La líder campesina, Francisca Ramírez, dirigente del Movimiento Campesino anticanal y exiliada en Costa Rica, aseguró que la derogación de la concesión al empresario chino Wang Jing para la construcción del Gran Canal Interoceánico, demuestra el fracaso del régimen en la obra.
El dictador Daniel Ortega mandó a reformar de urgencia a la Asamblea Nacional este miércoles 8 de mayo la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y derogó la Ley 840 para quitarle la concesión que tenía el supuesto multimillonario chino, Wang Jing, para la construcción de la megaobra.
«Eso (la concesión del Canal Interoceánico) era algo fallido. Estábamos muy claros de que eran otros intereses y que la lucha del Movimiento Campesino y organizaciones que siempre nos acompañaron estábamos en la razón. Realmente fue un fracaso para el régimen y ahora lo ven, pero esa resistencia lo veo como una celebración porque no dejamos que se tomaran nuestras tierras», dijo Ramírez a LA PRENSA.
La exposición de motivos de la reforma aprobada con 91 votos a favor, indica que la iniciativa de ley tiene el objetivo de “fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional, tomando en consideración el siempre cambiante entorno nacional como internacional”, por lo que argumenta que “se hace necesario adecuar algunas leyes para hacer frente a dichos cambios y mantener una gestión óptima dentro del Estado de Nicaragua”.
«Creo que el trabajo de los periodistas contribuyó a demostrar que Wang Jing es una persona estafadora. Ortega le está quitando la concesión al chino, pero nos genera incertidumbre porque puede hacer cualquier cosa», dijo Ramírez.
Este lunes, LA PRENSA publicó un artículo basado en investigaciones de medios de comunicación de China donde detallan las estafas realizadas por Wang Jing, entre ellas la promesa de la construcción del Canal en Nicaragua, obra para la cual no se construyó ni una zanja.
Incertidumbre por vigencia de Ley 800
No obstante, la Ley 800 continúa vigente. En una reforma al artículo 10 de esta ley establece que el Ministro de Transporte de Infraestructura –actualmente Oscar Mojica– será el Presidente de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. El vicepresidente será un delegado del Presidente para la Costa Caribe. Y el Secretario será el Asesor para las inversiones, comercio y cooperación internacional de la Secretaría de la Presidencia de Nicaragua, es decir Laureano Ortega Murillo.
Lea además: Ortega reforma la Ley del Canal Interoceánico y le quita la concesión a Wang Jing
«En el momento me dio mucha alegría porque pensé que era una derogación total, pero solo le quitó la concesión a Wang Jing pero queda abierto a que esto tenga más concentración de poder. Ortega quiere vender la idea de que todo ha cambiado pero no es así», dijo Ramírez.
Anteriormente, esta dirección estaba a cargo de seis miembros: un presidente con nombramiento de Ministro de Estado, el ministro del ambiente como vicepresidente, el ministro de Hacienda como secretario; y tres directores conformados por un delegado de la presidencia en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, el delegado presidencial para la promoción de inversiones y el Secretario para el Desarrollo de la Costa Atlántica.
«También nos genera incertidumbre porque no se sabe qué intereses vienen detrás de esto. Pasaron más de cien marchas que hicimos con autonomía, más de 70 presos en El Chipote desde 2014 y por eso vamos a seguir demandando para que tengamos reparación», añadió Ramírez.
Ortega cede pero proyecto sigue vigente
A consideración del ambientalista Amaru Ruiz, dirigente de Fundación del Río, aunque la derogación es «una victoria» para los campesinos de Nicaragua, se debe estar alerta puesto que la Ley 800 continúa vigente, por lo que se pueden generar nuevas concesiones.
«Al régimen Ortega Murillo no le tocó de otra que ceder a la derogación de la Ley 840 que entregaba una concesión onerosa, arbitraria y violando todos los mecanismos ambientales y constitucionales. Esto representa un logro y una victoria de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas y afrodescendientes y de las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que lucharon frente a este proyecto y que nos ha costado incluso estar en el exilio», dijo Amaru Ruiz a LA PRENSA.
Lea también: Ejército también perdió tras el rompimiento de Nicaragua con Taiwán
Por su parte, el opositor y desterrado político, Félix Maradiaga, aseguró que, a su consideración, la Ley 840 era «una cortina de humo» del régimen para apropiarse de propiedades privadas.
«Lo que siempre estuvo detrás de todo eso es el desmedido apetito de la dictadura por adueñarse de lo ajeno, particularmente de tierras de enorme valor económico. Ese desprecio por la propiedad privada y por el patrimonio ambiental de toda la nación nicaragüense, ha llevado a la dictadura a convertirse en la fuerza destructiva más depredadora para las áreas protegidas en la historia de Nicaragua», expresó Maradiaga.
Por otro lado, la abogada, politóloga y activista, Mónica López Baltodano, aseguró que el régimen debió cancelar la concesión por incumplimientos por parte de Wang Jing.
«Tenemos varios años insistiendo que la Cláusula 15.2 del Acuerdo Marco de Concesión ya establecía que el Gobierno estaba facultado para terminar la concesión, si en el plazo de 72 meses (equivalentes a seis años) el inversionista no lograba el “cierre financiero”, es decir, disponer los recursos para los sub proyectos. Desde 2019 podían haberlo derogado, pero jamás lo iban a hacer sabiendo que la población ya estaba masivamente en las calles exigiendo su renuncia», refirió.
