En una nueva resolución del Parlamento Europeo (PE) sobre la situación en Nicaragua, que será sometida a votación este jueves 15 de junio, los eurodiputados lamentan el continuo deterioro de la crisis en el país y la escalada de la represión contra personalidades de la oposición política, la Iglesia católica, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
En particular demandan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación «inmediata e incondicional» de todas las víctimas de detención arbitraria, incluidos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por denunciar los abusos cometidos contra los nicaragüenses, además de la anulación de todos los procedimientos judiciales en su contra, incluidas sus sentencias.
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La resolución «condena en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez; insta al régimen nicaragüense a que ponga fin inmediatamente a la represión y restablezca el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias».
Además «condena la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en Nicaragua; hace hincapié en que el sistema judicial carece de independencia respecto del poder ejecutivo; expresa su preocupación por la manipulación del Derecho penal y el uso del sistema judicial como instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos».
Piden a la UE sanciones para Ortega, jueces y fiscales
En la resolución, los parlamentarios reiteran a la Unión Europea (UE) su petición de que se incluya «a los jueces y fiscales nicaragüenses en la lista de personas sancionadas por la Unión (Europea) y de que se amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano».
Durante la sesión plenaria de este martes 13 de junio, en Estrasburgo, el eurodiputado Leopoldo López Gil calificó de «abominable» las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. «El régimen de los Ortega Murillo continúa ejerciendo la represión, sistemática e institucionalizada con el único fin de mantenerse en el poder», dijo.
López denunció que Ortega y Murillo «han obligado la destierro forzoso, despojan de nacionalidad a aquellos que expresan opiniones contrarias, entre ellos, políticos, periodistas y religiosos. Además, la persecución que sufren los medios de comunicación, las ONG y los constantes ataques a la Iglesia católica han confirmado la canalla dictadura ante los ojos del mundo».
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Por su parte, la eurodiputada Soraya Rodríguez sostuvo que «hay que sancionar a Ortega, hay que sancionar a los jueces que están dictando estas sentencias claramente contrarias a los máximos principios de derechos humanos».
Rodríguez instó además a «abrir las vías de las jurisdicción universal de los países de la Unión Europea para acabar con la impunidad de estos dictadores».
Piden suspender a Nicaragua del AdA
Los eurodiputados también exigen a suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, como parte de una nueva sanción en contra del régimen Ortega Murillo.
«Exigimos a la Unión Europea que aplique la cláusula democrática con el Acuerdo con Centroamérica», pidió López.
Sin embargo, el alto representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, defendió la permanencia de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, ya que argumentó que su suspensión implicaría perjudicar a la población nicaragüense que sufre las consecuencias del régimen.
«Algunos de ustedes han pedido que se suspenda la aplicación de Acuerdo de Asociación (…) No se ha considerado apropiado, porque eso no haría sino llevar más sufrimiento a Nicaragua», expresó Borrell, quien considera que la suspensión de Nicaragua del AdA implicaría «una doble penalización para un pueblo que ya ha sufrido bastante soportando a su régimen».
Organismos internacionales de DD. HH. deben regresar a Nicaragua
En el escrito, los parlamentarios instan a la comunidad internacional a que exija al régimen nicaragüense la responsabilidad de garantizar que las condiciones de detención cumplan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y guarden coherencia con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela).
Expresa también «su apoyo a los ciudadanos nicaragüenses que protestan contra el régimen de Ortega y Murillo» y subraya que el pueblo nicaragüense «merece disfrutar de las libertades y los derechos que se respetan en una democracia; pide que el régimen restablezca el estatuto jurídico legítimo de los partidos de la oposición que han sido objeto de una prohibición arbitraria».
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Destaca a la vez «el papel clave desempeñado por la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la Iglesia católica en Nicaragua» y agrega que «debe autorizarse a los organismos internacionales de derechos humanos a regresar a Nicaragua, en particular a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH».
Piden abrir una investigación a través de la Corte Penal contra Ortega
La resolución pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma abran una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional (CPI), contra Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, de los que son responsables el Estado nicaragüense y el propio Daniel Ortega.
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Asimismo solicita a la Unión y a sus Estados miembros que sigan de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes en el país y sus embajadas en Nicaragua.
Y encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima y al Gobierno y el Parlamento de la República de Nicaragua.
Preocupación por relación con Rusia y China
El Parlamento Europeo lamenta la conformidad de Nicaragua con Rusia, «que se pone de manifiesto en las votaciones del país a nivel de las Naciones Unidas, así como en la cooperación política y militar, como la transferencia de equipos militares rusos e infraestructura de seguimiento por satélite, el acuerdo para que las fuerzas rusas se formen en Nicaragua y el acceso a Nicaragua para las tropas rusas, las aeronaves militares y los buques militares; manifiesta su preocupación por la posible ampliación de la vigilancia rusa en la región».
También indican que «observa con pesar la disolución de las relaciones oficiales con Taiwán tras el paso de la inversión taiwanesa en Nicaragua a fondos de la iniciativa de la Franja y la Ruta y de la nueva Iniciativa de Desarrollo Global de China, que pueden ampliar el alcance de China en Centroamérica mediante el control de proyectos como el canal nicaragüense».
