Miembros de la sociedad civil de Nicaragua participan este 13 y 14 de julio en el Foro Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE-ALC), que se celebra en Bruselas, Bélgica, como evento previo a la Cumbre de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-Celac), que es un espacio de diálogo que reúne a líderes europeos, latinoamericanos y caribeños para fortalecer las relaciones entre ambas regiones.
Entre los participantes nicaragüenses se encuentran Haydeé Castillo, Anexa Alfred Cunningham, Félix Maradiaga, Alexander Reyes y Enrique Martínez, quienes consideran que la Cumbre EU-Celac será la oportunidad para pedir acciones a los gobiernos europeos y unidad de los países de Latinoamérica, para frenar los desmanes de la dictadura de Daniel Ortegta en Nicaragua.
Desde 2018, Nicaragua vive en crisis por la represión armada contra las protestas civiles, que dejó más de 300 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los siguientes años han sido de violencia política, persecución, encarcelamiento de opositores y críticos, exilio, destierro y confiscaciones de bienes privados.
En últimos cinco años, los países que conforman la UE y la mayoría de los Estados latinoamericanos han condenado en diferentes foros las violaciones de derechos humanos que comete Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en Nicaragua, sin embargo, eso no ha sido suficiente para detener las arbitrariedades de la dictadura y obligarlos a superar la crisis a través de una salida pacífica y democrática.
Particularmente la UE, a través del Parlamento Europeo, ha discutido la situación de Nicaragua nueve veces en los últimos tres años. También han impuesto sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Pero la mayoría de los opositores se quejan de que las presiones diplomáticas no van a acompañadas de acciones. En cambio, los mismos países que se han pronunciado en contra de Ortega mantienen relaciones comerciales y la cooperación que administra el mismo régimen, mientras se mantiene la represión y encarcelamiento de los críticos, incluso sacerdotes de la Iglesia católica, como es el caso emblemático del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Alfred Cunningham, abogada y defensora de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe del país, dijo que tiene como meta seguir haciendo incidencia para que los países que han condenado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no sigan financiando al régimen de Daniel Ortega.
Los tildan de promover un bloqueo para Nicaragua
Alfred relató que debido a esta demanda que hacen diferentes actores de la sociedad civil nicaragüense han sido señalados de promover un bloqueo para el país, pero dijo que lo que esperan es que “no haya una doble moral” de parte de la comunidad internacional.
“No es posible que los organismos de derechos humanos estén diciendo que en Nicaragua se cometieron violaciones de derechos humanos y, por otro lado, estén financiando actividades que van a perpetuar la impunidad. Ese doble discurso no debe ser permitido y no es que estemos promoviendo un bloqueo, porque esa ha sido la respuesta que nos han dado, pero no pueden ir en contra de lo que se ha aprobado, hay un consenso internacional de derechos humanos. Esa doble moral, ese discurso hay que atacarlo”, dijo Alfred.
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Uno de los organismos financieros más cuestionados es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los críticos afirman que el BCIE ha aprobado cerca de 3,500 millones de dólares en financiamiento para iniciativas “que se implementarán bajo los auspicios del régimen”.
UE, de los principales destinos de exportación
Particularmente la UE tiene el Acuerdo de Asociación (AdA) con Centroamérica, el cual establece una cláusula democrática que obliga a los países firmantes a cumplir con elecciones libres y justas, y respetar los derechos humanos en sus países, algo que el Estado de Nicaragua no está cumpliendo y la UE lo reconoce.
La UE es de los principales destinos de las exportaciones de Nicaragua, solo por detrás de Estados Unidos y Centroamérica.
El portavoz de la Comisión de la UE, Peter Stano, declaró esta semana que cancelar los acuerdos con Nicaragua afectaría más a la población nicaragüense que al propio régimen orteguista.
Piden evaluación de Nicaragua en el ADA
La opositora y activista de derechos humanos, Haydeé Castillo, manifestó que lo que piden a la UE es una evaluación del cumplimiento de Nicaragua de los establecimientos del AdA.
“Nosotros estaríamos esperando que la junta de comercio y desarrollo sostenible, que son instancias del AdA donde se reúnen las autoridades de alto nivel de las dos partes, pudieran realmente hacer una evaluación a profundidad, en donde pueda reflejarse claramente que Nicaragua no está cumpliendo con ninguno de los estándares básicos del acuerdo de comercio y desarrollo sostenible”, manifestó Castillo.
Castillo también dijo que otra de las demandas que quiere hacer llegar a la Cumbre UE-Celac es la conformación de un grupo de países en el marco de estas relaciones birregionales, para que busquen una salida a la crisis que vive Nicaragua e insistir en la liberación de los presos políticos.
“Estoy aquí para conversar con las autoridades de la Unión Europea, con algunas de las autoridades de latinoamérica, con la misma sociedad civil europea y de latinoamérica, para buscar cómo este fortalecimiento del diálogo político, de este grupo de países y de Estados amigos de Nicaragua, busquen la manera de encontrar una salida a semejante crisis que vive Nicaragua, no puede haber comercio y desarrollo mientras se violenta los marcos democráticos, mientras se violentan las libertades y mientras no hay respeto a los derechos humanos”, expresó Castillo.
Incidencia frente al Fondo Verde
Además, Alfred y Castillo coincidieron en que en este momento los esfuerzos de incidencia están dirigidos al Fondo Verde para el Clima, para que no entregue a Nicaragua los 115.7 millones de dólares aprobados para el proyecto BioClima, propuesto por el gobierno de Ortega en 2020 y que fueron congelados precisamente por las denuncias de las comunidades indígenas de Nicaragua.
“Recordemos que muchos de los fondos del Fondo Verde vienen de los mismos países, porque el Fondo Verde pertenece a Naciones Unidas también. Hay que incidir y hay que visibilizar esa situación, porque la plata sabemos que no va a llegar para lo que dicen y esta será una afectación a nivel de país, no solo para los pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijo la abogada de origen indígena de la etnia miskitu.
El joven opositor exiliado, Enrique Martínez, también participó en el foro de este jueves, dedicado a las juventudes y a la sociedad civil. Martínez, delegado de la Unidad Juvenil y Estudiantil de Nicaragua, denunció la crisis y desigualdades que viven los jóvenes nicaragüenses, la situación de persecución y encarcelamiento de opositores y, al igual que Anexa Alfred, transmitió la inquietud para que no se siga financiando a Ortega.
“Expresamos que la mayoría de fondos que ingresan a Nicaragua mediante la cooperación o financiamiento son empleados para otro fin y está relacionado con el tema de la represiónm más allá de un verdadero desarrollo país”, dijo Martínez.
“Oxígeno para el aparato represor”
Alexander Reyes, quien participó de parte de la Plataforma Nicaragüense de Redes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), manifestó que la UE debe reconocer el impacto en la cooperación a Nicaragua.
“Hay que recordar que la UE es una contraparte para el desarrollo económico en el país, y, por tanto, el que la UE reconozca que en Nicaragua está establecido un regimen autoritario, violatorio de derechos humanos y criminal, va a tener su impacto en la cooperación que realiza la UE a Nicaragua y que termina oxigenando al aparato represor estatal”, expresó Reyes.
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La Plataforma Nicaragüense también emitió un pronunciamiento de cara al Foro, en el que reconocen que “es una oportunidad amplia para continuar evidenciando la situación de declive de los derechos humanos en Nicaragua, en especial el derecho a la libre asociación”. En ese sentido recordaron “las más de 3 mil organizaciones de sociedad civil que han sido arbitrariamente clausuradas por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, entre otras denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
