El 4 de febrero de 2020, los medios oficialistas mostraron la incineración de un cargamento de cocaína, que la Policía y el Ejército incautaron el 29 de enero de ese mismo año en la Barra de Cabo Gracias a Dios, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua.
Durante la quema de los 230 tacos de cocaína, el coronel Bayardo Nicolás Sánchez, jefe del destacamento militar norte destacó los esfuerzos que realiza la institución castrense como parte de la supuesta estrategia para convertir a Nicaragua en un “muro de contención” para el tráfico de drogas.
Sin embargo, en ese acto solo incineraron un cargamento específico, no el total de la droga decomisada por las fuerzas armadas nicaragüenses en operativos antinarcóticos anteriores a esa fecha.
La Ley 735, “Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado”, establece en el capítulo V que la droga debe ser destruida por la Policía Nacional bajo la orden de jueces, en un plazo de 24 horas, después de realizar la determinación definitiva del tipo de sustancia. Sin embargo, desde hace más de cuatro años, la institución del orden público no informa sobre la destrucción de estupefacientes.
Según los anuarios estadísticos de la Policía, desde febrero de 2020 cuando quemó ese cargamento de droga en la RACCN, ha incautado al menos 21,258 kilogramos de drogas. 11,298 kilogramos de cocaína y 9,960 kilogramos de marihuana, en distintos operativos. Estos se realizaron entre 2020 y 2021 y a partir de ese año se desconoce qué cantidad de droga han decomisado, ya que no volvieron a publicar sus anuarios.
Desde 2022 la Policía no ha publicado informes consolidados sobre las incautaciones que realiza. Pero un recuento realizado por LA PRENSA sobre las incautaciones y operativos más relevantes que la Policía divulgó en su revista Visión Policial, determinó que la institución decomisó al menos 6,261 kilogramos de drogas, distribuidos en: 4,404 kilogramos de marihuana y 1,856 de cocaína.
Aunque no es una cifra oficial, puesto que la Policía no ha actualizado sus anuarios estadísticos correspondientes a 2022 y 2023. Pero en su revista la institución ha reportado la incautación de al menos 27,519 kilogramos de drogas entre 2020 y 2023, y la pregunta que surge es: ¿Dónde está esa droga?
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Autoridades no implementan lo establecido en la ley
El capítulo V de la Ley735, “Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado”, establece que cuando la Policía incaute estupefaciente, realizará su identificación técnica de campo, precisará su cantidad, peso y datos personales de quienes están vinculados al hecho.
Posteriormente, enviará al Ministerio Público lo actuado para que determine la acción penal ante la autoridad competente. El artículo 30 señala que, una vez realizada la identificación definitiva, el juez, a solicitud del Ministerio Público, ordenará a la Policía que en un plazo de 24 horas destruya estas sustancias.
“Cuando se encuentra droga, los peritos aplican la prueba de Sal Azul Sólido B en el caso de la marihuana; y para cocaína se llama cromatografía de capa fina. Pero estas pruebas son presuntivas. Es decir que hay indicios de que sea marihuana o cocaína, pero luego tienen que tomar muestras y llevarlas al Instituto de Ciencias Forenses. Ahí lo hace un licenciado o ingeniero en química con un estudio diferente al que hizo el policía de inspecciones oculares”, dijo un abogado nicaragüense especializado en el tema que prefirió ser citado bajo anonimato por temor a represalias.
El abogado señaló que esa prueba definitiva puede tardar mucho tiempo, pero que la Fiscalía puede presentar la acusación sin que esté listo el resultado de la prueba. Sin embargo, destacó que una vez que esté la identificación definitiva, el juez debe ordenar que la droga se destruya en un plazo de 24 horas.
Por su parte, Ricardo Sosa, doctor especialista en criminalística, aseguró que no existe justificación para resguardar droga, si es el caso de que la Policía no la destruye a como establece la Ley 735.
“Me parece que no es una buena práctica de las autoridades responsables de la justicia y la seguridad de Nicaragua, debido a que no hay ninguna justificación para resguardar por más de cuatro años la droga incautada”, afirmó el doctor Sosa.
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En el artículo 32 la Ley 735 también establece que cuando el Ejército descubra o intercepte drogas, debe entregar a la Policía conforme acta, a las personas, los bienes, objetos, productos e instrumentos de prueba incautados.
A consideración de Sosa, si la Policía en realidad almacena la droga incautada desde hace más de cuatro años en un espacio con condiciones, esta podría estar intacta, por lo que podría regresar al mercado de Nicaragua, Centroamérica o Norteamérica.
“En cambio, si la droga está en lugar con humedad, filtración de agua y otros agentes, esa droga ya no tendría ningún tipo de valor en el mercado negro. Si la llegan a mover al mercado, sería doblemente una basura para la sociedad donde se distribuya. Me parece un alto riesgo mantener innecesariamente embodegada una droga que lo único que hace es matar a sociedades en nuestro continente”, puntualizó Sosa.
Un especialista en temas de criminalística que también fue consultado bajo anonimato, aseguró que es difícil precisar si la Policía destruye los psicotrópicos o qué finalidad les da, debido a la poca transparencia de la información.
“Esto por la política de ocultamiento y secretismo que maneja el régimen. Solamente divulgan el supuesto uso de los bienes confiscados a opositores, pero no lo que hacen con los cargamentos de droga y otros bienes incautados al crimen organizado”, refirió.
Policía disminuyó sus reportes de operativos antinarcóticos en 2023
Cabe destacar que según la revisión que realizó LA PRENSA a las ediciones de la revista de la Policía, la institución fue muy activa en registrar los casos de incautaciones en 2022, pero en 2023 disminuyó la cantidad de información sobre estos decomisos.
LA PRENSA constató que la disminución de los reportes de la Policía no estuvo asociado a una reducción en los operativos antinarcóticos. Ya que en la edición noviembre – diciembre 2023, la institución del orden público reportó la realización de 13,614 operativos y la captura de 7,876 personas. De estas, 86 por el supuesto delito de tráfico internacional.
Es decir que, según los datos oficiales de capturas durante el 2023 reportados por la última edición de ese año de la revista de la Policía, en ese período detuvo a 2,151 personas más con respecto a las 5,725 que aprehendió en 2021, según cifras oficiales. Esto representa un incremento significativo entre el volumen de droga incautado y el número de operativos.
«Eso se debe a que tanto la policía como el Poder Judicial están más preocupados por cumplir con las órdenes políticas que les bajan desde El Carmen, que sus responsabilidades sobre estos asuntos», puntualizó uno de los abogados consultados bajo condición de anonimato.
