El Estado de Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una vez más figuró como ausente en la audiencia «Nicaragua: Pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte y violaciones al derecho a la libertad religiosa», que celebró este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 190 período de sesiones.
«Lamento decir como que en todas las ocasiones en las que recientemente el Estado de Nicaragua se ha visto implicado en violaciones de derechos humanos, no está presente en esta audiencia, yo quiero dejar constancia de esa falta de interés del Estado por los problemas de derechos humanos en su territorio, lamento que el Estado no esté dispuesto», expresó el comisionado Carlos Bernal.
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En esa misma línea, la CIDH en sus redes sociales recalcó que lamenta «la ausencia del Estado en la audiencia y la falta de interés por la situación de los derechos humanos en su territorio». Destacó la valentía y perseverancia de las organizaciones y garantizó que continuará documentando y visibilizando los abusos por parte del régimen.
Martha Patricia Molina, abogada y autora del Informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, una de las participantes como parte del Grupo Ecuménico, dijo en entrevista a LA PRENSA que «hemos podido exponer a los comisionados de la CIDH un panorama de la persecución religiosa realizada por la dictadura Ortega-Murillo».
En ese sentido, recalcó que «debemos de aprovechar todos los espacios que se nos brinden para denunciar que a pesar del silencio de la Iglesia la dictadura continúa cometiendo vulneraciones de derechos humanos».
Más de 600 casos de violencia en territorios indígenas
Asimismo participaron integrantes del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Fundación del Río, Grupo Ecuménico, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (OPIA) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Mientras que Tininiska Rivera, hija del diputado indígena Brooklyn Rivera, actual preso político, estuvo entre los integrantes de Cejil, y expuso que la violencia en los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte, especialmente los pueblos mayangnas y miskitos, «se ha agudizado después del 2018. Dicha situación ha generado particularmente el despojo de nuestros territorios como parte de un proceso de colonización que implica un etnocidio, donde colonos nos privan nuestros alimentos y explotan nuestros recursos naturales usando la violencia armada».
Lo anterior, denunció Rivera, ha implicado la «imposición de autoridades indígenas paralelas como estrategia gubernamental para controlar las comunidades indígenas y los recursos a través de la omisión de investigaciones y la falta de culpabilizar a los colonos, las autoridades estatales perpetúan la impunidad y complicidad del régimen autoritario».
A su vez, expuso que el régimen continúa sin cumplir con sus obligaciones de completar la última etapa de titulación de los territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y reprochó la presencia de minerías en la zona.
«En los primeros seis meses del 2024 organizaciones de derechos humanos indígenas registraron en más de 52 comunidades 643 casos de violencia a los derechos de los pueblos indígenas, con un total de 682 víctimas, siendo el 47 por ciento mujeres y 53 por ciento hombres, tales registros incluyen, quema de viviendas, amenazas, tortura y asesinatos», denunció Rivera.
«Régimen ha instrumentalizado símbolos religiosos»
Los integrantes del Grupo Ecuménico hicieron un recuento de cada una de las violaciones a la libertad religiosa, que abarca desde la persecución de la dictadura a obispos, sacerdotes, laicos y feligreses, el encarcelamiento de religiosos y destierro, la cancelación de personerías a organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, asfixia económica, confiscaciones, expulsión y prohibición de entrada al país de monjas y sacerdotes.
La investigadora Molina por su parte expuso que «han transcurrido 192 días desde que la dictadura secuestró al joven católico Carlos Bojorge, las autoridades recomiendan a sus familiares que lo busquen en la morgue».
Enseguida denunció que «el régimen ha instrumentalizado símbolos religiosos y manipulado a autoridades y rituales religiosos para su proyecto autocrático, la presencia de religiosos católicos en mitines políticos busca proyectar una falsa comunión con el liderazgo religioso creando una fachada de legalidad y legitimidad».
También mencionó la estigmatización a la libertad religiosa vertida por los discursos de odio que vienen del oficialismo.
