Wilmer Duarte Murillo y su hijo, Wilmer Augusto Duarte Duarte, cumplen hoy 425 días tras las rejas en las cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Fiscalía de Nicaragua los acusa de supuestos delitos comunes, entre ellos, transporte de drogas y tenencia ilegal de armas y les impuso una condena de cinco años de prisión.
La primera detención ocurrió de manera ilegal el 29 de octubre de 2022, cuando ingresaron sin orden de captura ni allanamiento a la finca de Duarte Murillo. Aunque los liberaron de forma sorpresiva, el 1 de noviembre los volvieron a capturar. En esta segunda captura las autoridades policiales les atribuyeron a estos presos políticos la incautación de 897 gramos de cocaína, dos revólveres y un camión.
Wilmer Augusto Duarte Duarte, tiene 20 años y su detención refleja la persecución que sufren los jóvenes por parte del régimen. Las acusaciones posteriores contra estos presos políticos forman parte de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua bajo la administración de Ortega y Murillo.
La historia de Wilmer Duarte y su hijo Wilmer Augusto se complicó aún más porque a ninguno de los dos los incluyeron en la lista de los 222 presos políticos que el régimen expatrió a Estados Unidos el 9 de febrero, a quienes posteriormente desnacionalizó. Ellos forman parte del grupo de más de 35 ciudadanos que se quedaron en las celdas de la dictadura.
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Otro monseñor detenido
Tras el destierro de los 222 presos políticos Wilmer Duarte y su hijo compartieron celdas con los sacerdotes Manuel Salvador García y el padre Leonardo Urbina, ambos condenados por delitos comunes: violencia física y abuso sexual. Posteriormente a los sacerdotes también los desterraron, los mandaron al Vaticano.
En medio de la creciente ola represiva en contra de la Iglesia católica y el clero que se atrevió en algún momento a condenar las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen Ortega Murillo, el jueves 28 de diciembre el vicario general de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, fue declarado como desaparecido.
Fuentes cercanas a la Iglesia católica indican que el sacerdote, conocido por sus críticas contra la dictadura, no ha respondido llamadas ni mensajes, y no se encuentra en su parroquia. Este incidente se suma a las arbitrarias detenciones que han afectado a miembros destacados del clero, incluyendo, solo en las últimas dos semanas, a un obispo, dos seminaristas y dos sacerdotes.
Aunque la Policía todavía no confirma la detención de estos religiosos, ellos podrían enfrentar acusaciones políticas infundadas, tal como le ocurrió a monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión por el presunto delito de «traición a la patria», aunque la verdadera causa de la condena sea su voz profética y crítica contra los abusos del régimen orteguista.
