Sin mencionar que a partir de 2024 la partida del 6 por ciento que por mandato constitucional se asigna a las universidades se repartirá entre 12 instituciones estatales y no entre cuatro nacionales y cinco subvencionadas como ocurría antes de la ola de confiscaciones que ordenó Daniel Ortega, el titular del Ministerio de Hacienda, Iván Acosta, aseguró que ahora hay más y mejores universidades públicas y celebró que el otro año esa asignación rozará los 220 millones de dólares (8,028 millones de córdobas).
También aseguró que los jóvenes de ahora no necesitan luchar por estos recursos, como le tocó a los de su generación, que según él sí sabían protestar, ya que el acto más violento que realizaron para exigir estos recursos fue lanzarle huevos al edificio del poder legislativo.
«Ojalá que a ninguno de ustedes haya sido diputado en los 90 porque tuvimos que tratarlos un poco con rudeza tirándoles unos huevos. Porque nosotros sí sabemos protestar, sabemos encauzar nuestra energía. No quemamos los bienes públicos, no quemamos a las personas, no dañamos a los… las cosas de los más pobres, ni dañamos la riqueza del país… No quemamos ninguna escuela, no quemamos un centro de salud, no derramamos sangre inocente. Pero sí nos movilizamos y fuimos un poco violentos tirándole unos huevos a este edificio», dijo Acosta el jueves 19 de octubre mientras presentaba el proyecto de Presupuesto General de la República 2024 a los diputados de la Asamblea Nacional.
Protestas con muertos, heridos y mutilados
Con esa declaración Acosta intenta olvidar que durante los 16 años en que Ortega encabezó la oposición y «gobernó desde abajo», la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) —con el incondicional apoyo de los transportistas y sindicatos—, paralizaba constantemente la capital y provocaban cuantiosos daños materiales, además dañaban la imagen del país, ya que esas constantes asonadas evitaron el desarrollo del turismo.
El levantamiento de adoquines para poner barricadas que impedían el tránsito vehicular, la quema de llantas y vehículos, incluidas unidades del transporte público y la lluvia de piedras, palos y morteros que ponían en peligro la vida de los transeúntes, fueron durante más de diez años la carta de presentación de estas protestas.
En algunos años estas incluyeron el secuestro de policías. En total las protestas del 6 por ciento cobraron la vida de al menos cuatro personas, entre ellos un agente de la Policía. También provocaron cientos de heridos y algunos mutilados. Incluso en una de esas revueltas, el actual rector del Incae Business School, Enrique Bolaños Abaunza, resultó herido mientras acompañaba a su padre, el expresidente Enrique Bolaños (q.e.p.d.), que salió de su despacho para intentar dialogar con los estudiantes.
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Nicho Marenco era el negociador
Acosta olvidó que en enero de 1996 mientras en la cancillería preparaba parte de la logística para la visita del papa Juan Pablo II, ciento veinte estudiantes encabezados por los dirigentes de la UNEN se tomaron ese edificio. Durante varias horas mantuvieron como rehenes a 84 personas entre funcionarios locales y diplomáticos. Mientras permanecieron adentro destruyeron puertas, ventanas, los ductos del aire acondicionado y acabaron con la comida y el licor que encontraron.
Reportes periodísticos de la época relatan que en varias ocasiones los estudiantes dirigidos por UNEN se tomaron muchas veces el edificio del Ministerio de Educación (Mined) y destrozaron la oficina del titular de esa cartera, Humberto Belli. También hubo tomas con destrozos incluidos, en el Aeropuerto Internacional de Managua, Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Ministerio de Hacienda, Banco Central y el Canal 6, entre otras entidades estatales.
En declaraciones a la revista Magazine de LA PRENSA, en mayo de 2021, un exfuncionario del gobierno del expresidente Enrique Bolaños (q.e.p.d.) relató que en promedio esas protestas generaron pérdidas de diez millones de córdobas diarios. Además, recordó que aunque en las negociaciones participaban los dirigentes estudiantiles, el que llevaba la voz cantante era el exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, quien participaba en su calidad de representante del Frente Sandinista.
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6% es parte del combo de leyes de «la piñata»
La partida del 6 por ciento para las universidades no existía en los años 80 cuando Ortega gobernó por primera vez. La Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior fue aprobada en abril de 1990, después que Ortega perdió el poder y forma parte del combo de leyes conocido como «la piñata». En su artículo 55 estableció que para hacer efectiva la autonomía universitaria el Estado debería garantizar una partida no menor del 6 por ciento del Presupuesto General de la República.
No detallar si debía calcularse a partir de los ingresos ordinarios o de los ingresos totales que incluían los extraordinarios, entre ellos donaciones muy abundantes en esa época en que el país salía de una crisis de posguerra, fue la táctica de Ortega para mantener en vilo el país durante los años que en que encabezó la oposición.
El problema se resolvió con su retorno al poder en 2007 ya que desde entonces no hubo espacio para ninguna otra protesta. Y cuando finalmente los estudiantes se atrevieron a salir a las calles en 2018, la represión fue tal que organismos internacionales de derechos humanos certificaron más de 350 asesinatos y acusaron a Ortega de cometer delitos de lesa humanidad. Además, la represión alcanzó también a las universidades, 28 de ellas terminaron en manos de Ortega a través de confiscaciones.
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33 años después la partida no puede ser igual
Esa ola de confiscaciones que desató Ortega como respuesta a las protestas estudiantiles de 2018 es lo que permite que ahora haya «más y mejores» universidades estatales como anunció el ministro Acosta, ya que entre las confiscadas está la Universidad Centroamericana (UCA) robada a los jesuitas y considerada la más importante del país, por la calidad de la educación y de sus instalaciones. Pero tener «más y mejores» universidades también implica más gasto estatal, sin embargo, Acosta no se refirió al tema, solo se centró en reiterar el crecimiento de la partida.
Durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2024 el ministro Acosta detalló que la partida del 6 por ciento será de 8,028.30 millones de córdobas, que al cambio oficial equivalen a 219.06 millones de dólares. «Estamos hablando de una cantidad de recursos muy importante para educación de los hijos de los trabajadores, los hijos de los campesinos, los hijos del pueblo… Muy lejos de aquellos 30 difíciles millones de dólares que eran la conquista en los 90», señaló Acosta.
El funcionario no tomó en cuenta que después de 33 años de recuperación del desastre económico que enfrentó el país en los años 80, la economía nicaragüense está en una posición muy distinta y el presupuesto anual ha crecido en las últimas tres décadas. Además, según registros históricos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en la década de los 90 solamente había unos 50 mil estudiantes universitarios. Mientras que a inicios de 2023 el Consejo Nacional de Universidades (CNU) reportó 194,876 estudiantes.
Antes había menos universidades públicas
Los 219.06 millones asignados al CNU en 2024 representan un crecimiento del 27 por ciento con respecto a los 172.42 millones de dólares que le entregaron en el Presupuesto de 2023. Pero no solo el monto creció sino también las obligaciones. En 2017 previo al estallido de la crisis sociopolítica, la partida del 6 por ciento se distribuía principalmente entre las cuatro universidades estatales. UNAN Managua, UNAN León, Universidad de Ingeniería (UNI) y Universidad Agraria (UNA).
Las cuatro universidades estatales se quedaban con alrededor del 80 por ciento del total de la partida y el restante 20 por ciento lo distribuían entre seis universidades privadas que financiaban con esos recursos las becas que otorgaban a estudiantes de escasos recursos, una partida similar se destinaba a la secretaría técnica del CNU.
Las universidades que recibían estos recursos eran: UCA, Politécnica de Nicaragua (Upoli), Internacional Antonio de Valdivieso, Católica Agropecuaria del Trópico Seco, de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense y Bluefields Indian & Caribbean University.
Ahora hay más universidades públicas
De las seis universidades, solo las de la Costa Caribe no han sido confiscadas, las otras cuatro ahora son estatales y a ellas se sumó la Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que surgió de la confiscación de cuatro universidades: Uhispam, UNEH, Uponic y UPF. Además, en los últimos años la secretaría técnica comenzó a recibir partidas similares a las de la UNI.
Esto significa que la partida que antes garantizaba el funcionamiento total de cinco entidades y el parcial de seis ahora tiene que asegurar funcionamiento completo de 12 instituciones, incluida la Casimiro Sotelo, instalada en el campus robado a la UCA y considerada de las más grandes y complejas del país, por la cantidad de centros de investigación y otras dependencias que tenía la UCA.
Otra de las reiteradas afirmaciones de Acosta durante la presentación del proyecto de presupuesto es la gratuidad de la enseñanza, por lo que eso implicaría que las nuevas universidades públicas no realizarán ningún tipo de cobros. «El comandante Daniel Ortega ha garantizado desde el 2007 la gratuidad de la enseñanza global y los recursos necesarios para las universidades y tenemos muchas más universidades públicas y mejores universidades públicas para los jóvenes y adultos que demandan la educación universitaria», dijo Acosta.
