Las asociaciones de excombatientes históricos no quedaron a salvo del paquete de 1,500 personerías jurídicas que el Ministerio del Interior (Mint) canceló este 19 de agosto, la ronda de confiscaciones más amplia del régimen Ortega Murillo en un solo día desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018. Entre las organizaciones canceladas, 47 son de excombatientes, retirados del Ejército, la Policía, del Servicio Militar Patriótico y del extinto Ministerio de Gobernación.
A consideración de analistas y críticos consultados por LA PRENSA, la eliminación de asociaciones vinculadas con el sandinismo evidencia el interés del régimen Ortega Murillo de controlar cualquier tipo de espacio.
El Acuerdo Ministerial 38-2024-OSFL indica que los 1,500 organismos cancelados —en su mayoría organizaciones religiosas— incumplieron sus obligaciones, entre estas: no reportar por período entre uno hasta 35 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanzas de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas.
También supuestamente no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose a los directivos que los administraban y las ejecuciones de sus proyectos, si fue acorde a sus objetivos y fines.
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Según el opositor Héctor Mairena, estas acciones responden a la decisión de la dictadura de eliminar cualquier espacio o expresión que no esté bajo su control.
«Esto demuestra la voluntad del régimen de eliminar cualquier espacio independiente, de aniquilar cualquier espacio que no controle, incluyendo aquellos que han tenido identificación con el sandinismo», dijo Mairena.
El analista político Douglas Castro aseguró que el régimen Ortega Murillo no se conforma con el silencio de cualquier espacio, sino que apuesta por el control total.
«Lo que nos está diciendo es que no importa el silencio, sino que quieren tener el control total. Hace un tiempo se creía que esto era exagerado, pero ahora vemos que tienen intenciones totalitarias», manifestó Castro.
«Ni las organizaciones sandinistas históricas de personas afines al régimen se salvan. El mensaje es de disciplinamiento dentro y fuera de sus filas y eso va de la mano con el terror: le hacemos esto a nuestra misma gente», añadió.
27 asociaciones de excombatientes sandinistas
Entre las asociaciones canceladas de excombatientes están: Asociación de Excombatientes Nicaragüenses, Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos de Granada Carlos Fonseca Amador, Asociación de Cumplidores del Servicio Militar Patriótico del Departamento de León, Asociación de Madres de Héroes y Mártires de Estelí.
«Lo importante no es saber si estaban funcionando o no, o si hacían algo, sino que lo relevante es que la dictadura está violentando el derecho a la libre organización de los nicaragüenses», reiteró Mairena.
El Mint también canceló cuatro asociaciones de retirados del Servicio Militar.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cierre del espacio cívico en Nicaragua, publicado en septiembre de 2023, indica que entre el 18 de abril y el 31 de agosto de 2023 Nicaragua canceló la personería jurídica a 3,390 organizaciones, de un total de 7,227 registradas legalmente en el país en 2018.
Cancelan asociaciones de retirados de la Policía y del Ejército
El Mint también canceló 15 asociaciones vinculadas a retirados de la Policía y del Ejército. El sociólogo Oscar René Vargas considera que las cancelaciones de organismos podrían ser con el interés del régimen de que no exista ninguna organización que se salga del control de la dictadura, incluyendo retirados policiales y militares.
«Ellos creyeron que tenían a las organizaciones en sus manos a través de los sindicatos, pero estas ya perdieron su razón de ser porque no defienden a sus trabajadores. El régimen ve la posibilidad de que se establezca una nueva organización que no controlan», dijo Vargas.
Asociaciones de la contra y Yatama
Entre las asociaciones canceladas por el Mint este lunes se encuentran seis de excombatientes de la Resistencia, conocida como «contrarrevolución» de la década de 1980.
Las asociaciones canceladas son: Asociación de Hombres y Mujeres Combatientes de la Resistencia Nicaragüenses Insertados en la Sociedad, Asociación Patriótica Resistencia Nicaragüense, Asociación Nacional Enrique Bermúdez Varela Comandante 380, Fundación de Excombatientes de la Resistencia Nicaragüense, Asociación Civil de Discapacitados de la Resistencia Nicaragüense y la Asociación Víctimas y Lisiados de Guerra de la Resistencia Nicaragüense.
El Mint también canceló dos asociaciones de Yatama: Fundación de Excombatientes Indígenas Yatama (Iyap) o Insin Yatama Aiklaklabra Nanih Plamika y Asociación de Excombatientes de Yatama.
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«Estas asociaciones de la resistencia estaban al día y la cancelación puede ser por otras razones y no porque no cumplan con la ley. Hacían un esfuerzo por estar al día, así que esto es una decisión de la dictadura de cancelarlas», dijo el excombatiente de la Resistencia, Luis Fley a LA PRENSA.
Gran combo de cancelaciones y confiscaciones
El pasado 15 de agosto, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció que los organismos no gubernamentales tendrán una nueva forma de funcionamiento, como parte de la «reorganización» en el Estado que la misma dictadura anunció el pasado 2 de agosto.
“El Gobierno, las entidades del Estado, podrán o no aceptar las propuestas tal y como ahora también las ONG presentan y las entidades pueden decir que si le son útiles los programas propuestos”, dijo Murillo en su comunicación diaria por los medios oficiales.
El pasado viernes, la dictadura anunció a través de una nota de prensa que actualizarán el registro de los organismos ante el Mint y la cancillería. Además, que eliminarán las exoneraciones y beneficios fiscales y que se reformará la Ley General de Regulación y control de organismos sin fines de lucro, Ley 1115 para adicionar las «alianzas de asociación», en la que establecen que los organismos deberán realizar alianzas con las instituciones públicas.
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«Esta cancelación es parte del proceso que emprendieron hace seis años para destruir el más importante capital social construido por la sociedad nicaragüense. Ese desmantelamiento inició en 2018 con la anulación de las primeras organizaciones y en 2020 tuvo otro momento significativo con la aprobación de la Ley de agentes extranjeros que tiene como propósito controlar los fondos que reciben los organismos en Nicaragua», expresó la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
Como es costumbre, desde el inicio de las cancelaciones de ONG, las organizaciones afectadas de este lunes serán confiscadas y sus bienes pasarán a manos del Estado.
Ortega fortaleció recursos para oficina que cancela oenegés en 2024
Para 2024, el régimen nicaragüense asignó más recursos y pretende ampliar el número de trabajadores en la Oficina de Registro y Control de Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio del Interior (Mint), al servicio de la dictadura. Esta medida, a consideración de especialistas consultados, reafirma la voluntad de esta instancia de continuar cancelando y confiscando ONG.
Para 2024, el régimen destinó 13.78 millones de córdobas para esta oficina, 159 % más que los 5.32 millones que asignó en 2023, cuando estaba a cargo del extinto Ministerio de Gobernación, según el Presupuesto General de la República.
