“Queremos aclarar cómo acontecieron estos hechos que llevaron a poner en los Estados Unidos a 222, que llamaban presos políticos”, afirmó Daniel Ortega al iniciar su discurso el 9 de febrero de 2023.
El dictador “explicaba” la deportación, el destierro de 222 presos políticos montados en un avión y llevados a Estados Unidos, a los que posteriormente despojó de su nacionalidad.
Los discursos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están llenos de estas contradicciones. Aunque afirma que otros “les llaman presos políticos” la Asamblea Nacional bajo su control, aprobó la Ley de Amnistía el 8 de junio del 2019 (Ley 996), compuesta por apenas cuatro artículos, que contemplan las siguientes disposiciones:
- Concede amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley.
- La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas; que se encuentran en procesos de investigación; que son imputados en procesos penales para determinar responsabilidad; o que se encuentran en la etapa de cumplimiento de sentencias. Por tanto, las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la ley.
- Las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de la ley deberán obtener su libertad de forma inmediata.
- Las autoridades competentes cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas por la amnistía.
- La Ley de Amnistía cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con estos que son tipificados por el ordenamiento jurídico penal vigente en Nicaragua. Exceptúa aquellos regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado Parte.
- Las personas beneficiadas por la Ley de Amnistía deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de “no repetición” traerá como consecuencia la revocación del beneficio establecido por la ley.
Si los “llamaban presos políticos”, por qué el punto número cinco menciona “los delitos políticos”.
Defensores de derechos humanos nacionales e internacionales consideran que la Ley de Amnistía era una Ley de “autoamnistía”.
El abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, explica que esta ley desde su creación no siguió el proceso debido. “La Ley de Amnistía no es legítima. No respondió al proceso de formación de la Ley como en derecho corresponde, aunque fue aprobada por la Asamblea Nacional no pasó por estos procesos que deben ocurrir para que una ley sea legítima”, aclara.
Agregó que es ilegítima porque no cumple con los estándares que debe reunir una ley de esta índole, por lo que el Colectivo de Derechos Humanos la considera “ilegal, ilegítima, inconstitucional y arbitraria”.
El mismo Ortega se ha desmentido a sí mismo y a veces en el mismo discurso. El 9 de febrero al hablar de los sacerdotes que se quedaron detenidos mencionó el caso del sacerdote Manuel Salvador García, de la iglesia El Calvario, en Nandaime, el primer religioso condenado, acusado de agredir a Martha Candelaria Rivas Hernández, quien también se convirtió en presa política por negarse a testificar contra el religioso.
“Eso fue algo público, no es nada de política, simplemente salió con un machete agrediendo, peleando con una mujer”, remarcó Ortega.
El mismo Ortega hace ver que el sacerdote se quedó porque no cometió delitos “de política”.
De igual manera se refirió al caso de monseñor José Leonardo Urbina, acusado de supuesta violación sexual a una menor. “Es boaqueño él. Lo acusó la familia de la niña, no tiene nada de política, es un delito común”, indicó Ortega.
Los presos políticos liberados estaban acusados por delitos como portación de drogas, armas de fuego, violar la “Ley de soberanía” y propagación de noticias falsas, entre otros.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas lleva un registro de las detenciones del régimen, las personas recapturadas y los delitos por los que el régimen los mantiene detenidos.
A julio de 2023 el Mecanismo reportó 78 personas reconocidas como presas políticas: 12 mujeres y 66 hombres (incluyendo 10 presos políticos detenidos previo al 2018). Incrementando la cifra en un 21% en comparación con la cifra anterior (64).
Ortega en sus declaraciones se contradice, en comparación con los datos de organismos internacionales y el listado del Mecanismo, pero sobre todo con la realidad de más de 70 presos que el régimen mantiene en las celdas y sistemas penitenciarios del país.
