Al menos mediáticamente, al parecer el régimen de Daniel Ortega ha tenido éxito en su singular demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Como es sabido, el viernes 1 de marzo Nicaragua acusó al Estado alemán ante el supremo tribunal internacional de no actuar contra el supuesto genocidio que según el régimen nicaragüense está cometiendo Israel contra el pueblo palestino en la guerra contra Hamás.
De acuerdo con el derecho internacional positivo (o sea el que está escrito en tratados, convenciones, reglamentos y acuerdos), los pueblos, países y Estados son representados en la Organización de Naciones Unidas (ONU) por sus regímenes, gobiernos o gobernantes, ya sean estos democráticos o despóticos, decentes o indeseables. Y según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (que es una institución de la ONU), Nicaragua tiene derecho de plantear esa demanda contra Alemania, aunque a algunos cuando menos les parezca un absurdo.
La demanda fue presentada por el régimen de Nicaragua el 1 de marzo y el gobierno de Alemania solo ha reaccionado con la declaración de que “las acusaciones son injustificadas” y que “presentará su postura “en el curso del proceso”.
Lo cierto es que el régimen de Nicaragua ha demostrado ser habilidoso al presentar esa demanda contra Alemania, cuyo gobierno le desagrada porque ha sido consistente en condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y abogar por su retorno a la senda democrática. Y por supuesto que ha sido significativo que el régimen de Managua acusara a Alemania ante el tribunal de La Haya, al mismo tiempo que el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Nicaragua establecía públicamente que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo “deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y discutidos en el presente informe”.
Probablemente la acusación del régimen de Nicaragua contra Alemania no tendrá ningún resultado práctico. Pero ha fortalecido mediáticamente la campaña de la izquierda mundial en respaldo de Hamás y de la causa palestina; al mismo tiempo que ha puesto más a la defensiva a los gobiernos que apoyan a Israel.
Sin duda que Palestina tiene derecho a la independencia y a constituirse en un Estado nacional. Jurídica, política y moralmente eso es legítimo e innegable. Pero hay que reconocer que en esta época, cuando el mundo libre y democrático retrocede ante el avance del autoritarismo mundial que encabezan China, Rusia e Irán, ocurre lo que denunciara el filósofo político francés André Glucksmann en su libro Occidente contra Occidente, que “el derecho de los pueblos a la independencia se ha convertido con demasiada frecuencia en el derecho de los asesinos a matar con toda libertad”.
Y mientras eso ocurre los acusados ante la justicia internacional son los Estados y gobiernos que representan los valores occidentales de libertad y democracia.
