Como todos sabemos, Nicaragua está abrumada por violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias peligrosas y ausencia de garantías judiciales. Próximamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso que, aunque data del 2010, está directamente relacionado con la crisis actual de la sociedad nicaragüense.
Hace unos meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Nicaragua responsable por la detención y condena injusta del señor Jason Puracal, su privación de libertad en condiciones carcelarias que constituyeron tratos inhumanos y su sometimiento a un proceso penal violatorio del debido proceso, como consecuencia del cual fue deportado de Nicaragua.
El señor Puracal, ciudadano de los Estados Unidos, llegó por primera vez a Nicaragua como miembro del Cuerpo de Paz en el 2002. Enamorado del país, decidió quedarse, formar una familia y establecer una compañía de bienes raíces en San Juan del Sur. Sin embargo, fue detenido ilegalmente en noviembre de 2010, y vivió en condiciones inhumanas hasta su puesta en libertad el 14 de septiembre de 2012.
Esta fue la primera vez que se obtuvo una decisión imparcial que reconoce todas las injusticias que sufrió el señor Puracal y su familia por parte del Gobierno de Nicaragua. La Comisión Interamericana, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), consiste en siete expertos independientes de los países del continente.
Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido con las reparaciones solicitadas por la Comisión Interamericana, por lo cual tendrá que rendir cuentas en el 2025 ante la Corte Interamericana. (Si bien Ortega denunció la Carta de la OEA en el 2021, la Corte tiene competencia plena para conocer del caso.) En efecto, la Comisión solicitó varias reparaciones, desde una investigación para esclarecer los hechos de tratos inhumanos, hasta reformas a la legislación respecto de la prisión preventiva en Nicaragua. También la Comisión instó a adoptar medidas de prevención de actos de tortura por cuerpos de seguridad y agentes de los centros penitenciarios en el país.
De esta manera, el caso comparte características importantes con la actual crisis de derechos humanos en Nicaragua. Aunque el señor Puracal fue detenido hace 14 años, Ortega ya estaba en su segundo mandato como presidente, y las Naciones Unidas ya habían criticado a su gobierno por la utilización de la detención arbitraria, el abuso de la prisión preventiva, las condiciones inhumanas de detención, y las violaciones al debido proceso legal. El señor Puracal también fue expulsado injustamente de Nicaragua, una experiencia vivida por muchos en los últimos años.
Es decir, de varias formas, el caso refleja la realidad de hoy en Nicaragua. Además, buscamos reformas estructurales para prevenir las detenciones arbitrarias, las prisiones inhumanas y la disolución del Estado de derecho. Por lo tanto, tenemos la esperanza de que una decisión vinculante de la Corte Interamericana, que ojalá ratifique y extienda las amplias reparaciones de la Comisión Interamericana, sirva como una herramienta importante para la sociedad nicaragüense. Esperamos que la intervención judicial no sólo traiga justicia al señor Puracal y su familia, sino que sirva como catalizador para reformas más amplias.
Por un lado, la sentencia vinculante podría servir como un recurso valioso para la sociedad civil y defensores de derechos humanos, pero también debe exigir la atención de la comunidad internacional: incluidos los Estados poderosos y las organizaciones intergubernamentales —la OEA, la ONU, la Unión Europea y el Consejo de Europa— así como instituciones financieras globales. El juicio imparcial de una corte internacional, como la Corte Interamericana, tiene un gran potencial. Examinará rigurosamente montañas de evidencia y podría condenar explícitamente a un régimen que ha perseguido a tantas personas, y exigir reformas orientadas a detener la tragedia en curso. Esperamos con interés la sentencia y la pondremos de inmediato en manos de la sociedad civil nicaragüense y de la comunidad internacional, y ofreceremos nuestra solidaridad siempre.
El autor es profesor de Derecho y director de la Clínica de Derechos Humanos, Seattle University, EE. UU.