Estados Unidos no renovará la licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela cuando expire el jueves, para castigar al presidente Nicolás Maduro por impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones y por la “campaña de acoso” contra activistas.
Esta licencia, que autoriza la producción y venta de petróleo y gas, “será reemplazada” por la 44A, que permitirá liquidar o cerrar las transacciones pendientes “antes del 31 de mayo”, explicó el miércoles por la mañana una funcionaria estadounidense que ha pedido el anonimato en una rueda de prensa telefónica embargada hasta la tarde.
El gobierno del presidente Joe Biden está contrariado con la evolución del proceso electoral en Venezuela desde la firma del Acuerdo de Barbados en octubre pasado, porque estima que Maduro ha cumplido una parte del trato pero ha ignorado su esencia.
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Las autoridades venezolanas han fijado un calendario electoral y aceptado misiones de observación internacionales en las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro se presenta a un tercer mandato.
Pero “se han quedado cortas en varias áreas”, como “la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos”, afirmó otro funcionario estadounidense que ha pedido el anonimato en la misma rueda de prensa.
“Campaña de acoso”
Washington está especialmente preocupado por el hecho de que la principal rival del chavismo, María Corina Machado, siga inhabilitada y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también haya sido vetada.
“Hemos sido testigos de una inquietante campaña de acoso e intimidación contra actores de la oposición únicamente por ejercer sus derechos políticos”, precisó otro alto cargo que también pidió el anonimato, refiriéndose a los siete miembros del equipo de campaña de Machado detenidos y otros tantos bajo órdenes de arresto.
Con todo, Washington evita dar un portazo y romper con Caracas.
Como parte de sus programas de sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puede emitir “licencias específicas” a petición de las compañías, que evaluará “caso por caso” y que no son públicas, explicó la funcionaria.
El ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea lo da por sentado.
“Todas las empresas que hicieron contrato conmigo hasta el día 18 (…) sacan una licencia privada”, declaró a periodistas en Caracas.
Estas licencias a multinacionales como la francesa Maurel & Prom, la española Repsol o la italiana Eni “mantendría a Maduro interesado” en una negociación, declaró recientemente a periodistas Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, Texas, en un momento en el que Estados Unidos y Europa buscan fuentes de energía para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.
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La reactivación de sanciones al sector energético “no debe verse como una decisión final en la que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas”, añadió un funcionario en la conferencia de prensa, y precisó que Estados Unidos seguirá “interactuando con todas las partes”, incluidos “los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional”.
Washington parte de la base de que el Acuerdo de Barbados es el único camino viable para conseguir progresos electorales.
“No vamos a parar”
Pero el gobierno de Maduro se muestra desafiante.
“En ningún momento dejamos de producir, de comercializar, de explotar nuestras reservas”, declaró el ministro de Petróleo. “No vamos a parar, con licencia o sin licencia”.
La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800.000 barriles diarios, tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400.000, pero está lejos de los tres millones que alcanzaba hace 15 años.
Con todo, los ingresos de la petrolera estatal PDVSA pasaron de 3.000 millones de dólares en 2022 a 6.320 millones en 2023, según el gobierno venezolano, porque el levantamiento parcial y temporal del embargo permitió restablecer envíos hacia países como India.
El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington.
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El gobierno de Biden, que ya reimpuso sanciones al oro venezolano, reconoce haber sopesado varios aspectos para decidir si revertía la flexibilización al embargo petrolero a menos de siete meses para las elecciones presidenciales estadounidense, pero solo uno parece haber sido determinante.
“Nos centramos en las circunstancias políticas de la situación en Venezuela”, afirmó un alto cargo.
La migración es uno de los temas centrales de los comicios estadounidenses de noviembre y Venezuela es un punto en rojo, con más de siete millones de personas que dejaron el país desde 2014, según la ONU.
La reimposición de sanciones no afecta a licencias anteriores, como la otorgada en 2022 al gigante estadounidense Chevron para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes.