Cuando pensábamos que tras el destierro en enero pasado de monseñor Álvarez a Roma, junto a 18 sacerdotes y religiosos en enero de este año a cambio del silencio de monseñor Báez y otros sacerdotes católicos, la persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua tendría un respiro, descubrimos casi a diario que la dictadura aún no está satisfecha en su afán represivo.
En esta semana han sido capturados nueve sacerdotes católicos, ocho de ellos de la Diócesis de Matagalpa donde monseñor Álvarez era el titular y ahora de los 70 sacerdotes que la conformaban, solo quedan 22 activos, según Martha Patricia Molina, autora de la investigación Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?, una laica que ha documentado la persecución a la Iglesia.
Con el arresto y traslado al “seminario por cárcel” de los últimos ocho sacerdotes arrestados, la Diócesis de Matagalpa se ha quedado sin el 68.7 por ciento de los sacerdotes que la conformaban, muchos de los cuales han sido expatriados, lo que constituye de acuerdo con la legislación internacional vigente, delitos de lesa humanidad. Según el Estatuto de Roma de 1998 se tipifican dos delitos: “Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional, entendiéndose que la deportación supone cruzar fronteras nacionales, mientras que el traslado forzoso ocurre dentro de ellas”. “Persecución a un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, étnicos, culturales, religiosos o de género”.
Este ensañamiento de la dictadura Ortega-Murillo en contra de la Iglesia católica de Nicaragua no tiene precedente en nuestra historia y como señala Humberto Belli, exministro de educación y un experto en temas religiosos, en una entrevista publicada el 4 de agosto en Esta Semana y Confidencial, “tiene como objetivo desarticular a la Iglesia católica e impedir la evangelización de Nicaragua como parte de una batalla más profunda por conquistar las mentes y los corazones de nicaragüenses, mientras callan tanto la Conferencia Episcopal, como el mismo Vaticano”.
No se trata pues de neutralizar las opiniones políticas de la Iglesia católica, que ya está silenciada, sino de impedir su labor evangelizadora, sostiene Belli y cita dos ejemplos contundentes que respaldan su tesis: el cierre de Radio María que era una emisora totalmente apolítica y la expulsión de las Hermanas de la Caridad que se dedicaban únicamente a paliar el sufrimiento de los pobres y jamás abrieron su boca para expresarse sobre cuestiones internas del país.
Desde la expatriación de los sacerdotes junto con monseñor Álvarez se evidencia que hubo un acuerdo entre el Vaticano y el gobierno para permitir su salida, a cambio del silencio de la Iglesia, hasta monseñor Silvio Báez con sus encendidas homilías en Miami, se calló; pero la dictadura no ha cumplido y ha continuado persiguiendo y expatriando sacerdotes. Los que aún quedan dentro de Nicaragua no pueden viajar fuera del país por temor a que no los dejen regresar, tal como en efecto ha ocurrido con algunos de ellos que han quedado expatriados.
El objetivo de la dictadura es lograr lo que ha ocurrido en muchos países comunistas, que es reducir a la Iglesia católica a un pequeño grupo de sacerdotes silenciados y complacientes con el régimen. La Iglesia, y en particular su santidad el papa Francisco, deben ser más beligerantes para evitar que esto ocurra. Lejos han quedado los tiempos en que la Iglesia católica de Nicaragua jugó un papel fundamental contra la dictadura somocista, los tiempos en que la revolución se aprovechó de la Iglesia para forjar la dictadura de los 80, los tiempos de la misa campesina y la Iglesia de la “liberación”. Ahora la dictadura paga con la persecución y el destierro.
Recientemente en su devenir totalitario, la dictadura se está ensañando contra la más mínima expresión de inconformidad dentro de sus propias filas, por lo que el régimen de terror ha rebasado de los opositores hacia la burocracia estatal y al mismo círculo de poder. Los cuatro casos más notables son: la destitución y arresto del comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, quien era el jefe de escolta presidencial de Ortega desde el 2007; el arresto domiciliario de Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador; la destitución de la vicecanciller Arlette Marenco y su esposo; y el arresto domiciliario del general en retiro Humberto Ortega Saavedra y su posterior reclusión y aislamiento total en un hospital. Todo esto, la persecución a la Iglesia y la represión a lo interno de sus propias filas están creando en Nicaragua una ola de descontento que un día tendrá sus consecuencias.
Las dictaduras pasan y a lo largo de sus más de dos mil años de historia, la Iglesia católica ha visto pasar muchas dictaduras bajo sus pies y esta no será la excepción.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político expatriado y autor del libro testimonial “Destinos Heredados”.