El obispo Rolando Álvarez y monseñor Isidoro Mora, ambos considerados críticos del régimen, permanecen ilegalmente en las cárceles de Daniel Ortega. Estos dos religiosos, junto a casi noventa presos políticos, recibirán el 2024 en condiciones inhumanas y siendo víctimas de torturas.
Monseñor Álvarez es obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí. Lo detuvieron hace casi 500 días y lo condenaron a 26 años de prisión por supuestos delitos de traición a la patria. Según fuentes cercanas a la Iglesia católica, a pesar de los intentos del régimen por expulsarlo de Nicaragua, en más de dos ocasiones el obispo ha rechazado el destierro.
Monseñor Mora es obispo de la Diócesis de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), tiene 63 años y lo detuvieron el 21 de diciembre, supuestamente por pedir a la feligresía que oraran por monseñor Álvarez. Hasta ahora la Policía no ha confirmado el motivo de detención del obispo Mora, ni siquiera se ha referido a su paradero.
El domingo, durante la eucaristía de Navidad, monseñor Silvio Baéz, desde su exilio en Miami, Estados Unidos, afirmó que los religiosos “no están solos en las cárceles de la dictadura” y le pidió al Niño Dios “que les consuele, les llene de esperanza y alegría”.
Nuevo método de represión
La investigadora Martha Patricia Molina, en su más reciente informe titulado Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?, expuso que los sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa están expuestos a secuestros arbitrarios si en la celebración de las misas mencionan a monseñor Rolando Álvarez.
“No hay que mencionar en la plegaria eucarística el nombre de monseñor Álvarez, ni mencionar la palabra obispo”, dijo Molina a LA PRENSA. Además, explicó que en todas las eucaristías se realiza la plegaria por el obispo titular, pero “a los de Matagalpa se les prohíbe”.
La Iglesia católica ha sido uno de los sectores más golpeados por los ataques de la dictadura, especialmente debido a su participación en el primer intento de diálogo nacional que se estableció en mayo de 2018 entre el Gobierno y la oposición para buscar una salida al estallido social. Además, varios líderes religiosos han condenado abiertamente los crímenes cometidos por el régimen de Ortega durante estos casi seis años de crisis sociopolítica.
