Organizaciones pro derechos humanos y parientes del exdiputado indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, de 71 años, se unieron para exigir una prueba de vida, a siete meses de su detención, ya que consideran que está en calidad de «desaparecido».
Rivera, un indígena miskito y líder de la organización política nicaragüense Yatama, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 por agentes de la Policía Nacional, que lo extrajeron de su vivienda en el Caribe del país.
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«La familia y amigos hemos buscado en todos los lugares posibles y lo único que la Policía nos ha dicho es que está a mano de la Presidencia y que ya no volviéramos a preguntar nada sobre él”, dijo su hija Tininiska Rivera a la Voz de América.
La detención de Rivera tuvo lugar seis meses después de que participó en el Foro Permanente sobre asuntos indígenas en Naciones Unidas, donde denunció el panorama de los indígenas bajo la administración del presidente Daniel Ortega.
El gobierno de Ortega no ha hecho declaraciones sobre el caso de Rivera y las autoridades judiciales tampoco han dado a conocer los cargos contra Rivera luego de su detención.
En el sistema judicial nicaragüense aparecen más de ocho recursos para que el líder indígena sea presentado sin respuesta alguna.
Diversos organismos de derechos humanos califican el caso como una “desaparición forzada”, pues consideran que lleva siete meses sin ser visto y sin que presenten cargos penales en su contra.
En febrero de 2021, diputados nicaragüenses aprobaron una reforma y adición a la Ley 406, del Código Procesal Penal, para ampliar de 48 horas y hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida, alegando que sería para hacer investigaciones «más profundas». Sin embargo el caso de Rivera ha excedido los 90 días.
Su hija indicó que no sabían la condición de salud de Rivera, ni en dónde lo tienen. “No sabemos su estado de salud, dónde se encuentra, o en qué prisión lo tienen, y no nos han dicho a la familia, sobre qué lo están acusando”, reiteró.
En febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua la liberación del diputado Brooklyn y de su diputada suplente Nancy Henríquez, quien está detenida en la cárcel de mujeres La Esperanza.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve otorgar medidas provisionales al señor Brooklyn Rivera Bryan y a la señora Nancy Elizabeth Henríquez, quienes se encuentran privados de libertad y requiere al Estado para que de forma inmediata proceda a su liberación”, refería la Corte.
Ambos diputados indígenas fueron detenidos previo a las elecciones regionales de noviembre de 2023, lo que impidió que su partido participara en los comicios.
