El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el martes de esta semana un proyecto de resolución que será presentado en la Asamblea General que se reunirá en Paraguay del 26 al 28 de junio corriente.
La propuesta de resolución pide la libertad de todos los presos políticos, el cese de las violaciones a los derechos humanos y la persecución religiosa, y además propone un “diálogo constructivo” para lograr acuerdos que permitan recuperar las instituciones democráticas y el Estado de derecho, así como restablecer la rendición de cuentas por parte de las instituciones estatales.
En realidad, la propuesta es una reiteración de lo que este organismo regional de Estados ha venido proponiendo desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, para resolverla democráticamente. Propuestas que el régimen sandinista ha rechazado también de manera reiterada, al extremo de que sacó al país de la OEA después de que esta declaró ilegítima la reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021.
Es importante destacar que esta última resolución del Consejo General de la OEA sobre Nicaragua fue aprobada por unanimidad. Nadie se opuso, lo cual indica que ninguno de los gobiernos izquierdistas de la región quiso defender al régimen de Daniel Ortega.
La OEA insiste en demandar el restablecimiento de la libertad, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua, a pesar de que este país ya no pertenece formalmente a ese organismo intergubernamental. Por lo cual el régimen de Daniel Ortega alega que no tiene derecho de ocuparse de Nicaragua y menos de hacer propuestas sobre sus asuntos internos.
Pero la verdad es que la OEA sí continúa teniendo ese derecho, ante todo porque el Estado de Nicaragua sigue siendo parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea el Pacto de San José, que es un tratado de derecho internacional del cual la OEA es responsable de vigilar su respeto y cumplimiento.
Por otra parte, Nicaragua se fue de la OEA, pero no de las Américas, sigue siendo un Estado americano y esta es una situación que nadie puede cambiar. Y además, en términos de derecho internacional la OEA continúa teniendo competencia sobre Nicaragua por ser este país parte de las Naciones Unidas.
Ciertamente, la Carta de la OEA —que es un tratado internacional— establece taxativamente en su artículo primero que “dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional”. De manera que la OEA sigue siendo competente para preocuparse por la crisis sociopolítica de Nicaragua y proponer soluciones. Máxime que sus propuestas son ajustadas a las normas fundamentales del derecho internacional, regional y universal. Seguramente el régimen de Nicaragua volverá a rechazar estas propuestas de la OEA y a negarle capacidad legal para presentarlas. Pero eso no evitará que la comunidad democrática internacional, incluyendo a la OEA, siga manifestando su preocupación por la persistente falta de libertad, democracia, justicia y respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
