CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.Mientras la recién creada Universidad Casimiro Sotelo —instalada en el campus de la UCA que Daniel Ortega le robó a los Jesuitas— pospuso por tercera vez el inicio de las clases y admitió que no tiene fecha para arrancar, quedó en evidencia que la falta de presupuesto es uno de los obstáculos a superar. Al momento de la confiscación, los 6,315.78 millones de córdobas asignados a la partida estatal de 2023 para las universidades se habían repartido; y más de la mitad se había gastado. Algo similar ocurre con los 363.15 millones de córdobas destinados este año para pagar los servicios básicos de esos centros.
Lo más grave es que la escasez de recursos no se resolverá con el Presupuesto General de la República de 2024. Ya que según especialistas vinculados a la educación superior, la partida del 6 por ciento que se destina a los centros de educación superior que integran el Consejo Nacional de Universidades (CNU), crece en promedio 5 por ciento cada año. Eso implica que en 2024 tendrá unos 315 millones de córdobas adicionales con respecto al monto de 2023.
En teoría, ese incremento le correspondería a la Casimiro Sotelo, pero a criterio de los especialistas no será suficiente para garantizar su funcionamiento. Además, implicará que a los otros 11 beneficiarios se les congele o recorte la asignación y eso impactará directamente en la calidad de la educación; y reducirá aún más los escasos recursos que se destinaban a la investigación. “Con 300 millones de córdobas no le hacen ni cosquillas a la Casimiro Sotelo. Creo que ese es el problema que están teniendo ahora y por eso no han podido reabrir, porque las cuentas no les salen”, asegura el catedrático Ernesto Medina, exrector universitario y exmiembro del CNU.
El 6% garantiza presupuesto de sobrevivencia
Medina dice desconocer con exactitud cuánto costaba el funcionamiento anual de la UCA, pero considera que los 255.91 millones de córdobas de la partida del 6 por ciento que le asignaron en 2017, fue la más real de los últimos años para cubrir las becas que otorgaba. Dicha partida —según Mediana— representaba entre en 30 y 40 por ciento del total del presupuesto de la universidad. “Entonces, si el presupuesto de aquel entonces era de entre 700 y 800 millones de córdobas anuales, ahora sería más alto. Por eso digo que con 300 millones no lograrán hacerla funcionar”, sostiene Medina.
De acuerdo con los informes anuales de Rendición Social de Cuentas del CNU en 2017, de los 9,822 alumnos que tenía la UCA, 3,769 recibían becas, entre parciales y completas. Es decir, que tal como lo menciona Medina la partida estatal cubría los estudios de alrededor del 30 por ciento del total de los alumnos que tenía la UCA ese año.
Medina y otro especialista que solicita anonimato consideran oportuno recordar que la partida del 6 por ciento no resuelve todo el funcionamiento de las universidades. Prácticamente solo da para pagar salarios y cubrir las inversiones en materiales básicos, es decir, que se mantienen con un presupuesto de sobrevivencia. Por eso las universidades públicas no tienen recursos para mandar a sus docentes a especializarse. “Creo que eso sigue así, sobre todo porque la mentalidad de las autoridades universitarias y de los sindicatos es que el centavo que llega, centavo que se comen”, señala Medina.
También puede leer: Interlocales que no tengan el letrero de “Casimiro Sotelo” no podrán circular
El 6 % solo permite cubrir el gasto corriente
De hecho, los informes de Liquidación de Presupuesto que publica el Ministerio de Hacienda detallan que en la última década, los recursos de la partida del 6 por ciento destinados a gastos de capital (inversiones fijas), se han reducido considerablemente.
En 2017, de los 4,829 millones las universidades beneficiadas destinaron 4,325 millones a gasto corriente y solo 503 millones a gasto de capital, es decir, 10.4 por ciento del total. En 2022, de los 5,508 millones de la partida los centros de estudio destinaron 5,096 millones al gasto corriente y solo 411 millones a gasto de capital, monto que representa el 7 por ciento del total.
Este año, según el Informe de Ejecución Presupuestaria, de los 6,315 millones de la partida, en el primer semestre se gastaron 2,921 millones en gasto corriente y solo 236 millones en gasto de capital. Es decir, que solo el 3.7 por ciento del total se destinó a inversiones. Eso vaticina, un enorme riesgo de deterioro de la universidad, que en los últimos años se había beneficiado de inversiones y modernización de sus instalaciones impulsadas por los jesuitas.
Ante este panorama de escasez de recursos para hacer funcionar la Casimiro Sotelo, Medina considera que una de las pocas opciones a las que puede recurrir es recortar la partida de la Secretaría Técnica del CNU. Según los informes del Ministerio de Hacienda, dicha instancia pasó de recibir 107.13 millones en 2017 a 733.58 millones de córdobas en 2023. Sin embargo, no se considera probable que reduzcan esta partida que cada año se acerca más a lo que recibe la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-León, a la que este año se asignaron 995.25 millones de córdobas.
¿Sacrificarán las partidas del CNU o de UNEN?
Se supone que las nuevas atribuciones que le asignaron a la Secretaría Técnica —que tras la reforma a la Ley 89, que aniquiló la autonomía universitaria convirtió al CNU en el gran interventor de las universidades— motivaron parte de este incremento. Pero los especialistas consideran que una buena parte de ese monto se entrega a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Se supone que esta lo reparte entre los incondicionales, para garantizar la fidelidad de esa base social que secunda las decisiones y atropellos del oficialismo en las universidades públicas.
“Viendo cómo funciona este gobierno, ese presupuesto de la Secretaría Técnica no lo van a tocar… Tampoco van a pelearse con la UNEN que es la fuerza que tienen las universidades… Lo otro es que, sería bueno que rindan cuentas de lo que gasta la Secretaría Técnica del CNU, aunque seguramente se han inventado un montón de comisiones para justificar la barbaridad que están haciendo con los recursos del 6 por ciento”, dice Medina.
Finalmente, los especialistas consideran que la falta de recursos para hacer funcionar la Casimiro Sotelo es un problema que el régimen creó y alguien tendrá que pagar el precio de resolverlo. Porque aunque ninguna universidad pública esté dispuesta a sacrificar su asignación, de algún lado tendrán que conseguir los recursos para consumar la muerte de la UCA.
Lea además: Aumentan solicitudes de exalumnos UCA para continuar sus estudios en universidades jesuitas de Centroamérica
¿Prestigio de la UCA atraerá estudiantes?
Según los especialistas al principal problema que es la falta de presupuesto para echar a andar la nueva universidad, se suma que los estudiantes del actual ciclo no quieran asistir y que se nieguen a pagar algún tipo de arancel. Ya que en medio de las contradicciones que rodearon el nacimiento de la Casimiro Sotelo, finalmente se oficializó que sería nacional y por tanto gratuita.
No obstante, consideran que esto se resolverá en el próximo ciclo, ya que están seguros que el prestigio de la antigua UCA atraerá a muchos estudiantes, aunque dudan mucho que la calidad y los beneficios que brindaba se mantengan. Esto forzará a garantizar un presupuesto que a criterio de los especialistas tiene que ser al menos similar al de la Universidad Nacional Agraria (UNA).
Con la pérdida de estudiantes que registró la UCA en los últimos años por el recorte de la partida del 6 por ciento para las becas, actualmente ambas tienen una matrícula similar. Según los reportes de Rendición de Cuentas del CNU, en 2018 la UCA tenía 8,235 estudiantes de grado, pero en 2021 la matrícula bajó a 5,757 y los atendía con un equipo de 546 docentes.
Por su parte la UNA matriculó en 2021 a 4,604 estudiantes que atendía con 252 catedráticos y para su funcionamiento le asignaron 527.25 millones de la partida del 6 por ciento.
Otro tema relacionado: Vocero de los Jesuitas: “Al Gobierno de Nicaragua le ha molestado de la Compañía la defensa de los derechos de la gente en 2018”
Tras la confiscación compromiso estatal crece
Tal como lo aseguran los especialistas, luego de la confiscación de las universidades los nuevos centros de estudio al ser nacionales dependen del apoyo estatal para funcionar. Así lo confirman las cifras del Informe de Ejecución Presupuestaria enero-junio 2023. La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés —que surgió de la confiscación de las universidades Uhispam, UNEH, Uponic y UPF—, el año pasado, tras su creación y a pesar de que seguía cobrando aranceles, recibió 3 millones de córdobas de la partida presupuestaria; pero en 2023 la asignación subió a 177 millones de córdobas.
Lo mismo ocurrió con la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), que luego de confiscarla convirtieron en Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, la asignación presupuestaria pasó de 16.43 millones de córdobas el año pasado a 75 millones en 2023. En el caso de la Upoli el incremento de la partida tras la confiscación fue de aproximadamente 40 millones de córdobas.
Según los especialistas, ante la política de secretismo que caracteriza al régimen Ortega Murillo, será hasta que presenten el primer Informe de Ejecución del Presupuesto del 2024 cuando se sepa cuánto dinero de la partida del 6 por ciento constitucional le destinen a la Casimiro Sotelo. Ahí también se confirmará si hacen recortes o solo le destinan lo que surja del incremento del presupuesto. Ya que incluso, los informes de Rendición Social de Cuentas que presentaba el CNU se suspendieron el año pasado y los que tiene publicados en su sitio web permanecen bloqueados.