Tras las acciones represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Universidad Centroamericana (UCA), a la que le congelaron sus cuentas bancarias así como sus bienes inmuebles, la universidad afirmó que continúa con su funcionamiento como casa de estudios superiores con más de 60 años de trayectoria y trata de superar «obstáculos y contratiempos».
Hasta ahora la universidad, de la Orden de la Compañía de Jesús, no ha emitido un pronunciamiento público sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias y la inmovilización de sus bienes inmuebles, sin embargo ha enviado un par de correos institucionales a su comunidad estudiantil, que se encuentra en zozobra ante el futuro de la universidad.
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La más reciente comunicación fue este jueves 10 de agosto, en la que las autoridades de la UCA afirmaron que como tantas otras «situaciones adversas» que han enfrentado a lo largo de la historia «actualmente nos encontramos realizando gestiones pertinentes para superar los obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario y nos dificultan realizar operaciones bancarias».
«Nuestro propósito es contribuir al desarrollo de nuestro país mediante la formación de calidad y con valores», indicó la UCA en el correo.
La UCA aseveró que mantiene su compromiso con los estudiantes, docentes y personal, y les mencionó que les mantendrá informados por medio de sus canales institucionales autorizados.
Jóvenes universitarios en incertidumbre
Líderes universitarios y estudiantiles este viernes comparecieron en una conferencia de prensa donde además de abordar la situación de la universidad jesuita, expresaron su respaldo y demandaron al régimen levantar las acciones represivas.
«La UCA ha sido un bastión de la educación superior en el país, promoviendo la excelencia académica, la libre expresión, la justicia social y el pensamiento crítico. Su invaluable contribución al desarrollo social, científico y cultural del país resulta innegable», leyeron en un comunicado conjunto de varias organizaciones estudiantiles y juveniles.
Asimismo, en el comunicado los jóvenes señalaron que el congelamiento de las cuentas se debe a supuestas «acusaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo», las cuales, según los jóvenes, han corroborado con «fuentes internas de la universidad».
El excarcelado político y desterrado, Lesther Alemán dijo que como organizaciones mantienen contacto con estudiantes activos, egresados y el sistema administrativo del alma mater. «Hemos recibido el descontento, la preocupación y sobre todo el malestar está generando el hecho de no saber qué pasará el día de mañana, todo lo que la dictadura ha hecho es incierto, porque no se sabe, por ejemplo, el que pagó su semestre, algún documento legal, cómo queda ese pago», afirmó.
Enseguida, Alemán precisó que los jóvenes universitarios están preocupados porque no saben qué va a pasar con los títulos, qué va a pasar con los estudiantes con matrícula activa, qué va a pasar con los cambios de notas y clases, y los egresados.
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«Esto nos afecta, estamos reaccionando por eso y quiero manifestarle que la UCA no son los edificios, ni infraestructura, la UCA son los estudiantes que hemos pasado por ella, los estudiantes activos que de manera ardua se están enfrentando a la necesidad de seguir estudiando, superarse en medio de dictadura, la UCA es el cuerpo docente, el administrativo, el rector, la Compañía de Jesús», apuntó.
El líder estudiantil aseveró que, según los estudiantes, el jueves la Procuraduría General de la República (PGR) se presentó al campus y dentro «se hablaba de una autorización de los terrenos sin autorización alguna, una de las causales por lo que se está acusando a la universidad». Afirmó que la situación de la UCA podría repercutir en el Colegio Centroamérica.
Las embestidas del régimen contra la UCA
La universidad jesuita fundada en Nicaragua desde 1960 ha estado bajo ataque permanente del régimen orteguista desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018 en Nicaragua, por haberse convertido en uno de los bastiones de los manifestantes opositores y por haber servido de refugio cuando eran reprimidos por las fuerzas policiales y paramilitares de la dictadura.
10 de agosto de 2023, la Procuraduría ordena al Registro Público inmovilizar los bienes inmuebles de la universidad, según dio a conocer el medio Divergentes. Las autoridades universitarias no fueron notificadas de la acción.
9 de agosto de 2023, la dictadura, a través del Migob, ordenó congelar las cuentas bancarias de la UCA y las de sus más altos directivos.
Recientemente Confidencial reveló que en la actualidad existen 13 universidades que están a la espera de la acreditación del CNEA, entre ellas la UCA.
El 27 de septiembre de 2022, el régimen impidió que el vicerrector de la UCA, Jorge Huete, retornara al país y así se sumó a la lista de nicaragüenses desterrados de su patria. Él viajó a Argentina para participar en una actividad de la Academia de Ciencias de Nicaragua.
En junio de 2022, el exrector jesuita José Alberto Idiáquez tampoco pudo regresar a Nicaragua, cuando se encontraba en México atendiendo problemas de salud. Él intentó asistir al traspaso de la rectoría que ahora se encuentra bajo la dirección del padre Rolando Alvarado López.
El 6 de abril de 2022, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) le quitó a la UCA el espacio que por décadas ocupó en representación de las universidades privadas del país. En su lugar incorporó a la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (Uniav), de Rivas.
Fue en 2019, cuando se concretó el castigo con un primer gran recorte con que le asignaron a la UCA solo 184.5 millones de córdobas. Es decir, 67.3 millones de córdobas menos con respecto a los 251.8 que le entregaron en 2018.
En 2020, 2021 y 2022 los recortes siguieron hasta llegar en ese último año a apenas un millón de córdobas, es decir menos del 1 por ciento de lo asignado en 2018.
El 1 de julio de 2018, el padre jesuita Idiáquez, en ese momento rector de la UCA, fue amenazado de muerte debido a su participación en la mesa de Diálogo Nacional como miembro de la sociedad civil.
