Tras haber pasado el control del Registro Público de la Propiedad a la Procuraduría General de la República la dictadura de Daniel Ortega emitió en mayo una nueva normativa administrativa interna, que autoriza borrar los antecedentes de propiedades privadas, lo que un experto calificó de “blanqueo registral inmobiliario”.
“Esto es un blanqueo registral inmobiliario, tanto para limpiar los antecedentes de la vieja piñata como de la nueva piñata”, afirmó el experto que pidió no ser identificado.
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La “piñata” es el término popular de las confiscaciones y robos de propiedades que realizó el primer régimen sandinista tras perder el poder en 1990. Igualmente, en este segundo mandato de los sandinistas, tras el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, también se han realizado numerosas confiscaciones de propiedades privadas a opositores, lo que los críticos llaman “la nueva piñata”.
Las nuevas disposiciones administrativas, denominadas “Criterio homologado de calificación registral”, fueron emitidas por el Sistema Nacional de Registro (Sinare) el pasado 7 de mayo de 2024, siete meses después de haberle quitado el control del Registro Público de la Propiedad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que originalmente lo tenía bajo control, y haberlo pasado a la Procuraduría General.
Nuevas disposiciones
Estas son las nuevas disposiciones, según documentos filtrados a LA PRENSA:
“Se cancelarán de oficio o a petición de parte las anotaciones preventivas ordenadas judicialmente que tengan más de 10 años de estar inscritas”.
“Se cancelarán de oficio o a petición de parte, los antecedentes registrales de las fincas inscritas por Títulos otorgados por el Estado, bajo el concepto de propiedad reformada evitando la doble inmatriculación, con el debido soporte de Catastro Físico”.
Se podrá cancelar el asiento de la promesa de venta a solicitud del interesado legítimo si se solicita a los dos años posteriores al vencimiento del plazo del contrato adjuntando constancia de Ordice/OAP que no hay causa abierta exigiendo el cumplimiento de la obligación.
Otra disposición establece que “se cancelarán de manera oficiosa los antecedentes registrales de las cuentas que fueron afectadas por el otorgamiento de títulos de Reforma Agraria con fecha anterior o posterior a la entrada en vigencia a la Ley 88 de Protección a la propiedad agraria artículo 3 que causan doble inmatriculación conforme informe técnico interinstitucional (Catastro-Registro) trabajados en la Comisión interinstitucional”.
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El experto explicó que la dictadura Ortega Murillo está haciendo esto para que nadie pueda tener evidencia del origen de esta propiedad. “Para desaparecer referencias a posibles conflictos de propiedad, para desaparecer referencia a que existen otros titulares con derecho sobre esa propiedad”, dijo la fuente.
“Cuando opere la figura de la confusión entre el deudor y el acreedor, se deben cancelar oficiosamente los asientos de hipotecas existentes”, aclara.
Con estos cambios, las propiedades aparecerán con el título de la reforma agraria, es decir, como que es su primera inscripción, según la fuente.
El experto explicó que la reforma agraria está sentada sobre propiedades que tuvieron dueños con derechos inscritos en el Registro, pero con estos cambios de oficio, van a borrar todos los antecedentes.
“Esta política de blanqueo incrementa la inseguridad jurídica por la falta de transparencia, así como las debilidades del derecho de propiedad que lo vuelven inseguro y una inversión riesgosa, en un ambiente poco propicio para la inversión”, dijo la fuente.
También apuntó que estas disposiciones administrativas pasan por encima de la Constitución Política, que establece claramente el derecho a respeto de la propiedad privada.
“Ellos interpretan la Ley, interpretan el reglamento del Registro Público y lo adecuan a sus intereses, a sus objetivos políticos”, agregó la fuente.