Ante los recientes ataques por parte de colonos a las comunidades mayangnas, el Gobierno Territorial Mayangna Sauni As, a través de un comunicado cuestionó la falta de beligerancia y voluntad de la dictadura de Daniel Ortega y sus instituciones por hacer cumplir las leyes. La reacción llega días después de que fue liberado Ariel Castro, señalado de dirigir un reciente ataque a la vivienda de Emelda Palacios, de 45 años, y su esposo David Dávila, en Amtrukna.
En el comunicado el Gobierno Territorial expresó su rechazo y condena la violencia en todas sus formas “sea en perjuicio de la vida, integridad física, la propiedad, la seguridad jurídica de la soberanía territorial y alimentaria del pueblo originario mayangna”.
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Los líderes territoriales mayangnas subrayan que en la actualidad hay nuevos retos de lucha para obtener un sistema moderno de propiedad que propicie la seguridad jurídica, puesto que “no basta tener el título cuando la cultura de otros miembros de la sociedad, sean autoridades y no autoridades, actúen fuera del margen de la costumbre y la norma”, manifestaron en alusión a los colonos que actúan a vista y paciencia de las autoridades locales.
“Falta de beligerancia y voluntad”
Asimismo dejaron claro que la “violencia no es costumbre del pueblo mayangna” sino que es una “cultura exógena importada por personas ajenas a las comunidades” que representan “un riesgo para la cultura del pueblo originario mayangna”.
El Gobierno Territorial apuntó que la conducta de los colonos, siempre, es conocida por las autoridades estatales en el ámbito municipal, departamental y regional por lo que “asumimos que los (hechos) que se han denunciado no prosperan por la falta de beligerancia o la mayoría de las veces por la falta de voluntad de quien tiene que hacer cumplir la ley”.
Por lo anterior, sumado a la omisión, afirman los líderes que “se agota para los pueblos originarios la confianza en la institucionalidad pública y en las autoridades políticas de toda la región en particular en los policías, fiscales, jueces en el ámbito municipal, departamental y regional, al persistir la situación de indefensión e impunidad”.
Demandan el respeto a las leyes
Por todo lo mencionado, el Gobierno Territorial Mayangna Sauni As afirmó que sin lugar a duda la situación en dicho territorio es “grave, injusta, insoportable e insostenible”.
Por ello, a las autoridades tanto políticas como legislativas, ejecutivas y judiciales les plantean al menos 12 solicitudes, entre las que destaca la urgencia al Estado que tome de inmediato medidas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los comunitarios; también piden la suspensión y desarme de toda organización delictiva que opere en el territorio, y exigen a las alcaldías de Bonanza, Rosita, Siuna, Waspam y Jinotega “abstenerse de autorizar la elaboración de fierros y el cobro de impuestos de la ganadería provenientes de terceros invasores ubicados en el territorio”.
Asimismo, al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) le exigen que “cese el enchapado de ganadería proveniente de los invasores ubicados ilegalmente dentro del territorio”.
Aquí las 12 demandas:
- Que se garantice la implementación de todos los instrumentos jurídicos, directrices, normativas y procedimientos institucionales existentes, para atender y resolver, conforme a los derechos indígenas, las denuncias, demandas, procesos judiciales y administrativos pendientes, así como la definición de mecanismos de monitoreo y control al más alto nivel político, que contribuyan a reducir radicalmente los tiempos de respuesta y incrementar el acceso a la justicia de la población originaria, así como a la información clara, completa y culturalmente pertinente de todos los asuntos de su interés.
- Que el Estado de Nicaragua cumpla con sus obligaciones y compromisos en el marco de numerosos tratados de derechos humanos ratificados, asegure la investigación con la debida diligencia, independiente, exhaustiva e imparcial del asesinato de comunitarios perpetrado en diferentes momentos y la pronta identificación, juzgamiento y sanción de todos los autores materiales e intelectuales del mismo.
- Urgimos al Estado que tome de inmediato las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos/as los comunitarios, autoridades comunales y autoridades territoriales quienes defienden con firmeza la propiedad comunal del territorio Mayangna, así como disponer una adecuada reparación a la familia por la pérdida de sus seres queridos.
- Alertamos sobre la urgencia de suspensión y desarme de toda organización delictiva que opera en el territorio que perjudica la propiedad comunal y la seguridad de los comunitarios.
- Rechazamos cualquier campaña de desprestigio, persecución, amenaza y criminalización de la lucha por la defensa de los territorios y sus recursos naturales.
- Reclamamos y exigimos a las autoridades superiores de Nicaragua para que sancionen la negligencia y falta de debida diligencia de las autoridades del Municipio de Bonanza, del Triángulo Minero y la región con la que han actuado ante las diversas amenazas, despojo de los lugares de cultivo y agresiones a los que somos objeto.
- Exigimos al Estado el cese de promoción de proyectos como construcción de escuelas, iglesias y carreteras a los terceros ubicados en el Territorio Mayangna.
- Exigimos a las alcaldías de los municipios de Bonanza, Rosita, Siuna, Waspam y Jinotega para que se abstengan de autorizar la elaboración de fierros y el cobro de impuestos de la ganadería proveniente de terceros invasores ubicados en el Territorio Mayangna Sauni As.
- Exigimos al IPSA para que cese el enchapado de ganadería proveniente de los invasores ubicados ilegalmente dentro del Territorio Mayangna Sauni As.
- Urgimos el desmantelamiento de asociaciones ilícitas quienes reproducen avales, falsifican documentos de las autoridades comunales y territoriales creados con el fin de cometer delitos de estelionato, usurpación de dominio comunal entre otros delitos en perjuicio de los Pueblos Originarios de Mayangna.
- Rechazamos cualquier acto de corrupción y promoción de invasión de propiedades comunales por parte de los representantes/actuales de Policía nacional de Bonanza, el fiscal auxiliar, alcalde de Bonanza, la dirección política de Bonanza y las autoridades del Triángulo Minero (alcalde, policía nacional).
- Exigimos a la Policía Nacional el cese de la liberación de personas ligadas al tráfico de tierra comunal.