El organismo cívico denominado Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas ha reportado que 78 personas nicaragüenses se encuentran actualmente encerradas en distintas cárceles del país, por motivos políticos y de conciencia.
El más prominente de esos prisioneros es sin duda monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, de la Iglesia católica de Nicaragua. Como él, también los sacerdotes Manuel Salvador García, José Leonardo Urbina, Jaime Iván Montesinos y Fernando Zamora están en la cárcel en condición de presos políticos, de conciencia y de religión.
En la historia política de Nicaragua, desde la independencia centroamericana y nacional de 1821 hasta ahora, casi siempre ha habido presos políticos. Decimos casi siempre, porque de manera excepcional y honrosa en el período de gobiernos democráticos de 1990 a 2006 no hubo compatriotas presos por motivos políticos, mucho menos de conciencia o religión.
La existencia de presos políticos en un país equivale a ausencia de democracia. En el sistema democrático —por supuesto donde es auténtico— no se encarcela a nadie por sus opiniones políticas, ni por participar en actividades pacíficas de partidos y organizaciones de la sociedad civil.
Los doctrinarios políticos identifican 14 características fundamentales de la democracia, las cuales podrían ser más porque la única línea roja que hay para el ejercicio de los derechos y el goce de las libertades es que se use la violencia para imponer las propias ideas y proyectos.
Entre esas características cabe destacar el Estado de derecho y la ley igual para todos, que garantizan la seguridad jurídica de la vida, la libertad y la propiedad; la libre participación política; las elecciones regulares limpias y con garantías; la alternabilidad en el ejercicio del poder; la tolerancia política e ideológica; la independencia de los poderes del Estado; la rendición de cuentas de los gobernantes y demás funcionarios importantes; la libertad de expresión y de prensa; la responsabilidad de los ciudadanos; la limitación del poder; y el diálogo, la negociación y el acuerdo para la solución de los conflictos, entre otras.
Pero no se debería esperar hasta que existan plenamente esas características de la democracia para que no haya presos políticos. Y mucho menos si en el país reina la paz, como a menudo aseguran los gobernantes que es el caso de Nicaragua, aunque sea una paz forzada, sin libertades políticas ni derechos de los ciudadanos.
Según el mencionado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, “los derechos de estas (78) personas son vulnerados y su salud se resiente debido a la falta de acceso a alimentos y medicamentos, incluso en situaciones de enfermedades crónicas y entre la población de edad avanzada”.
Se trata de una crueldad agregada a la injusticia. Algo que al menos por razones humanitarias elementales no debería seguir ocurriendo en Nicaragua.
