Con el aumento creciente de la fuerza política y la popularidad de la extrema derecha en la Europa democrática y en las Américas, se cuestionan algunos conceptos y principios de la democracia moderna como es, entre otros, la justicia social.
Se entiende básicamente por justicia social la organización de la sociedad “con arreglo a criterios equitativos en la distribución de los bienes y de lo que estos producen, de modo que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a ellos… Parte del principio de que los bienes y servicios se producen con el trabajo de todos y de que, por tanto, no deben ir a parar a las manos de unos pocos”.
Por supuesto que esto no tiene nada que ver con el socialismo marxista que propone socializar —más bien estatizar— los medios de producción, abolir la propiedad privada y la libertad de empresa e igualar a todos los miembros de la sociedad por medio de la fuerza coercitiva del Estado. Pero concediendo, por supuesto, toda clase de privilegios a una nueva clase dominante y aboliendo las libertades y los derechos no solo de los capitalistas sino también de los trabajadores y todas las demás personas.
Pero la extrema derecha entiende la justicia social como algo abominable que hay que rechazar y abolir donde quiera que se practique. Asegura que “la justicia social no es justicia ni es social”.
El presidente ultralibertario de Argentina, Javier Milei, dice que “la justicia social es violenta e injusta, es una aberración”. Así lo expresó en la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), de Estados Unidos (EE. UU.), en febrero pasado, en la que intervino junto con el expresidente estadounidense Donald Trump.
Curiosamente, esa descalificación radical de la justicia social desde la extrema derecha coincide con la del comunismo, que la denigra y rechaza porque la califica como una miserable generosidad burguesa para perpetuar la hegemonía capitalista.
Los ultraderechistas rechazan la justicia social porque según su criterio se funda en el robo que significa la carga impositiva que el Estado obliga a pagar a los capitalistas y a todos los que trabajan y producen. Con ese “robo”, dicen, el Estado abusivo financia los beneficios que prodiga a quienes no trabajan ni crean ninguna clase de riqueza, solo consumen la que producen los demás.
Pero el asunto no es así. El concepto y las propuestas de justicia social nacieron en Europa a mediados del siglo XIX, con la intención de mitigar la extrema pobreza que padecía la mayor parte de la población, incluyendo el proletariado que devengaba míseros salarios a cambio de largas y extenuantes jornadas de trabajo.
Los promotores originales de la justicia social no solo eran personas de buena voluntad sino también capitalistas que se preocupaban por el sufrimiento de la gente más pobre, pero que sobre todo cobraron conciencia de que la pobreza extrema era causa de protestas violentas, las revoluciones que sacudieron a muchos países europeos en aquella época.
La idea era hacer como política institucional lo que la Iglesia católica y otras entidades religiosas practicaban como caridad. Luego la idea de la justicia social se convirtió en programas de los partidos socialdemócratas que rompieron con el marxismo ortodoxo y sus adeptos, que se convirtieron en comunistas radicales, luego leninistas.
En aquellas circunstancias, en mayo de 1891 se alzó la voz de la Iglesia católica por medio del papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum. Sobre la situación de los obreros, en la que reconoció y proclamó los derechos de los trabajadores y apeló a los capitalistas para que los respetaran. Cuarenta años después, en mayo de 1931 el papa Pío XI publicó la encíclica Quadragesimo Anno en la que revitalizó los conceptos fundamentales de la Rerum Novarum y sustentó lo que desde entonces se llama Doctrina Social de la Iglesia.
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal escribió que “toda la vida moderna se orienta hacia la consecución de la Justicia Social”. Sostenía que “el socialismo en Nicaragua sería repartir miseria” y decía en contrario que “gradualmente se pueden hacer reformas profundas que lleven a un estado social más justo, sin miserables, con menos riqueza concentrada y con una base amplia de clase media acomodada”.
Sí, la justicia social no es “una aberración” como la califica la ultraderecha. Es una imperiosa necesidad de la vida moderna, como lo indicó Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Y es una tarea pendiente que deberá ser parte integral de la nueva democracia que tarde o temprano se construirá en Nicaragua.
