La congresista republicana María Elvira Salazar solicitó a Rashad Hussain, embajador general para la Libertad Religiosa Internacional, incluir al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —partido de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua—, en la Lista de Entidades de Especial Preocupación por violaciones de la libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Salazar, en su calidad de presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental de Estados Unidos del Congreso, denunció que “el Frente Sandinista es el brazo político del sangriento régimen de Ortega-Murillo, y sus crímenes contra los fieles católicos no pueden seguir impunes”.
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Apuntó que los crímenes del Frente Sandinista contra los católicos en Nicaragua están bien documentados y por ello “es hora de agregar a los sandinistas a la Lista de Entidades de Especial Preocupación, ¡ya!”
La Lista de Entidades que suscitan Especial Preocupación es una designación por parte del secretario de Estado de Estados Unidos de una organización responsable de violaciones especialmente graves de la libertad religiosa, en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA) de 1998, modificada en 1999.
En esta Lista por persecución deliberada están incluidas organizaciones como ISIS (Estado Islámico de Irak y el Levante por su significado en Español), los talibanes y el Grupo Wagner. Las tácticas inhumanas como la tortura, la detención prolongada u otras denegaciones de derechos humanos básicos, por nombrar algunas, son razones de inclusión.
Persecución ha empeorado
En la carta la congresista le dice a Hussain que el motivo de la carta es para recordar la solicitud realizada el 18 de julio, durante su comparecencia ante el Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos y Organizaciones de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y dijo que “desde entonces la persecución no ha hecho más que empeorar”.
A su vez, Salazar, dentro de los ataques a la libertad religiosa, le recordó que el pasado 15 de agosto la dictadura orteguista cerró y confiscó a la Universidad Centroamericana (UCA); la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús y la expropiación de todos sus bienes dejando sin hogar a los sacerdotes jesuitas.
También destacó el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez. El religioso fue condenado a 10 años de cárcel tras haberse negado el pasado 9 de febrero a ser desterrado a EE. UU.
“Ha pasado más de un año desde que el obispo Álvarez fue arrestado y el régimen sandinista no da indicios de tener planes de ofrecerle libertad alguna que no implique renunciar a sus creencias o a ser desterrado del país. Es difícil imaginar un cuadro más claro de la persecución religiosa”, apuntó Salazar.
“DD. HH. de católicos más censurables en Latinoamérica”
En un comunicado de prensa, divulgado por la oficina de la congresista, Salazar reprochó que el régimen “criminal y socialista de Ortega-Murillo es también responsable de algunos de los abusos contra los derechos humanos de los católicos más censurables registrados en Latinoamérica”.
Detalló que “casi tres cuartas partes de los nicaragüenses pertenecen a la Iglesia católica, que registra más de cinco millones de fieles. Se han producido más de 400 ataques contra la Iglesia desde que se intensificaron las protestas contra el régimen en 2018”.
Y ejemplificó el ataque de policías y paramilitares a la parroquia de la Divina Misericordia de Managua, registrados el 13 de julio de 2018, cuando encerraron a jóvenes manifestantes y los masacraron. En 2020, el ataque a la Catedral de Managua cuando una bomba destruyó la famosa imagen de la Sangre de Cristo, un crucifijo de 382 años de antigüedad muy valioso para los nicaragüenses.
La encarcelación de varios líderes religiosos, el cierre de emisoras de radios católicas, la prohibición de ceremonias religiosas públicas, la ruptura de relaciones con el Vaticano tras la expulsión del nuncio apostólico, entre otros.
