Tras conocerse las recientes confiscaciones de las propiedades de los nicaragüenses despojados de su nacionalidad, entre ellos la escritora nicaragüense Gioconda Belli, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su solidaridad con ella y comparó las acciones del dictador Daniel Ortega con las del dictador chileno Augusto Pinochet.
“Toda mi solidaridad para Gioconda Belli, poeta de la resistencia nicaragüense contra Somoza, ahora perseguida por Ortega. ¡Qué paradoja! aquí, en Chile, recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba y Ortega hace lo mismo que Pinochet”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X (antes Twitter), en reacción a la denuncia que hizo Belli en sus redes sociales sobre la confiscación de su casa en Managua.
Pinochet dirigió Chile con puño de hierro y bota militar durante los 17 años que duró su dictadura (1973-1990) tras derrocar con golpe de estado al mandatario socialista Salvador Allende.
Petro se encuentra en Chile en las conmemoraciones del 50 aniversario del golpe militar, encabezadas por el presidente Gabriel Boric en el palacio de La Moneda. A la ceremonia fueron invitados diversos presidentes latinoamericanos y asistieron además de Petro, Luis Arce (Bolivia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Lacalle Pou (Uruguay).
78 propiedades de desnacionalizados han sido confiscadas
Al menos 78 viviendas y otras propiedades han sido confiscadas en Nicaragua, por la dictadura orteguista a personas que forman parte del grupo de 316 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, revela el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
En dos resoluciones del 9 y el 15 de febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó la confiscación de todos los “bienes inmuebles y empresas” de las 316 personas privadas de su nacionalidad, incluidos todos los bienes a su nombre y aquellos en los que participaran como socios.
El 1 de marzo de 2023, la Fiscalía General publicó un comunicado de prensa en el que advertía que las personas que no habían sido privadas de su nacionalidad, pero vivían en las propiedades confiscadas, tendrían que acatar las decisiones judiciales del 9 y el 15 de febrero.
“Los procedimientos judiciales en los que se ordenaron estas medidas carecieron del debido proceso y no observaron el principio de legalidad. Además, estas confiscaciones de propiedades y viviendas violaron los derechos a disfrutar de un nivel de vida adecuado y a la propiedad”, señala la Oacnudh.
