Bajo el régimen de los Ortega Murillo, los procesos judiciales contra ciudadanos opositores se han caracterizado por una completa violación al debido procedimiento. El hermetismo, el aislamiento, la ausencia de pruebas sólidas, las acusaciones absurdas, las condenas exprés y la negación del derecho a la defensa han sido constantes en todos los juicios políticos.
Sin embargo, por sus propias particularidades, estos casos ilustran la naturaleza paródica de la justicia orteguista.
Juicio a larga distancia
Al líder estudiantil Jasson Salazar no lo dejaron asistir a su propio juicio. Fue un espectador más desde el Centro Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, donde el 8 de agosto de 2023 lo sacaron de su celda para enlazarlo a través de una videollamada. Al otro lado de la pantalla estaba la jueza orteguista Ulisa Yahoska Tapia Silva, en los Juzgados Centrales de Managua.
El presidente del Movimiento Universitario 19 de Abril fue capturado por la dictadura el 4 de abril de 2023, en el contexto represivo de Semana Santa. Estuvo detenido arbitrariamente en la delegación policial del Distrito Tres de Managua y el 9 de junio lo trasladaron a Tipitapa. A la fecha continúa como preso político del régimen.
Durante el juicio por videoconferencia, en el que no contó con un abogado defensor, Salazar fue declarado culpable por delitos de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
El caso sentó un precedente y según Braulio Abarca, abogado defensor de derechos humanos, violentó todo el debido procedimiento.
Ese año el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas advirtió que se seguían registrando “audiencias judiciales realizadas mediante videollamadas desde los sistemas penitenciarios”, algo que imposibilitó “la participación efectiva de la persona detenida y, por ende, la garantía de una defensa justa”.
Colectividad
En febrero de 2022 la justicia de la dictadura Ortega Murillo realizó un juicio maratónico contra siete líderes de la oposición nicaragüense encarcelados arbitrariamente desde junio de 2021 y acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Entre los procesados hubo tres precandidatos presidenciales: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz. En el grupo también estaban Tamara Dávila y Violeta Granera, activistas de la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB); José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el analista político José Pallais.
Durante siete días, a partir del 15 de febrero, los sometieron a sendas audiencias en la cárcel conocida como el nuevo Chipote. Para Human Rights Watch, el juicio colectivo ilustró “la parodia de la justicia en Nicaragua”. Los siete fueron declarados culpables por pertenecer a un grupo de WhatsApp, entre otras “pruebas” presentadas por la Fiscalía: como fotografías con Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Este grupo formó parte de los 222 reos políticos excarcelados y despatriados por la dictadura el 9 de febrero de 2023.
Abogado desconocido
Entre muchas otras irregularidades, los reos políticos no han tenido acceso a una verdadera defensa. Un caso ilustrativo es el del líder opositor Félix Maradiaga, quien conoció a su abogado defensor el martes 15 de febrero de 2022. Es decir, el mismo día que inició el juicio en el que sería declarado culpable por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”.
Desde su detención, el 8 de junio de 2021, hasta el juicio, Maradiaga tuvo cuatro abogados. Dos de ellos se vieron obligados a exiliarse y otro se encontraba detenido. Al cuarto abogado ni siquiera le permitieron tener acceso a todo el expediente judicial, denunció Berta Valle, esposa de Maradiaga, a través de su cuenta de Twitter (hoy X).
El caso de Maradiaga es el más conocido, pero hubo muchos más. En marzo de 2022 varios abogados consultados por el diario español El País afirmaron que las causas contra los presos políticos ni siquiera aparecían en el sistema del poder judicial y que conocían los legajos acusatorios hasta que iniciaban las audiencias.
Dos por uno
Capturados en circunstancias y momentos distintos, los jóvenes Yader Parajón y Yaser Vado fueron juzgados en un mismo proceso, realizado en el Chipote. El 1 de febrero de 2022 los declararon culpables de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” luego de una sola audiencia que duró más de 10 horas en casi total hermetismo. A cargo estuvo la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, la misma a cargo de los juicios por videollamada.
El activista Yader Parajón exigía justicia para su hermano Jimmy Parajón, víctima fatal de la represión a las protestas de 2018. Fue detenido el 4 de septiembre de 2021 cuando intentaba salir del país. En el caso de Yaser Vado, miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), fue capturado el 6 de noviembre de 2021, en su casa de habitación.
La Fiscalía presentó como únicas pruebas los testimonios de siete agentes de la Estación Uno de la Policía, quienes estuvieron a cargo de las supuestas investigaciones. Tres de ellos brindaron versiones contradictorias y uno se mostró renuente a responder, informaron varios medios de comunicación.
Otra agente-testigo, a quien se le preguntó de qué manera eran perjudiciales las publicaciones realizadas por Vado (acusado también de “propagación de noticias falsas”), respondió que “afectaban a su partido”.
Ambos activistas fueron excarcelados y desterrados en febrero de 2023.
Presos por ser parientes
Como no pudo capturar al opositor Javier Álvarez Zamora, porque ya se encontraba en el exilio, la Policía de la dictadura se llevó a su esposa (entonces de 63 años), su hija y su yerno: Jeanine Horvilleur, Ana Carolina Álvarez Horvilleur y Félix Roiz, respectivamente. Las detenciones se dieron el 13 de septiembre de 2022.
El juicio político se realizó a puerta cerrada el 18 de enero de 2023, cuando los acusados ya llevaban más de cuatro meses encerrados en el Chipote. Los hallaron culpables de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
A ellas las sentenciaron a ocho años de prisión, mientras que a Roiz le dieron 10 años de cárcel. No obstante, semanas después fueron excarcelados y desterrados.
