El mismo día que recibí la orden de expulsión de Nicaragua, hace ya más de dos años, había dedicado media mañana a negociar con cancillería sobre una readecuación de nuestra oficina regional de Managua.
Como pasa con cualquier organismo internacional, el paso del tiempo obliga a adaptar los medios, las funciones y la logística propias a los contextos de cada país, y después de más de un cuarto de siglo con una oficina regional en Nicaragua, llegaba la hora de proponer cambios para mejorar la eficacia de nuestro trabajo y continuar con más proyectos y acciones. Desde la cooperación eso solo puede hacerse con diálogo y consenso con el país que recibe la ayuda, pues a diferencia de un negocio lucrativo, aquí lo importante no es la ley del mercado ni la ganancia corporativa, sino el beneficio directo para la población receptora.
Escribo este preámbulo para denotar que por muy buenas que sean las intenciones, este gobierno decidió hace tiempo cortar toda posibilidad de negociación y pacto, y lo que en cualquier otro ámbito sería un diálogo fructífero para ambas partes, ellos lo consideran siempre un ultraje. Si no hay aceptación sumisa de las reglas y mansedumbre completa, la cacería inminente está garantizada. En la mañana puedes sentarte con la mismísima vicecanciller (hoy, por cierto, también purgando pena como tantos antiguos camaradas) y en la tarde vas de viaje.
Las decisiones, en todo caso, vienen de tan arriba que no hay modo de contradecirlas. Tus argumentos pueden estar basados en elementos racionales y sostenidos por una lógica aplastante: tanto da. Ya hace tiempo que la razón dejó de ser la vara de medir en Nicaragua y todo depende de la obediencia fiel, de la imposición vertical descabellada y de la alineación de Venus con Marte. Esto hace que no haya distinción entre los represaliados: cualquiera puede acabar en el saco, sea del bando que sea.
En este estado de cosas, la resistencia de los organismos y asociaciones era al principio un acto de coraje, entendido como una respuesta ante la demanda de la misma población: ¡No nos dejen solos! Después, permanecer en el país significaba amoldarse cada vez más a un mecanismo de presión en aumento, que incluía desde medidas fiscales abusivas hasta controles administrativos que no se veían desde el “vuelva usted mañana” de Mariano José de Larra en pleno siglo XIX español.
Para qué contar las inútiles filas en el Ministerio de Gobernación de varias horas: todo un hito de la productividad. Y al final, después de las últimas disposiciones de esta semana sobre las nuevas “alianzas de asociación”, ya sólo quedará la sospechosa percepción de que los pocos sobrevivientes habrán llegado al cabo de la calle, es decir, a la coyunda impropia entre el autoritarismo y la ingenua solidaridad.
Los organismos de cooperación internacional no pueden ser sólo instrumentos al servicio de imposiciones obtusas, que contradicen la propia dinámica de su razón de ser. Y una ONG no debe fundarse solo para acatar sistemas de trabajo que no pueden poner en duda las causas verdaderas de la pobreza y el subdesarrollo. El alineamiento con políticas de Estados autoritarios implica la actuación ciega bajo principios ilegítimos, que no son los que deben abanderar estas organizaciones bajo ningún pretexto.
No incluyo, evidentemente, los esfuerzos humanitarios que en situaciones de desastre mayor son necesarios en cualquier contexto, pues salvar vidas es un bien superior a todo impedimento que se nos ponga por delante. Pero es que hasta la Cruz Roja se ha convertido en Blanca en Nicaragua, lo que da fe del espíritu destructivo que prima en el país.
La cooperación al desarrollo, ya sea en educación, sanidad o infraestructuras, requiere no solo de buenas capacidades técnicas, sino de grandes objetivos sociales y políticos que sienten las bases de un cambio sostenible, vinculado siempre al respeto a los derechos humanos universales. Todo lo demás es limosna y dinero perdido. Los profesionales del ramo estamos hartos de ver edificios malogrados y equipamientos sin cuido: si no hay gestión local eficiente, y por ende planes públicos que garanticen el buen uso de los recursos, no habrá verdadero desarrollo. Y si no hay posibilidad de acordar con sensatez unas mínimas condiciones entre donante y receptor (y perdonen el uso del viejo vocabulario), cada uno deberá preguntarse seriamente qué hago yo aquí.
Cuando en la nueva reglamentación se dice que “los programas y proyectos a desarrollar con entidades del Estado deberán ejecutarse bajo el modelo de Alianza de Asociación”, hasta el más inocente leerá que toda propuesta deberá estar amarrada a unas reglas que no coincidirán necesariamente con los principios básicos de la cooperación, pues ya sabemos qué concepto tiene el Gobierno de sus propias asociaciones. Y para que quede más claro, al día siguiente de hacer público el nuevo esquema de trabajo se publica en La Gaceta la lista de 1,500 organizaciones nacionales que quedan automáticamente clausuradas, cuando ya llevábamos más de 3,000 en la agenda. A buen entendedor: eliminemos toda competencia para que los recursos solo los pueda gestionar el propio Estado.
Como todo en la vida tiene un límite, quizá ya va llegando el momento de tomar decisiones. Y no por motivos económicos, claro: quizá creen que la eliminación de las exenciones, incluida también en el reglamento, pueda hacer dudar a alguien de su permanencia en el país.
Tristemente, la razón última para bajar la persiana pasará por el ejercicio humilde de calibrar el nivel de independencia que todavía pueda subsistir en cada organización. Cuando el precio es el sometimiento a un sistema corrupto, despótico y arbitrario, hay que procurar salvar también la dignidad propia. Y es entonces cuando, muy a pesar nuestro, enfrentamos la terrible dicotomía de bajar la mirada y seguir avanzando a tientas (siempre con la espada de Damocles colgando encima de las cabezas) o ser consecuentes con la misión encomendada y renunciar al vasallaje estéril.
Es cuando toca decir no, o si quieren, de una manera más gremial: hasta aquí hemos llegado, colegas.
El autor es cooperante español en Centroamérica
