En el discurso que pronunció el miércoles 21 de febrero recién pasado al conmemorar el 90 aniversario del asesinato de Augusto C. Sandino, Daniel Ortega se burló de los nicaragüenses que él mismo ha enviado al destierro y los ha privado de su nacionalidad, porque son demócratas y opositores.
En su alocución de ese día, Ortega dijo que los expresidentes de Nicaragua “Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses y están ahora en Estados Unidos y ahora son yanquis y se deben sentir muy contentos de ser yanquis. Otros están en España, se sienten españoles, muy contentos de ser españoles, ya deben hablar hasta como españoles”. Y al decir esto trató de imitar burlescamente el acento español.
Al parecer Ortega quería demostrar su desprecio a las 316 personas nicaragüenses desterradas y exiliadas que fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad. Pero lo que evidenció fue lo contrario, en realidad fue que le importa mucho el caso de esos compatriotas condenados a la apatridia, que ha provocado un amplio y enérgico repudio de la comunidad internacional a la que pertenece el Estado de Nicaragua. Si no le importara ni siquiera los mencionara en público.
Realmente, la apatridia es tan abominable que las Naciones Unidas han aprobado varios convenios de derecho internacional para tratar de ponerle fin. Y además hacen grandes esfuerzos para que los apátridas tengan una nacionalidad y no sean unos parias de la Tierra, como pretenden que lo sean quienes les han arrebatado su nacionalidad.
Precisamente por eso es que algunos gobiernos democráticos y humanitarios, como el de España, les han otorgado o están otorgándoles su propia nacionalidad a los nicaragüenses condenados a la apatridia por sus crueles gobernantes.
Las Naciones Unidas, además de haber aprobado convenios internacionales para que los Estados reconozcan los derechos humanos generales y específicos de los apátridas, se comprometieron a que para el presente año 2024 no hubiese más apátridas en ninguna parte del mundo. Obviamente se trata de otro compromiso internacional incumplido, pero queda o sigue planteada la necesidad de resolver lo más pronto posible ese problema que desde cualquier perspectiva que se le vea, es una afrenta para la humanidad.
De manera que hay que perseverar. En Nicaragua, con la misma fuerza e insistencia con que se demanda la libertad de los presos políticos y de conciencia, también se debe reclamar el restablecimiento legal de su nacionalidad a los apátridas nicaragüenses.
Para que en Nicaragua pueda haber una transición pacífica y cívica a la democracia, cuando sea posible que la haya, una condición previa indispensable tendrá que ser el restablecimiento de las garantías democráticas, de la libertad de expresión y de la personería jurídica de los partidos políticos de la oposición.
Pero también el retorno de todos los desterrados y los exiliados que quieran regresar al país, la restauración de su nacionalidad a los nicaragüenses a quienes se les ha quitado y la devolución de sus propiedades y bienes confiscados, o su justa compensación o indemnización.
