El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrão, reconoció este martes la astucia del gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua para administrar la crisis que vive el país centroamericano desde 2018, de la cual, dijo, “la comunidad internacional tiene sus límites” para intervenir.
“La comunidad internacional tiene sus límites de actuación respecto a Nicaragua”, señaló Abrão al programa Esta Semana y a la plataforma Confidencial, que dirige desde Costa Rica el periodista nicaragüense desnacionalizado Carlos Fernando Chamorro, quien consultó si desde el exterior se ha aceptado “cierta normalización de este tipo de dictadura totalitaria”, en relación con el Ejecutivo de Ortega.
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Abrão —quien dirigió el organismo entre 2016 y 2020— dijo que si bien la crisis de Nicaragua ha activado los mecanismos del sistema interamericano y universal en los últimos cinco años, así como reacciones de la Unión Europea y hasta de gobiernos “que supuestamente tendrían algún tipo de adherencia o identidad ideológica con el proyecto original del sandinismo”, existe una ausencia de implementación de recomendaciones internacionales.
Y por el contrario, observó, ha habido un recrudecimiento de la violación a los derechos humanos en Nicaragua, una orientación hacia un régimen totalitario, y “todo eso hace que la comunidad internacional muchas veces quede en posición de espera”.
Además, valoró Abrão, “el régimen ha sido muy inteligente en administrar la crisis, ceder en la liberación de presos políticos o eventualmente una u otra concesión”.
Visibilizar y denunciar la “trampa” de Ortega
“Pero nosotros, que hemos estado acompañando todo el proceso (de Nicaragua), sabemos que ellos toman esas decisiones, pero después adoptan otras para tener una moneda de cambio para de nuevo realizar concesiones. Entonces esa trampa se tiene que visibilizar internacionalmente… denunciarlo”, remarcó.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Sobre la posibilidad de enjuiciar a Ortega por crímenes de lesa humanidad, el ex secretario ejecutivo de la CIDH dijo que “las posibilidades de justicia internacional para Nicaragua todavía están siendo estudiadas”.
“Lo que hay son los casos que se tramitan dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la causa de lesa humanidad justificada por jurisdicción universal en Argentina, y el caso de la brasileña Rayneia (Lima)”, asesinada en Nicaragua en el marco de la crisis, puntualizó.
“Pensar cuáles son los requisitos legales y las condiciones efectivas para activar otros foros de justicia internacional, sea la Corte (Internacional) de Justicia, sea un tribunal penal internacional, requiere una acumulación de alianzas y de condiciones efectivas para postularse, porque a estos foros se tiene que llegar con la seguridad de que vamos a ganar”, agregó.
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Nicaragua se debe preparar para una transición
Explicó que no se puede arriesgar activar un foro internacional de esa naturaleza y eventualmente por cuestiones procedimentales o formales, no avanzar, “lo que generaría aún más ausencia de esperanza para la gente”.
Además, dijo que eso va a depender de cómo Nicaragua se prepara hacia una transición democrática y se fortalece el sistema judicial nicaragüense.
“El gran tema hoy es pensar cuáles son las condiciones para instalar un ambiente hacia una transición democrática para el país. Sí hay esperanza, esa esperanza está exactamente en la adopción de medidas y acciones en la oposición, dentro y fuera del país para alcanzar ese momento histórico que permitirá ampliar las posibilidades de justicia”, anotó.
Por tanto, dependerá mucho del tipo de transición que se instale en Nicaragua, porque basado en experiencias de transiciones pactadas en otros países, “normalmente las posibilidades de justicia tienen un tiempo un poco más largo de implementación”, apuntó.
