Los regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua en sus últimos periodos electorales presidenciales han utilizado el secuestro de figuras de la oposición como acto de intimidación y aniquilación de cualquier fuerza política que les haga peso.
La dictadura venezolana detuvo por la noche del miércoles 6 diciembre a tres miembros del equipo de la líder opositora y candidata a la Presidencia, María Corina Machado. Las elecciones en el país del sur del continente serán en 2024.
Roberto Abdul-Hadi, presidente de la organización Súmate, fue uno de los secuestrados junto con otros tres opositores a los que se les giró una orden de detención y fueron acusados por “conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Estos supuestos delitos coinciden casi en su totalidad con los que la dictadura en Nicaragua aplicó a los líderes opositores y bajo los cuales los encarceló a mitad de 2021.
Según el fiscal general de Venezuela, los tres colaboradores de Machado “mantenían relaciones económicas” con un ciudadano estadounidense que ya fue detenido en Venezuela por su supuesta vinculación en una “conspiración” contra el referendo del domingo sobre el Esequibo, un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.
«Este encarcelamiento de los opositores que ha realizado el régimen de Daniel Ortega y que también realiza el régimen de Nicolás Maduro, tiene como finalidad interdictar, digamos de facto, a los y las contendientes políticas. Es decir, tiene como finalidad judicializar la política, sacar la competencia política y llevarlo a la criminalización, pero también, digamos, tiene como objetivo asegurarse el control del poder político, es decir que los procesos electorales estén ausentes de algún tipo de competencia”, opinó el opositor nicaragüense Juan Diego Barberena.
Mismas acusaciones
Para un exembajador consultado por LA PRENSA, los actos recientes en Venezuela y los ocurridos en Nicaragua previos a las presidenciales de 2021 son muestra de que los procesos electorales son solo cortinas para aparentar normalidad política.
“Son elecciones en las que se vota, pero no se elige, porque no hay contendores con diferentes propuestas, entre las que el votante puede escoger. Se trata de elecciones con una única opción. Es lo que sucede en Cuba y es lo que sucede de hecho en Venezuela y Nicaragua, en violación de lo que determinan las Constituciones de estos dos últimos países”, añadió.
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En el 2021 el régimen de Nicaragua encarceló a siete aspirantes presidenciales, quienes según encuestas independientes gozaban de mayor simpatía que Daniel Ortega, quien lleva en el poder más de 15 años consecutivos y mantiene al país en un dictadura totalitaria.
Sobre todos los precandidatos en Nicaragua pesaban acusaciones de menoscabo a la integridad nacional, lavado de dinero, incitación al odio y otros cargos autoría del régimen Ortega-Murillo. El 9 de febrero de 2023 los exaspirantes presidenciales fueron mandados al destierro junto con otros 215 presos políticos, despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Ambas fuentes consultadas por LA PRENSA coinciden en que las dictaduras criminalizan el derecho a elegir.
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“Ya es una estrategia que se ha trazado en algunos países de América Latina, en donde estos regímenes aplican políticas de guerra judicial en contra de los contendientes políticos, con la finalidad de hacerse, mantenerse y perpetuarse en el poder”, dijo Barberena.
El exembajador explicó que Nicaragua y Venezuela “constitucionalmente son dos repúblicas democráticas”, pero en la práctica “no hay división de poderes, no hay alternancia en el poder, no hay elecciones competitivas, no hay pluralismo, no hay partidos políticos o estos se encuentran en las catacumbas, reprimidos y sumamente limitados en su capacidad de actuación. No hay libertad de prensa ni de asociación y tampoco libertad de movilización”, subrayó.
