en una motocicleta.
“El caso de Joao Maldonado, el cual ha consternado a refugiados y solicitantes de refugio en el país, no es un hecho aislado, tomando en cuenta que él mismo ha sufrido dos atentados contra su vida. En este sentido, es importante que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigue de forma exhaustiva este y otros casos y, pueda impulsar acciones para proteger a las personas que están siendo amenazadas”, indicó PUDE.
En respuesta a las declaraciones del opositor nicaragüense realizadas cuatro meses antes de ser atacado a tiros, el Gobierno de Costa Rica desmintió el jueves 11 de enero la existencia de “una célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense” en el país, según afirmaciones de Maldonado. La administración de Rodrigo Chaves Robles emitió un comunicado negando cualquier indicio de tal actividad en Costa Rica.
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“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados (Acnur) solicitamos apoyo para documentar estos gravísimos casos en horas de salvaguardar la vida de los solicitantes de refugio y refugiados, tanto en Costa Rica como en Centroamérica u otros países que estén en riesgo de seguridad, esto es importante la visión de derechos humanos y hermandad”, finalizó.
