Cuando Ron DeSantis, gobernador del estado de la Florida, firmó el pasado 10 de mayo la Ley HB 1718, con ella se abrió un capítulo de persecución a los inmigrantes en la Florida —como nunca antes se había visto en los Estados Unidos— por dos razones; la primera el oportunismo político del gobernador de la Florida quien aspira a la presidencia por el Partido Republicano y quiere asegurarse el voto anglo de ese país. La otra, la fobia y racismo que existe en estos momentos contra los hispanos que están entrando a ese país por millones en busca de un lugar en donde vivir en paz y criar sus hijos. En esa ocasión decía que la gran nación norteamericana, líder del mundo libre en la actualidad, se formó con el apoyo de migrantes del siglo pasado los que contribuyeron unos con su ingenio y otros con su fuerza de trabajo a forjar el país que es hoy.
Los maléficos alcances de dicha ley castigan a las personas indocumentadas que trabajen en la Florida, prohíbe que conduzcan automóviles incluso con licencias de otros estados, prohíben que las localidades emitan identificaciones a inmigrantes indocumentados, penaliza a las personas que a sabiendas traen a personas indocumentadas a Florida y exigen que los empleadores privados usen e-verificar, un sistema que verifica el estado de residencia de los posibles trabajadores. Los hospitales deben solicitar a los pacientes su estado de residencia y recopilar datos para el estado sobre cuánto gastan en brindar atención médica a inmigrantes indocumentados, los inmigrantes indocumentados que para propósitos de trabajo falsifiquen documentos, enfrentaran juicios penales que los podrían conducir a condenas de hasta diez años de cárcel. Todo esto ya es ley y se está aplicando con sus consecuencias.
Entre estas consecuencias se encuentra la afectación a la economía de ese Estado ya que muchos inmigrantes ilegales que trabajaban en labores agrícolas y de construcción, están abandonando la Florida por temor, Además de que sus empleadores se han vuelto más exigentes al solicitar documentos. Así que por donde se le mire esa fue y sigue siendo una mala noticia para nuestros compatriotas que han inmigrado a ese país, los que según las estadísticas sobrepasan los dos cientos mil, solo los que entraron en el 2022.
Pero como muy bien dice un adagio popular, no hay mal que por bien no venga. La noticia de que los Estados Unidos no aceptaría más indocumentados, trajo consigo la implementación del Parole Humanitario, un invento que se sacó de la manga de la camisa la Administración del presidente Joe Biden, para descongestionar sus fronteras. Dicho Parole Humanitario permite a ciudadanos de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua entrar a los Estados Unidos y permanecer en el país por un periodo de dos años con permiso para trabajar. Este Parole tiene como único requisito que sea un residente legal o ciudadano norteamericano el que lo patrocine y los requisitos y procedimiento no son nada engorrosos. Este procedimiento autoriza a oficiales de migración a aprobar la entrada a los Estados Unidos hasta 30,000 ciudadanos mensuales de esos cuatro países.
Hasta donde tengo entendido, Nicaragua es el país que menos se ha beneficiado de dicha ley y los que más lo han hecho han sido Cuba y Venezuela. La razón es sencilla, los cubanos hace rato sobrepasaron la cifra del millón de personas viviendo en ese país y los venezolanos que hace rato se fincaron mayormente en la Florida son acomodados económicamente, tan así que ya tienen una ciudad en donde son amplia mayoría conocida como Ciudad Doral. En cambio, nuestros compatriotas en su gran mayoría son inmigrantes de escasos recursos y les cuesta encontrar patrocinador.
Pero siguiendo con las buenas noticas, LA PRENSA el día miércoles 30 de agosto nos trajo un reportaje en que nos informaba que el juicio que algunas autoridades habían entablado contra la Administración Biden, para lograr detener el programa del Parole Humanitario, había finalizado y que había muchas esperanzas de que no fuera detenido, además que cualquier fallo que se emitiera al respecto demoraría varios meses y siempre le quedaba a la administración el recurso de la apelación.
Así que, si alguien tiene el deseo de emigrar de manera legal a Estados Unidos, todavía puede hacerlo a través de dicho programa, el que considero una bendición de Dios para el que quiere trabajar duro en ese país por dos años y retornar con algunos ahorros para implementar un negocio propio y así sacar adelante a su familia.
El autor es analista político y social.
