Tras el fallo este jueves de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Países Bajos) en donde rechazó la pretensión de Nicaragua de expandir su plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas, expertos consultados por la Voz de América aseguran que viene lo más difícil: encontrar mecanismos de diálogo y de concertación del más alto nivel entre Bogotá y Managua.
Y es que tras el fallo que benefició a Colombia viene la implementación de lo decidido por el CIJ en el 2012 en temas variados como protección marina, tránsito, pesca, lucha contra el narcotráfico y el turismo, explica Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, de la Universidad de Costa Rica (UCR).
«Ambos aparatos diplomáticos deberán poner a sus mejores equipos de negociadores en aras de lograr una paulatina normalización de sus relaciones», señala Boeglin a la VOA, asegurando que este 13 de julio culminaron 22 años de contienda legal entre ambos Estados.
«Es un gran día para América Latina y la comunidad del Caribe», indicó.
Colombia celebró la decisión de la CIJ y Nicaragua reconoció de inmediato la sentencia de la Corte Internacional. «Es una sentencia firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento», dijo la representación de Managua, aunque llamó a Colombia a que reconozca “el valor y eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la sentencia dictada en 2012”.
En dicha sentencia se delimitaba la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua en el Mar Caribe hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base de las costas nicaragüenses y Colombia se rehusó a cumplir dicha sentencia.
La decisión, que culmina un largo pleito judicial que inició en 2001, cuando Managua realizó la primera demanda ante la CIJ y que enfrentaron diferentes gobiernos colombianos, representa “el fallo más importante para Colombia en el derecho internacional”, según explicó Fabián Cárdenas Castañeda, profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, a la VOA.
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Cárdenas coincide por separado con Boeglin en que asuntos como la geopolítica, la gobernanza marina, los derechos pesqueros, entre otros, “son temas que continuarán por décadas con Nicaragua, que quedaron pendientes del litigio”, pero que no se resolverán por vía de un tribunal, sino que tendrán que negociarse de manera directa entre las partes.
¿Y si no hay diálogo o acuerdo?
Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario de Colombia, asegura que en caso de que Nicaragua no acate el fallo, así como lo hizo Colombia en las dos primeras ocasiones, vendrían panoramas complejos.
“Es un escenario político que Nicaragua decida no cumplir. Entonces ahí nos enfrentamos a un conflicto diplomático, entre los dos países, de que decidan cómo van a solucionarlo”, explica Prieto, quien enfatiza en que podrían continuar las tensiones diplomáticas y aquí “es importante recordar que en los dos anteriores fallos la Corte Internacional de Justicia le ha sugerido a los dos países que se sienten a negociar un tratado bilateral, que ya ponga fin a esto”.
Elizabeth Taylor, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia y coagente encargada del caso, dijo que la Corte es clara en su fallo, el cual es “inapelable” y ahora se abre un escenario de posibilidades, en los cuales “no se descarta el uso de los canales diplomáticos usuales”.
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Según los analistas, con el fallo de este año, Nicaragua pierde la oportunidad de extender su dominio frente a depósitos mineros y de hidrocarburos, en caso de tener algún interés económico sobre ellos, según dijo Enrique Prieto-Ríos.
“Desde la parte de Colombia, nuestro lecho marino cuenta 200 millas náuticas, desde la línea base, lo que implica que, si Nicaragua tenía alguna pretensión económica sobre esos recursos que se encuentran allá, pues ya perdió toda la oportunidad”, concluye.
En tanto Boeglin indica que el fallo devuelve a los dos Estados en el tiempo a lo dictaminado en noviembre del 2012: una solución bastante compleja, con islas colombianas enclavadas en espacios marítimos nicaragüenses y que obliga a los Estados a acordar arreglos de diversa índole.
«Toda esta agenda bilateral marítima en el Caribe quedó suspendida desde el 2012», finaliza Boeglin.
