Monseñor Rolando Álvarez, el padre Manuel Salvador García, el sacerdote José Leonardo Urbina Rodríguez y el padre Fernando Zamora continúan en las celdas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos líderes religiosos han llamado la atención de las autoridades porque han denunciado los crímenes cometidos por el régimen y fueron detenidos entre 2022 y 2023.
El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de los derechos humanos en Nicaragua expuso el deterioro del derecho a la libertad de religión que enfrenta el país. “Las máximas autoridades del Gobierno realizaron declaraciones contra miembros de la Iglesia católica. Dichas declaraciones, junto con otras medidas y acciones en su contra mencionadas en este y anteriores informes, tomadas de manera acumulativa, pueden conducir a una situación de hostilidad y violencia contra los miembros de la Iglesia”, expuso el informe.
Los sacerdotes convertidos en presos políticos han sido condenados por delitos comunes en el caso del padre Manuel Salvador García y el sacerdote José Leonardo Urbina. A diferencia de monseñor Rolando Álvarez quien fue condenado a 26 años de prisión por los supuestos delitos de traición a la patria, además que fue despojado de su nacionalidad luego de negarse a ser desterrado por la dictadura junto al grupo de 222 presos políticos el pasado 9 de febrero de 2023. Sobre la situación del padre Fernando Zamora no se tiene mucha información, pero personas cercanas pudieron confirmar que se encuentra en el Distrito Tres de la Policía de Managua.
Primer sacerdote preso político
El 1 de junio de 2022, agentes policiales afines al régimen detuvieron al padre Manuel Salvador García. La Fiscalía al servicio de Ortega y Murillo lo condenó a dos años y ocho meses por los delitos de lesiones físicas y psicológicas por supuestamente haber atacado a Martha Candelaria Rivas Hernández (actual presa política del régimen).
A través de medios oficialistas se difundieron imágenes donde el sacerdote sostenía un machete entre sus manos y atacaba verbalmente a personas que rodearon la iglesia Jesús de Nazareno, en Nandaime. En días posteriores estos mismos medios al servicio del régimen publicaron una entrevista con Rivas Hernández, donde esta acusaba al padre de haberla golpeado, afirmando ser “amiga íntima” del sacerdote y que el día de los hechos el padre García se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Posteriormente, Rivas Hernández negó su primera versión de los hechos ante la jueza María Monterrey, en el Distrito Penal de Granada, por lo que fue encarcelada y enfrentó un proceso por el supuesto delito de falso testimonio.
Intento de liberación de monseñor
El pasado mes de febrero el papa Francisco afirmó en una entrevista con la revista digital Vida Nueva que continúan los procesos de negociación para la liberación del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Monseñor Álvarez se encuentra aislado en una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, mejor conocido como cárcel La Modelo. Fue trasladado a esta cárcel luego de negarse a ser desterrado del país en febrero de este año. En agosto de 2022 permaneció bajo asedio 16 días en la Curia de Matagalpa y luego pasó a “resguardo domiciliar” en Managua.
En julio pasado, diplomáticos y líderes de la Iglesia católica confirmaron que la dictadura había sostenido negociaciones para la liberación de esta figura religiosa que ha destacado entre la población nicaragüense. Sin embargo, afirmaron que monseñor Rolando Álvarez se negó por segunda vez a ser desterrado del país.
“El 10 de febrero de 2023 fue condenado sin juicio previo a 26 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de los derechos de ciudadanía de por vida, incluida la nacionalidad nicaragüense (las dos últimas, penas no previstas en la legislación nicaragüense), por los delitos de atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas y obstrucción de funciones agravada, desobediencia y desacato a la autoridad (los dos últimos, presumiblemente, por su negativa a ser expulsado). El obispo Álvarez también fue calificado en la sentencia de «traidor a la patria». Se conoció el 15 de junio de 2023 que monseñor «permanecía incomunicado y en condiciones carcelarias inhumanas”, según documentó la Oficina del Alto Comisionado.
