La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, aprobó este viernes 24 de noviembre otra reforma parcial a la Constitución Política, para quitarse la facultad de elegir al procurador y subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos (DD. HH.) y en consecuencia se aprobó una Ley de la Procuraduría para la Defensa de los DD. HH.
«La presente iniciativa tiene por objeto suprimir la facultad constitucional de la Asamblea Nacional para elegir al Procurador y Sub-Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos», según la exposición de motivos de la iniciativa de ley respaldada por 86 diputados, de un total de 91.
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La reforma al artículo 138 de la Constitución, sobre atribuciones de la Asamblea Nacional, eliminó el literal «d» del numeral 9, que establecía que el parlamento tenía la atribución de «elegir con el 60 por ciento de los votos del total de los diputados de la Asamblea Nacional, de listas separadas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados, en consulta con las organizaciones civiles: Al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos».
Aprobación unánime
La reforma fue aprobada por unanimidad, en una Asamblea Nacional conformada por 91 diputados, 70 de ellos del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que encabeza el dictador Ortega. Los demás legisladores son de diferentes tendencias liberales, pero considerados colaboradores de los sandinistas.
Tras esta reforma constitucional, la Asamblea orteguista aprobó la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los DD. HH., «como un ente autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y administrativa, adscrito a la Procuraduría General de la República».
La nueva Ley establece que «la Procuraduría para la Defensa de los DD.HH. estará a cargo de un Procurador y Subprocurador nombrado por el Procurador General de la República, los que en su actividad están supeditados a la Constitución y a las leyes».
Financiamiento ambiguo
La nueva Ley de la Procuraduría para los DD.HH. establece en el artículo 8 que «se financiará con recursos del Presupuesto General de la República conforme la asignación que destine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según la Ley de la materia».
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos –encabezada por la procuradora Darling Carolina Ríos Munguía–, es una institución que responde a los intereses de la dictadura Ortega Murillo y es indiferente a los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua desde 2018, cuando comenzó la represión armada contra las protestas civiles, lo que dejó más de 300 muertos, según informes de organismos internacionales de derechos humanos.
Quinta reforma parcial a la Carta Magna de Nicaragua
Esta es la quinta enmienda parcial a la Constitución Política de Nicaragua en este año 2023, ordenada por la dictadura de Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo. Las reformas se han hecho de manera expedita, sin consulta ni debate.
En el parlamento nicaragüense no hay oposición ni debate de las iniciativas de ley. Las propuestas, decretos y resoluciones que envía Ortega son aprobados sin cuestionamientos.
