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CONTENIDO EXCLUSIVO.Una vez que Anastasio Somoza Debayle huyó de Nicaragua, los sandinistas tomaron el poder e instalaron la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional integrada por Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Moisés Hassán, Alfonso Robelo y Violeta Barrios de Chamorro.Muy pronto, los tres últimos se retirarían desencantados con lo que la Revolución se estaba convirtiendo.
Esta Junta aprobaría decretos y posteriormente llegarían unas leyes que terminaron por configurar lo que hoy conocemos como “La Piñata”, que fue la confiscación de propiedades privadas que luego serían traspasadas a miembros del Frente Sandinista.
En su libro, Sueño del Corazón, Violeta Barrios de Chamorro cuenta que fue LA PRENSA la que le dio el nombre a este hecho sin precedentes en la historia del país. “La repartición de bienes entre sandinistas nos recordaba a todos las fiestas en las que los niños se turnan para golpear la piñata con un palo hasta que se rompe y se lanzan a todos sobre el suelo para recoger los confites que lleva por dentro”, escribió Barrios.
Uno de los beneficiados con aquella piñata fue el actual dictador Daniel Ortega, quien está siguiendo las huellas para dar los mismos pasos que dieron los sandinistas en los ochenta con la confiscación de propiedades.
A partir de 2018, Ortega ha ilegalizado a más de 3,000 organizaciones no gubernamentales y a muchas de ellas las ha despojado de sus bienes y las ha traspasado a instituciones del Estado. Lo mismo ha hecho con medios de comunicación. Los edificios del canal 100% Noticias y Confidencial fueron confiscados ese año y entregados al Ministerio de Salud en 2021.
Igual sucedió con las instalaciones de LA PRENSA, las cuales fueron tomadas por la Policía en agosto de 2021 y posteriormente entregadas al Instituto Tecnológico Nacional (INATEC).
Recientemente, la dictadura aprobó una reforma al artículo 20 de la Constitución en donde establece que todo nicaragüense declarado como “traidor a la patria”, se le despojará de su nacionalidad. Esta reforma ha sido criticada por expertos debido a que la Constitución solamente puede ser reformada en dos legislaturas, y en esta ocasión fue hecha de manera exprés en una sesión.
Ortega ya ha declarado como “traidores a la patria” a 94 nicaragüenses, cuyos bienes pasarán a nombre del Estado. “Con esto que hace Ortega, está preparando una segunda piñata”, señala un analista político que prefiere mantener el anonimato. “Si no, me quitan la nacionalidad a mí también”, argumenta.
La fórmula de la piñata
En los ochenta, la fórmula que siguieron los sandinistas para la piñata fue declarar como somocistas a sus detractores, confiscar sus propiedades, pasarlas a nombre del Estado y posteriormente a nombre de un tercero. En la actualidad, Ortega se encuentra en la fase de confiscación.
Cuando los sandinistas llegaron al poder en 1979, la Junta de Gobierno empezó la confiscación de propiedades con el decreto número 3, el cual fue aprobado el 20 de julio de ese año, un día después de asumir el poder.
Ese decreto facultaba al Procurador General de Justicia para que “de inmediato proceda a la intervención, requisación y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1977”.
El 8 de agosto de ese mismo año, la Junta de Gobierno aprobaría el decreto número 38 el cual facultaba al Procurador General de Justicia para “congelar o intervenir preventivamente cualquier transacción, bien o empresa, de personas allegadas al somocismo, de quienes se haya recibido denuncia”.
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Un tercer decreto llegaría el 19 de julio de 1981. Era el número 760 y que popularmente fue conocido como “ley de los ausentes” y el cual establecía que los“bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones, de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses, que se hayan ausentado o se ausenten del país y no hayan regresado después de seis meses”, serían considerados como abandonados “y pasarán a propiedad del Estado”.
El 21 de agosto de ese mismo año se publicaría en La Gaceta el decreto 782, Ley de Reforma Agraria, con la cual le dieron tierra también a campesinos, alegando que se trataba de justicia, de debida repartición de la riqueza en el país, ya que habían encontrado que el somocismo se había apropiado injustamente de tierras y viviendas. Algunas empresas y fábricas se las habían asignado a los trabajadores.
Bajo estos decretos varias propiedades fueron “asignadas” entre los nueve comandantes sandinistas y varios funcionarios de gobierno, pero solamente las pasaron a su nombre cuando perdieron el poder en 1990.
La Asamblea Nacional, entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 1990, cuando los sandinistas estaban cerca de entregar el poder, aprobó las leyes 85, 86 y 88, para traspasar las propiedades confiscadas.
La 85, Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y Otros Inmuebles Pertenecientes al Estado y sus instituciones, garantizó el derecho a la vivienda a toda persona que, hasta el 25 de febrero de 1990, tuviera asignada una propiedad por el Estado y también otorgaba una indemnización para la persona que hubiese sido expropiada.
Si la propiedad tenía una extensión menor a los 100 metros cuadrados de construcción, el beneficiado la recibía gratuita. Si estaba entre los 100 y los 200 metros cuadrados de construcción, el beneficiado debía pagar 500,000 córdobas por metro cuadrado de construcción. Si era mayor de 200 metros cuadrados, debía pagar un millón de córdobas por metro cuadrado de construcción. El plazo a pagar sería de 20 años.
La 86, llamada Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos, protegía a las personas que estaban en posesión, asignados por el Estado, de terrenos o viviendas en barrios, urbanizaciones y repartos, pero que no estaban legalizados. El beneficiado recibía la propiedad gratuitamente.
Y la 88, llamada Ley de Protección a la Propiedad Agraria, la cual garantizaba los derechos adquiridos sobre la propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, cooperativas, comunidades indígenas y de la Costa Atlántica.
Todas estas leyes fueron hechas al margen de los acuerdos de transición con el nuevo gobierno, explicaría después el exministro de la Presidencia en tiempos de doña Violeta Barrios de Chamorro, Antonio Lacayo.
Los beneficiados
De acuerdo a un reportaje escrito por la revista Magazine en 2021, los que más se beneficiaron de la Piñata fueron Daniel Ortega, su hermano Humberto, Tomás Borge, Bayardo Arce y Jaime Wheelock.
Daniel Ortega compró a precios irrisorios su casa en el reparto El Carmen, la cual pertenecía a Jaime Morales Carazo, quien durante 26 años reclamó su propiedad sin éxito. Sin embargo, Morales Carazo se convirtió en el vicepresidente de Ortega en 2007, y entonces dijo que habían llegado“a un acuerdo muy satisfactorio, muy caballeroso, y todo finiquitado”.
En 2017, en una reunión con la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y el Caribe (Aaccla, por sus siglas en inglés), Daniel Ortega bromeó entre aplausos y risas. “Aquí está Jaime Morales Carazo, un banquero. Su casa es mi casa”, mencionó.
Bayardo Arce es propietario de una mansión que tendría un valor superior al medio millón de dólares. Arce también tiene, producto de la Piñata, una casa que ocupa como oficina en reparto El Carmen, y otra propiedad en Los Robles.
Humberto Ortega es ahora un empresario que tiene acciones en diferentes empresas. Su vida empresarial se divide entre Costa Rica y Nicaragua. Moisés Hassan dijo a la revista Magazine en 2021 que Humberto Ortega es el más rico de todos.
El ya fallecido expresidente Virgilio Godoy, según el diario El País de España, afirmaba que Jaime Wheelock, exministro de Agricultura con los sandinistas, se apoderó de la hacienda San Martín, antes propiedad del somocista Cornelio Hüeck. Wheelock se quedó con una mansión confiscada al exmagnate de la minería Donald Spencer, señaló Magazine.
Investigaciones periodísticas revelaron tiempo después que, con las leyes aprobadas en 1990, se legalizaron unas 20,000 viviendas que fueron entregadas por los sandinistas a igual número de familias queapoyaron al régimen.
Otros 125,000 lotes de tierras fueron entregados apersonas que durante los años ochenta y en los últimos días de la revolución se tomaron decenas de predios baldíos en la capital y en otros departamentos.Con la Ley 88, se emitieron 10,200 títulos de Reforma Agraria para cooperativas sandinistas y otros 16,000 títulos para personas particulares.
Entre estas propiedades se encuentran casas en lugares exclusivos de Managua, como Los Robles o Las Colinas, además de empresas comerciales, restaurantes, haciendas ganaderas y cafetaleras, ingenios de azúcar, fincas bananeras, empresas radiales, comercializadoras de carne y de banano y empresas financieras.
En casi todos los casos se usaron testaferros. Uno de los más conocidos es el de Tomás Borge, quien ocupó el nombre de Luz Danelia Talavera Valenzuela para comprar varios terrenos que luego fueron vendidos en casi 700,000 dólares y en donde hoy funciona un conocido centro comercial, según investigaciones reveladas por LA PRENSA.
El exvicepresidente Sergio Ramírez, cuenta en su libro Adiós Muchachos que, tras perder el poder, “se dio una transferencia apresurada y caótica de edificios, empresas, haciendas, participación de acciones, a manos de terceros que quedaban en custodia de esos bienes para pasarlos luego al FSLN, que terminó recibiendo casi nada”.
Un hecho importante es que los comandantes sandinistas habían explicado que el partido también necesitaba recursos para seguir funcionando tras la derrota electoral, y algunas propiedades fueron puestas a nombre de testaferros, pero en realidad eran del partido. El problema fue que dichas propiedades después pasaron a nombres de personas particulares que se quedaron con ellas.
La deuda
Cuando doña Violeta Barrios de Chamorro asumió la presidencia, se encontró con un mar de personas que demandaban la devolución de sus propiedades o una indemnización al Estado por la confiscación de sus bienes “piñateados”.
Como el gobierno no tenía dinero suficiente para pagarle a todos los afectados, en 1993 se emitieron Bonos por Indemnización (BPI), que eran un título valor, una obligación de pago y un reconocimiento de deuda contraída por el Estado. El plazo para pagarlos era de 15 años.
Con el paso del tiempo, el pago de estos bonos se convirtió en una carga fiscal para el país, y según una investigación hecha por LA PRENSA en 2005, entre 1993 y 2004 se habían pagado 1,104 millones de dólares a los indemnizados.
El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, dijo a Magazine en 2021 que originalmente la deuda rondaba los 1,500 millones de dólares en total, pero, con el paso del tiempo, más la depreciación del dólar, el costo total de la Piñata le estaría costando a los nicaragüenses unos 2,200 millones de dólares.
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Según archivos de LA PRENSA, el gerente general del Puesto de Bolsa Invercasa, Emiliano Maranhão, estimó que esta deuda se terminaría de pagar este 2023, pero a falta de información pública, es difícil saber a ciencia cierta cuánto hace falta por pagar.
El analista político que nos pide anonimato considera que la Piñata todavía se sigue pagando porque se trata de “un robo casi incalculable y que con el paso de los años se hace todavía más grande por los intereses y esas cosas”.
A criterio del analista, Daniel Ortega podría estar preparando una nueva Piñata, previendo la caída de su dictadura, pero también para asegurar lealtades de muchos de sus funcionarios a quienes les ha otorgado propiedades y les ha dejado hacer negocios al margen de la ley. “Esta nueva Piñata tal vez supere la primera y van a ser como unos 50 años más de deuda”, advierte.
