Esta historia se cuenta 45 años después de su inicio. Tuvo su génesis el 19 de julio de 1979, cuando el fin de una dictadura sangrienta daba inicio a una década de terror y muerte en Nicaragua. Las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional acababan de derrocar a la familia Somoza, atornillada en el poder desde 1934.
En el caos y la vorágine de violencia de aquella fecha, las ciudades en llamas y las calles llenas de muertos, más de 50 mil según estima la historia, las derrotadas fuerzas de la Guardia Nacional (el poder que sostenía a la familia Somoza) buscan salvar sus vidas.
Unos corren al aeropuerto en busca de un vuelo a otro país; otros hacen caravanas de vehículos y bajo balas buscan las fronteras; hay quienes asaltan lanchas y buscan por mar la salvación; unos cambian sus uniformes de guerra y vestidos de civil corren a los puestos de la hoy extinta Cruz Roja, a las Iglesias y a las embajadas en busca de asilo.
Un grito de asilo
Aquí vamos ya al personaje de nuestra historia, desesperado, saltando los portones de la embajada de Guatemala en Managua y buscando asilo con un carnet en mano que lo identifica como coronel de la Guardia Nacional.
Se llamaba José Ramón Silva Reyes. Había sido coronel de infantería de la Guardia Nacional, Fiscal Militar, ex comandante de Nueva Segovia y presuntamente estaba de baja al finalizar la guerra.
Junto a decenas de civiles y militares activos, logró ingresar a la embajada de Guatemala en Managua el 20 de julio de 1979, en busca de asilo y un salvoconducto para viajar fuera del territorio nicaragüense.
El embajador de la sede otorgó el asilo por razones humanitarias y pidió un salvoconducto para permitirle al coronel y dos personas más viajar a Guatemala; el régimen sandinista le negó el documento bajo el argumento de que eran prófugos de la justicia, condenados en ausencia por los Tribunales Populares Antisomocistas.
Un comunicado del MINT
Cuatro años, tres meses y diez días después que el militar en retiro se asiló en la embajada de Guatemala, un comunicado del Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, publicado en Barricada, órgano oficial de prensa del FSLN, daba cuenta del último destino del coronel Silva Reyes:
“El Ministerio del Interior informa: que estando asilado en la embajada guatemalteca en Managua, se fugaron entre el 29 y 30 de Octubre de ese año (1983), según nota enviada el día 31/10/83 a nuestra cancillería por la embajada de Guatemala acreditada en nuestro país, el Ex Coronel G.N., José Ramón Silva Reyes, junto a otros dos asilados. Que el Ministerio del Interior ha iniciado las investigaciones, para la captura de los elementos. Dado en la ciudad de Managua, a un día del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres”.
Versión de horror: “fueron desaparecidos”
Después de aquel comunicado, la familia del coronel Silva Reyes inició una larga y penosa lucha por conocer el destino del asilado.
Ramón José Reyes Silva, hijo del desaparecido, siguió por meses preguntando por su padre hasta que, asediado y amenazado por la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), se exilió de Nicaragua.
Desde afuera siguió buscando respuestas y en 1986 encontró una versión tenebrosa: su padre había sido víctima de un plan de la Seguridad del Estado para engañarlo y que abandonara la sede y ser capturado.
La versión la dio Álvaro José Baldizón Avilés, teniente del MINT y ex investigador en jefe de la Comisión Especial de Investigaciones del Ministerio del Interior de Nicaragua, quien desertó de Nicaragua en 1985 para dar testimonio de las atrocidades sandinistas ante el Departamento de Estado.
La comisión Especial de Investigaciones fue creada por el régimen sandinista a fines de 1982 para llevar a cabo investigaciones internas de supuestos abusos gubernamentales, sobre los que informaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.
La mano siniestra de Tomás Borge
Álvaro Bladizón reveló que en 1981, la DGSE, bajo órdenes del comandante Tomás Borge, ministro del Interior, preparó un plan para asesinar a un grupo de nicaragüenses que habían pedido asilo en la embajada guatemalteca.
Los asilados habían pertenecido a la Guardia Nacional nicaragüense y al gobierno somocista, que habían vivido en la embajada desde julio de 1979, y a quienes el gobierno sandinista había rehusado entregar papeles de salvoconducto para que pudieran dejar el país.
De acuerdo a su versión, la DGSE infiltró en 1981 a un asilado falso en la embajada guatemalteca, haciéndose pasar por antiguo miembro de la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) de la Guardia Nacional.
El infiltrado empezó a recibir visitas en la embajada, diciendo que en realidad eran contrarrevolucionarios que preparaban un plan de escape para él.
Durante casi dos años, hizo trabajo de inteligencia y planes para ganar la confianza de Silva Reyes y Alfonso Lagos y Chester Escobar, quienes eran los verdaderos objetivos del complot.
Cayeron en la trampa
El falso asilado invitó a otros asilados a unírsele y algunos aceptaron. Los primeros en salir fueron ex guardias de menor rango que el régimen permitió salir de Nicaragua, para darle confianza a los “pesos pesados”.
Se cree que los que lograron salir, llamaron desde Guatemala a los otros asilados para darles detalles de su salida y eso alentó al coronel en retiro a considerar seriamente la invitación a escapar.
Según la versión del ex investigador de la DGSE, el infiltrado convenció a los otros asilados a que dejaran la embajada trepando una muralla, mientras un vehículo los esperaba y los llevaría a una casa de seguridad en las afueras de Managua.
Cayeron en la trampa. “Fueron a un rancho en las faldas de las sierras de Managua donde fueron capturados por miembros del Departamento F-1 bajo la orden del teniente Raúl Castro González, jefe del departamento”.
Las “medidas especiales” del FSLN
De acuerdo a la denuncia, tras ser capturados fueron llevados a unas celdas de castigo en la cárcel de Tipitapa, donde los recibió José Raúl Cordón Morice, director del Sistema Penitenciario y principal ejecutor y encubridor de asesinatos y torturas a los reos políticos.
Ahí fueron torturados hasta la muerte y enterrados en fosas comunes, según la denuncia de los familiares del coronel Silva Reyes, quien por entonces tenía más de 60 años.
Según la versión, la operación estuvo a cargo del temible Lenín Cerna y otros nombres como Primitivo Rodríguez, Juan José Úbeda y Oscar Loza.
“Castro había planificado la operación en conjunto con oficiales del Departamento F-2 que monitoreaban los establecimientos diplomáticos y el personal”, relató Baldizón.
El testimonio del ex DGSE señala que en los primeros días de la Revolución muchos servidores del Estado encontraron aceptable que hubiese muertes “incidentales”, pero con el paso del tiempo se crearon una serie de reglas llamadas «Reglas concernientes a medidas especiales».
Tales «medidas especiales», explicó Baldizón, era el término oficial usado en Nicaragua para describir la tortura y los asesinatos, sin cargos o juicio, de personas juzgadas como opositores de la revolución.
El Ministerio del Interior sostenía que las reglas indicaban que las «medidas especiales» debían ser autorizadas por orden directa del ministro Tomas Borge o su primer viceministro, Luis Carrión Cruz.
En el caso específico de Silva Reyes, el expediente de Borge y Carrión lo definía como “Fundador de la OSN” y “delator de guerrilleros” en su cargo como Fiscal Militar de la GN.
El coronel Silva Reyes y el caso de Moralitos
En su defensa, la familia alega que como Fiscal Militar, el testimonio de Silva Reyes fue esencial para condenar al sanguinario mayor Óscar Morales Sotomayor, alias Moralito, en el juicio militar por el asesinato del ex oficial GN David Tejada Peralta, en abril de 1968.
Ellos señalaron en sus peticiones de salvoconducto dirigidas a Tomás Borge, al entonces Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Ortega y al coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Daniel Ortega, que el papel de Silva Reyes en el juicio contra “Moralitos” le valió la animadversión del dictador Anastasio Somoza Debayle, quien apartó al coronel de sus funciones hasta su retiro en 1976.
Según uno de los hijos de Silva Reyes, recordaron a los comandantes sandinistas que el coronel le habría salvado la vida en dos ocasiones hasta a Carlos Fonseca, a quien, según las cartas.
“Posteriormente le recordé que mi padre en dos ocasiones cuando fue comandante militar en las ciudades de Jinotega y Ocotal capturó vivo al comandante Carlos Fonseca Amador en los años 1969 y 1971 y en las dos ocasiones se lo entregó vivo a su padre, señor Fausto Amador a petición de este”.
“Sin embargo el señor Tomás Borge me dijo: ‘que era imposible que se le diera salvoconducto al que fundó la Oficina de Seguridad Nacional, que era uno de los que la revolución lo quería vivo o muerto y me pidió que le dijera que mejor se entregara que tendría un juicio justo’”, relató a la CIDH el hijo del coronel, Ramón José Silva Reyes.
El caso 13.251 ante la CIDH
La justicia en el caso de la desaparición de Silva Reyes lleva más de 40 años de espera.
El caso ha recorrido largos años los vericuetos procesales de la justicia internacional, hasta diciembre de 2023.
Una nota de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 12 de diciembre de 2023, indica que se presentó el caso 13.251 respecto de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 31 de agosto de 2023 por la desaparición forzada y tortura de José Ramón Silva Reyes, por parte de agentes estatales.
“En la época de los hechos José Ramón Silva Reyes era coronel en retiro de la Guardia Nacional de Nicaragua. Como resultado del triunfo de la Revolución Sandinista el 18 de julio de 1979, Silva Reyes junto con otros familiares acudieron a la embajada de la República de Guatemala en Managua para solicitar asilo político y protección”, indica la nota.
“Durante su período de asilo, Silva Reyes, solicitó en varias ocasiones salvoconducto, pero éste no le fue otorgado por el Estado de Nicaragua”, dice la nota.
El 31 de octubre de 1983 el Gobierno informó que este había escapado de la embajada, junto a otros dos asilados.
De acuerdo a la nota, la familia reportó los hechos el 14 de abril de 2005 ante el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), y denunciaron la desaparición, tortura y ejecución de Silva Reyes. La denuncia fue trasladada a las instituciones de gobierno de ese entonces.
El caso se envió al Sistema Interamericano el 28 de abril de 2005. En 2007, derivado de la búsqueda y presentación de la información ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Denis Silva informó que recibió amenazas de muerte y tuvo que huir de Nicaragua ante el acoso de la Fiscalía y la Policía.
Hernán Estrada negó los hechos
En 2014, el entonces Procurador General de la República de Nicaragua, Hernán Estrada, desestimó la petición de información de la CIDH, alegando prescripción de los hechos y falta de evidencias para investigar el caso.
“Después de analizar el caso, la Comisión determinó que lo sucedido a Silva Reyes constituyó una desaparición forzada. En particular, la Comisión observó que en el expediente existen versiones que indican que lo ocurrido habría sido resultado de la acción de agentes con la finalidad de detenerlo, torturarlo y ejecutarlo por haber pertenecido a la Guardia Nacional durante el gobierno somocista”, dictaminó la CIDH.
“Respecto a la violación al derecho a la integridad personal por actos de tortura, la Comisión estimó que a partir de la información denunciada por diferentes ex integrantes de la DGSE se puede afirmar que Silva Reyes fue sometido, con el fin de obtener información, a actos graves de violencia física y psíquica durante su privación arbitraria de la libertad y estadía bajo custodia de agentes estatales”, indica el documento.
Asimismo, “la CIDH notó que el Estado tuvo conocimiento de los hechos en diversos momentos y que, pese a la gravedad de la información aportada, no iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido”.
En suma, “la Comisión concluyó que el Estado de Nicaragua es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial” consagrados en diversos instrumentos internacionales.
