La opositora Brenda Lee Baldelomar fue detenida en el contexto represivo de la conmemoración de los cinco años de lucha ciudadana, cumple 235 días en las celdas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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“Causa molestia porque ella no ha cometido ningún delito, a uno le da cólera. Han estado jugando con uno”, aseveró uno de los hijos de esta presa política a LA PRENSA. La familia ha pasado por momentos de incertidumbre porque las autoridades carcelarias al servicio del régimen no les han brindado información clara sobre la situación de su madre.
Actualmente se encuentra en la Cárcel de Mujeres La Esperanza con más de 14 presas políticas en condiciones carcelarias arbitrarias. Se encuentran aisladas en celdas conocidas como «las kirmas» o «ixchen» que antes de ser remodeladas para albergar presas políticas, las utilizaban como celdas de castigo pare reas comunes que habían cometido atrocidades.
El régimen ha aprobado más de 15 leyes represivas para criminalizar el ejercicio de libertad de expresión
Entre 2018 y 2023 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha fábricado leyes represivas para «generar miedo, legalizar prácticas arbitrarias como las detenciones prolongadas y reducir el espacio cívico», indicó el informe Cierre del Espacio Cívico del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
En 2023, la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura aprobaron dos leyes que «régimen legal a su medida y lo dotó de garras y dientes para seguir, reprimir y criminalizar a la población considerada como opositores y enemigos del régimen, incluyendo organizaciones de sociedad civil», aseveró el informe.
En las carceles de la dictadura se encuentra 91 personas reconocidas como presas políticas hasta octubre de 2023. De los detenidos luego de febrero de 2023 han sido acusados y condenados por las leyes penales creadas por el régimen, 35 presos políticos están juzgados por crimenes comunes.
«Las personas continúan experimentando una grave vulneración de sus derechos como resultado de las detenciones a las que son sometidas. En gran medida, se ha generalizado la negativa a permitirles contar con abogados de su elección y confianza, así como el acceso a su expediente jurídico para ejercer su defensa, tal como lo establece la ley. En su lugar, se les asigna una defensa pública que parece tener una clara complicidad con el sistema judicial», indicó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
