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Daniel Ortega y Rosario Murillo /El 19 Digital

Parlamentarios británicos instan a Reino Unido a promover “investigaciones penales” contra funcionarios orteguistas

Se instó a que el Gobierno de Reino Unido y otros estados realicen acciones basadas en la justicia y rendición de cuentas

Las conclusiones del informe El silenciamiento de la democracia en Nicaragua —una investigación de tres grupos parlamentarios multipartidistas del Reino Unido— recomienda al Gobierno británico y a otros estados a fomentar la justicia y rendición de cuenta de los altos funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de “acciones más proactivas”. Entre estas destacan “promover esfuerzos para realizar investigaciones penales” contra los actores claves de la represión en Nicaragua.

“El informe deja muy claro que cualquiera que critique al régimen de Ortega termina siendo blanco de este silenciamiento de la democracia”, indicó durante su intervención Lord Alton, de Liverpool, presidente interino de la investigación.

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Este miércoles, en una conferencia de prensa virtual donde participaron la diputada Fiona Bruce; la activista y defensora de derechos humanos, Bianca Jagger; el comisionado de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en Inglés), Steve Schneck; el embajador Sam Brownback; el excarcelado y desterrado político Félix Maradiaga, se presentaron los resultados de la investigación.

Maradiaga durante su intervención detalló cómo ha sido víctima de la represión del orteguismo, desde su encarcelamiento, excarcelación, despojo de su nacionalidad y destierro. “Apelo a que este informe sea parte de una acción internacional más contundente contra la dictadura de Ortega, que ha decidido burlarse de todo el sistema internacional sin verdaderas consecuencias. Ortega ha dejado de ser un problema únicamente de los nicaragüenses para constituirse en un problema global de implicaciones morales”, mencionó.

Participantes en la conferencia virtual.

El objetivo principal de la investigación es —indica el documento— considerar la situación en Nicaragua y la grave violación a los derechos humanos para “identificar medidas prácticas y significativas que el Gobierno del Reino Unido (así como otros Estados) pueden tomar para abordarla, como un asunto internacional”.

La investigación parlamentaria Ad-hoc fue realizada en tres etapas a partir de febrero de 2024 y recopila los testimonios orales de 13 víctimas y escrito de más de 60 nicaragüenses quienes denunciaron los ataques sistemáticos de la dictadura Ortega Murillo contra medios de comunicación, líderes religiosos y la oposición nicaragüense desde 2018 a la fecha.

Los grupos parlamentarios incluidos son el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Centroamérica, el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre la Libertad Internacional de Religión y de Creencias; el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Derecho Internacional, Justicia y Responsabilidad.

Investigaciones penales e imposición de sanciones

Los parlamentarios en sus recomendaciones plantean que el Gobierno de Reino Unido y otros estados realicen acciones basadas en la justicia y rendición de cuentas; sensibilización y diplomacia; asistencia y más investigación.

En la justicia y rendición de cuenta el grupo recomendó al Gobierno de Reino Unido “promover esfuerzos para realizar investigaciones penales contra altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua bajo el principio de jurisdicción universal”.

Asimismo, “explorar las opciones de iniciar procedimientos, unilateralmente o conjuntamente con otros países, contra Nicaragua ante la Corte Internacional de la Justicia (CIJ)” e “imponer sanciones Magnitsky contra todos los responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y alentar la adopción de estas sanciones en coordinación con otros estados, incluido Estados Unidos”.

Rosario Murillo y Daniel Ortega fueron identificados por el GHREN como los “máximos responsables de los crímenes cometidos”

Sobre las sanciones, exponen que si bien el Reino Unido impuso algunas sanciones selectivas, varios autores de graves violaciones de derechos humanos no se incluyeron, por lo que piden alinear sus medidas con las de EE.UU. al fin de promover la rendición de cuentas.

Entre los actores figuran los jueces que participaron en el despojo de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses, el destierro de los 222 ex presos políticos y la confiscación de bienes en Nicaragua. También a funcionarios que contribuyeron al despojo de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales, incluidas universidades privadas.

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En la lista se encuentran Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, magistrado presidente de la Corte de Apelaciones del Distrito de Managua; Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza del Tribunal de Primera Instancia del Segundo Distrito de Managua; Octavio Ernesto Rothschuh Andino, magistrado presidente electo de la Corte de Apelaciones de Managua; Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de la República de Nicaragua; Gloria María Saavedra Corrales, jueza del décimo Tribunal Penal de Distrito de Managua.

También Maribel del Socorro Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua (CNEA); Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU); Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo; Arling Patricia Alonso Gómez, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Gladis de los Ángeles Báez, actual segunda vicepresidenta de la Asamblea; Loria Raquel Dixon Brautigam, actual primera secretaria de la Asamblea y Alejandro Mejía Ferreti, actual tercer secretario de la Asamblea.

Otros funcionarios son: Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la Corte de Apelaciones Penal de Managua; Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la Corte de Apelaciones en la Cámara de Apelaciones Penales Tribunal de Managua; Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF; Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección de Registros de la propiedad.

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Finalmente el grupo de funcionarios lo cierran Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector del DNR; Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Desde 2020, el Reino Unido ha designado a 14 políticos y altos funcionarios nicaragüenses, incluida la cogobernante Murillo, dos directores generales de la Policía Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional al haber sido identificados como actores que socavan los principios democráticos y instituciones.

Sensibilización y diplomacia

En la parte de sensibilización y diplomacia, el grupo de parlamentarios recomendaron apoyar la iniciativa, lanzada en julio de 2023 por 179 víctimas nicaragüenses y 29 derechos humanos organizaciones de derechos humanos, para crear un ‘Grupo de Amigos del Pueblo de Nicaragua’, que deberían realizar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con la sociedad civil nicaragüense grupos de la sociedad y otras partes interesadas pertinentes, una estrategia para frenar los abusos, proporcionar caminos hacia la rendición de cuentas e impulsar elecciones libres y justas.

A su vez, trabajar con otros Estados para elevar la situación de los derechos humanos en el país en todos los foros regionales e internacionales; fortalecer la diplomacia sobre el tema en foros internacionales, e informar al Ministerio del Interior en relación con la situación de los derechos humanos en Nicaragua para ser considerado al revisar las solicitudes de asilo.

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En ese sentido, piden proporcionar visas de emergencia a periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo de persecución; brindar asistencia a los refugiados nicaragüenses en el Reino Unido a través de protección contra los riesgos de represión transnacional (incluida la posibilidad de reunificación familiar cuando la familia miembros siguen amenazados).

Y celebrar audiencias formales tanto del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes como del Comité Selecto de Defensa y Relaciones Internacionales de la Cámara de los Lores para “considerar la situación en Nicaragua y los resultados de esta investigación”.

En cuanto a la asistencia solicitan brindar apoyo y asistencia técnica a personas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, incluidas aquellas que buscan reparación; además brindar apoyo a periodistas y medios de comunicación independientes que realicen investigaciones.

Y examinar los vínculos entre Nicaragua, Rusia y China, e identificar los riesgos involucrados, incluidas las implicaciones de la inversión extranjera en las violaciones de derechos humanos en el país.

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