La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió excarcelar y desterrar al Vaticano a 12 sacerdotes que mantenía como presos políticos, luego de sostener «conversaciones positivas y fructíferas» con la Santa Sede, a pesar de tener suspendidas las relaciones diplomáticas desde marzo pasado.
Sin embargo, activistas políticos y defensores de derechos humanos que se han encargado de denunciar los ataques de la dictadura ante la comunidad internacional, advierten que el reciente destierro de sacerdotes no significa el cese de la represión y símbolo de paz entre la Iglesia y el Estado.
La dictadura todavía mantiene en cautiverio al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, una de las voces más críticas del régimen en Nicaragua y quien enfrenta una condena de más de 26 años de prisión.
«Es fundamental explicar que la persecución a la Iglesia católica no ha cesado. Todo lo contrario, se ha arreciado», opinó el politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga, y señaló que la dictadura trata «de dar la falsa impresión de qué todo está normal y no es así, la persecución continúa».
La abogada e investigadora Martha Molina, advierte también que «lo del destierro de los sacerdotes no significa que hay una bandera de paz entre la Iglesia y el Estado, al contrario las hostilidades continúan».
Laicos en la zona norte del país bajo asedio
Molina, quien se ha especializado en documentar los ataques de la dictadura contra el clero católico desde del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, considera que la dictadura continuará «encarcelado sacerdotes porque su objetivo es aniquilar por completo a Iglesia católica y a sus presbíteros».
«Hasta este momento, al norte del país el asedio es permanente contra la Iglesia católica y laicos, la dictadura está enviando a los paramilitares a asediar a los laicos, incluyendo a los monaguillos, algunos de ellos menores de edad. El asedio no termina, las cuentas bancarias de la Diócesis aún están bloqueadas», agregó Molina.
Una estrategia para bajar la tensión internacional
Por otro lado, Maradiaga atribuye la excarcelación y destierro de los sacerdotes a un mecanismo de la dictadura sandinista para disminuir la presión internacional. «El régimen siempre ha preferido navegar debajo del radar de la atención internacional. Es muy probable que han calculado que una excarcelación de los sacerdotes les ayude a bajar las tensiones», dijo.
Esta es la segunda ocasión en que la dictadura recurre al método de excarcelación y destierro de un grupo de personas presas políticas, el pasado 9 de febrero, fueron desterrados 222 presos políticos hacia Estados Unidos, a quienes luego despojaron de su nacionalidad.
Maradiaga forma parte de ese grupo de 222 excarcelados. «En mi opinión el cálculo es sacar a la dictadura de los titulares internacionales y disminuir la presión de la comunidad internacional contra el régimen. En otras palabras, la dictadura apuesta a que las otras crisis del mundo desplacen el tema de Nicaragua para ellos poder continuar con el afianzamiento de su proyecto dictatorial con la menor atención internacional posible. Por esa razón es fundamental no detenernos en los esfuerzos internacionales de hacer visibles las graves acciones de la dictadura», expresó Maradiaga.
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Por su parte, Molina aclaró que esta acción «no es una liberación, porque libertad es que los sacerdotes gocen libremente y ejerciendo su labor a lo interno del país. Esto fue un destierro y desplazamiento forzado».
Aunque la dictadura asegura que el destierro de los sacerdotes fue el resultado de «conversaciones» con las autoridades de la Iglesia católica de Nicaragua y la Santa Sede, Molina señaló a la dictadura sandinista de ser «oportunista y tergiversar la información a su favor», ya que el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, sus breves declaraciones no mencionó «un acuerdo entre ambos estados».
En esa misma línea, el analista político y exembajador de Nicaragua, José Dávila, considera que el destierro de los sacerdotes «fue decisión unilateral de la dictadura», sino «hubiera viajado también monseñor Álvarez».
Para Dávila con el destierro de los sacerdotes «confirma Ortega que líderes religiosos que abogan por la justicia y defienden a monseñor Álvarez son un estorbo para sus planes de imponer una Iglesia dócil y sometida a sus intereses».
Existe un plan para «acabar» con monseñor Álvarez
En cuanto a monseñor Rolando Álvarez, Molina aseguró que ha recibido información de funcionarios del régimen que por temor a represalias no los identificó, quienes le han expresado que eleve su voz a nivel internacional para que organismos de derechos humanos y la comunidad internacional exija la liberación inmediata del obispo o una muestra de vida «porque hay planes de asesinarlo y después Medicina Legal lo atribuirá a muerte natural».
«Esto tiene sentido, ya la dictadura en abril de 2018 mandó a asesinar a más de 500 ciudadanos y no pasó nada, entonces, lo mismo puede suceder ahora y esta actitud del obispo de no someterse a los caprichos dictatoriales lo pone en riesgo», alertó Molina.
«Monseñor Álvarez es un hombre no solo de oración, sino de acción y lo que nos está demostrando en este momento a todos los católicos y al mundo, es una cátedra de evangelio, es decir, él no quiere salir del país, dejar a su pueblo que está sufriendo por la dictadura. Entonces él está viviendo ese martirio en la cárcel porque no quiere dejar a sus ovejas», agregó Molina.
Para Molina solo hay dos maneras para que el obispo salga del país: «Que el Papa Francisco le ordene que salga del país y la segunda es que la dictadura lo agarre, lo suba a un helicóptero y lo deje en cualquiera de las fronteras de los países que ellos tienen cierta accesibilidad», como ocurrió con monseñor Pablo Vega, obispo de Juigalpa, en los ochenta, por que «de forma voluntaria monseñor Álvarez jamás va a dejar el país».
