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CONTENIDO EXCLUSIVO.Tras la reforma que hizo la dictadura de Daniel Ortega a la Policía, en la cual se establece cárcel para los policías que deserten, analistas no descartan la posibilidad de que el régimen implemente un reclutamiento forzado para integrar al cuerpo policial, sobre todo por el desgaste que tienen los miembros de la Policía después de cinco años de represión en contra de la población.
Este desgaste podría provocar que las deserciones aumenten, a pesar de la amenaza de cárcel hecha por el régimen, y que posibles reclutas ya no quieran entrar a las academias policiales, lo cual podría generar que el régimen imponga un reclutamiento forzado.
La Asamblea Nacional, controlada por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó el pasado 5 de julio una reforma a la Constitución Política y a la Ley orgánica de la Policía, que cambió jurídicamente la naturaleza de esta institución y la convirtió en un cuerpo armado al servicio del dictador Daniel Ortega.
Entre otras cosas, la reforma elimina el papel profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante de la Policía y contempla la adición de enmiendas que establece hasta tres años de cárcel para los miembros de la Policía que deserten. Para algunos críticos, esto es evidencia de que el régimen no confía ni en los mismos policías, por lo cual ahora la represión también apunta en contra de ellos.
¿Nuevos policías entrarán obligados?
El mayor en retiro, Roberto Samcam, comenta que “Ortega no puede forzar a nadie a que entre a la Policía y hay un reglamento que especifica las edades, sin embargo, para aumentar la cantidad de policías lo que han hecho es que todos los que se han ido de la Policía, puedan entrar, salvo algunas excepciones y es que hayan sido corridos por delitos o fraudes”.
El artículo 96 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “no habrá Servicio Militar obligatorio, y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”.
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Samcam prevé que, en caso de que el régimen de Ortega pretenda implementar un nuevo servicio militar o un reclutamiento forzado para la Policía, la dictadura tendría que reformar la Constitución. “No creo que lo vayan a hacer”, considera.
Cabe mencionar que la Constitución Polìtica de Nicaragua también prohíbe las confiscaciones y protegía la nacionalidad de los nacidos en el país, sin embargo, el régimen ha violentado ambas prohibiciones, no solo confiscando bienes sino también despojando a los opositores de su nacionalidad. Eso sí, en esta última violación se fabricó de manera inconstitucional una reforma expedita a la Carta Magna.
Por su parte, el abogado y extrabajador del poder judicial, Yader Morazán, indica que tras la reforma a la Ley orgánica de la Policía ahora “es un hecho que al castigar la deserción, lo que está haciendo el régimen es obligando a los policías a mantenerse ahí”, lo cual ya provoca que quien esté en la Policía, esté prácticamente obligado por la ley.
Sin embargo, Morazán indica que no está claro lo que pasará en caso de que no lleguen nuevos reclutas a las filas policiales, por lo cual, en este momento es pura “especulación”, lo que se pueda decir sobre un reclutamiento forzado.
Un sociólogo que solicita anonimato por temor a represalias opina que “sería desastroso” un reclutamiento forzado para integrar a la Policía o el Ejército, porque eso podría recordar al Servicio Militar que hubo en Nicaragua en los años ochenta.
“Eso podría abrir heridas profundas entre muchos nicaragüenses y en muchos casos son heridas que no han sanado”, comenta el sociólogo, y agrega que la diferencia entre los años ochenta y la actualidad es que Nicaragua no se encuentra en una situación de guerra, por lo cual un reclutamiento forzado sería “innecesario e injustificado”.
De igual manera, el sociólogo menciona que el régimen de Daniel Ortega es capaz de cualquier cosa para conservar el poder. “A pesar de que un Servicio Militar sería exagerado por los tiempos en que vivimos, con los gobernantes que tenemos nunca se sabe”, asevera.
Cabe mencionar que la Policía ha sido el órgano clave para que la dictadura se mantenga en el poder. Hasta este año, la entidad tenía a 17,131 trabajadores, de los cuales 11,444 son para prevención, seguridad ciudadana humana. Estos son claves para prevenir cualquier levantamiento en las calles contra el régimen.
El Servicio Militar de los años ochenta era de carácter obligatorio para los mayores de 17 años, pero también hubo casos en los que fueron reclutados menores de 16. Se estima que unos 150 mil nicaragüenses cumplieron con el servicio desde que se aprobó en septiembre de 1983 hasta 1990 cuando los sandinistas entregaron el poder.
Quien se negara a cumplir con el Servicio Militar en los ochenta podía ser condenado de tres a cinco años de prisión. La reforma recién aprobada por el régimen de Ortega establece penas de entre 2 y 3 años de cárcel para los desertores.
Cárcel para desertores
A criterio del mayor en retiro, Roberto Samcam, con la nueva reforma a la ley de la Policía, “Ortega impone cárcel a la deserción porque debe manejar los números de deserciones y sabiendo que un comisionado mayor y una subcomisionada se ha ido, él ahora lo que quiere es tratar de infundir el temor entre los que quedan”.
De igual manera, Samcam considera que esta amenaza va más dirigida a los rangos medios y bajos dentro de la Policía, porque los rangos altos están más controlados por la Inteligencia de la dictadura de Ortega.
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No existe un número exacto de cuántos policías han desertado de las filas de esa institución hasta la fecha, sin embargo, desde abril de 2018 en que se dio el estallido social, se han conocido varios casos de agentes y oficiales que han abandonado las filas de la Policía, lo cual es considerado un acto de traición por parte del régimen.
Desde 2018, cuando los policías pedían su baja debido al contexto de la represión contra las protestas sociales, los superiores las negaban y en cambio, comenzaban a ser investigados y hostigados junto a sus familias. Por esa razón, los policías decidieron desertar en lugar de renunciar.
Una de las deserciones que se conoció en las últimas semanas fue la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, quien además se fue a Estados Unidos, según denunció el exfuncionario del poder judicial, Yader Morazán.
El abogado cree que tras la reforma policial hecha por la dictadura, “la Policía ha dejado de ser una Policía comunitaria para convertirse en una fuerza armada estrictamente dicho”, sobre todo por su participación en la represión y su sumisión a Daniel Ortega.
