Un grupo de más 100 personas opositoras de diferentes partes del país se mantienen en una condición de arresto domiciliario, obligadas a firmar todos los días ante las delegaciones policiales de sus localidades, lo que para las organizaciones de defensa de derechos humanos también los convierte en presos políticos.
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Este jueves 5 de septiembre que fueron excarcelados y desterrados 135 presos políticos que estaban en diferentes cárceles de Nicaragua, algunos de estos nicaragüenses retenidos en sus domicilios manifestaron mayor incertidumbre por su situación, por ser menos visibles porque no están en la cárcel.
Por ello no se puede decir que en Nicaragua ya no existen presos políticos.
«¿Seguimos en el limbo?»
«¿Y los que firmamos diario? ¿Seguimos en el limbo? No nos han dicho nada», fueron algunas de las expresiones de estos opositores en grupos clandestinos, que no pueden ser identificados por motivos de seguridad.
La mayoría no pueden trabajar, porque la Policía les impide salir de sus casas, donde son constantemente vigilados por los sandinistas de sus barrios o comunidades. Algunos de ellos consideran que tienen ciudad por cárcel, porque solo pueden movilizarse dentro de su municipio.
Si intentan ir más allá del límite, son detenidos por la Policía. Muchos de estos opositores viven aislados en sus localidades, porque sus vecinos deciden no hablarles, para que no los relacionen con ellos y así evitar represalias de los sandinistas.
La opositora nicaragüense en el exilio y defensora de derechos humanos, Ivania Álvarez, manifestó que la condición de estos opositores no significa que tengan una libertad a medias, porque «no hay cárcel buena ni mala, todas son crueles y despiadadas».
«Los opositores en Nicaragua tienen dos opciones: vivir bajo amenazas o sufrir en el exilio. Cualquier elección es sufrimiento», dijo Álvarez.
Desde mayo de 2023
El régimen de Daniel Ortega implementó el seguimiento a opositores por medio de las firmas obligatorias a partir de mayo de 2023, cuando la Policía orteguista ejecutó una redada en diferentes departamentos del país y los trasladó a Managua, donde los enlistaron, les tomaron fotos y los amenazaron. Luego los devolvieron a sus municipios con la orden de firmar periódicamente. Originalmente tenían que firmar semanal o quincenalmente, pero con el tiempo han sido obligados a firmar diariamente.
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La investigadora y directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, manifestó que la cifra de opositores obligados a firmar es mucho mayor a 100 actualmente, porque tienen conocimiento de que algunos no denuncian su situación por miedo.
«En un primer momento dijimos que eran aproximadamente 70, pero eso ha incrementado. En más de 100 fijamos el dato aproximado», dijo Valle.
Policía los llama «objetivo blanco»
La Policía orteguista identifica a estos nicaragüenses como «objetivo blanco», según los arriesgados testimonios de algunos de estos opositores.
Según narran, cada vez que llegan a la delegación policial les hacen firmar un «libro» o un «cuaderno», que tiene como encabezado «objetivo blanco». Los policías que los reciben no dan explicación ni el motivo de por qué deben firmar. Toman fotos cuando están firmando, y también piden y registran la cédula de identidad de los firmantes.
Estos opositores obligados a firmar son ciudadanos que destacaron en las protestas de 2018 o fueron miembros de organizaciones opositoras, también son familiares de presos políticos o de excarcelados y algunos periodistas.
En Nicaragua, las personas que se expresan públicamente contra el régimen orteguista son perseguidas, hostigadas, encarceladas y confiscados sus bienes. La mayoría de los presos políticos han sido desnacionalizados y desterrados, sin embargo, todavía queda un grupo en prisión.
