El dictador Daniel Ortega envió este miércoles 4 de septiembre a la Asamblea Nacional una reforma al Código Procesal Penal (CPP), que incorpora los cambios que recién se hicieron a otras leyes relacionadas, en busca de legalizar las confiscaciones, robo de propiedades y darle a la Policía mayores facultades de vigilancia informática.
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Particularmente el artículo 211 del CPP, sobre «Información Financiera» se modifica para agregar que «en casos de urgencias, el o la Fiscal General de la República o el o la Directora General de la Policía Nacional podrán incautar, ocupar o inmovilizar activos, títulos valores o instrumentos negociables al portador, certificados de depósitos, documentos y cuentas bancarias; asimismo, podrán suspender cualquier operación o transacción financiera».
Es decir que el régimen está legalizando las arbitrariedades que ha venido cometiendo desde que inició su brutal persecución contra opositores, periodistas, miembros de la Iglesia católica y organismos no gubernamentales (ONG).
Más atribuciones a la Policía
Al artículo 230, sobre las «Atribuciones de la Policía Nacional», se agregan detalladamente las nuevas facultades que la dictadura le otorga a la entidad represora, sobre todo en materia de vigilancia digital.
La Policía, según la reforma, podrá requerir información a proveedores de servicios informáticos. También podrá solicitar a las empresas de telefonía «información de los titulares de líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, la ubicación de antenas emisoras y receptoras, número de módulo de identidad del suscriptor, de las direcciones de protocolo de internet, la identidad internacional de un equipo móvil y usuarios vinculados a los equipos de las empresas de telefonía».
Vigilancia informática
Asimismo, la Policía estará en facultad de «acceder y extraer información en sistemas electrónicos e informáticos». Y de «llevar a cabo la identificación, búsqueda o rastreo y valuación de bienes delictivos y de valor equivalente sujetos a decomiso; a efectos de la valuación, podrá solicitar la colaboración de uno o más técnicos, especialistas o expertos valuadores ajenos a la Institución, según el bien de que trate».
También se oficializan las prácticas de «estudios o análisis técnico de toda naturaleza, para lo cual (la Policía) podrá solicitar la colaboración de técnicos ajenos a la institución, nacionales o extranjeros, cuando se requieran conocimientos científicos especiales. Asimismo, podrá solicitar la asistencia de intérpretes, cuando sea necesario».
En otro acápite, se detalla que pueden «llevar a cabo la identificación, búsqueda o rastreo y valuación de bienes delictivos y de valor equivalente sujetos a decomiso; a efectos de la valuación, podrá solicitar la colaboración de uno o más técnicos, especialistas o expertos valuadores ajenos a la institución».
Realizar los registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean necesarios para la buena marcha de la investigación, entre otras disposiciones.
Reforma a CPP será dictaminada para su posterior aprobación
La directiva de la Asamblea Nacional presentó la iniciativa de reforma al CPP ante el plenario y la envió a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su dictamen y próxima aprobación en los siguientes días. El parlamento nicaragüense, con mayoría oficialista, aprueba sin oposición ni cuestionamientos todas las leyes, decretos y declaraciones que envía el dictador Ortega.
Este miércoles, los diputados terminaron de aprobar la reforma al Código Penal y a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, que complementan el paquete de reformas al Sistema Penal y al Sistema Financiero, imponiendo más controles y criminalización al derecho de libre asociación.
Con la reforma al Código Penal, se agregan ocho delitos al «principio de universalidad», establecido en el artículo 16, entre estos: financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, crimen organizado, delitos contra la administración pública, delito contra el Estado o sus instituciones, ciberdelitos, tráfico de armas y municiones. Los opositores han estado siendo acusados y judicializados por esos delitos desde 2018, cuando se dio un levantamiento civil en demanda de la salida de Ortega del poder.
