Con la extensión del parole humanitario para nicaragüenses, hecho por el gobierno de Joe Biden en enero pasado, se han abierto las puertas de Estados Unidos para que migrantes nicas viajen de manera legal al territorio norteamericano y puedan trabajar y vivir ahí por dos años.
Este beneficio también ha sido usado por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega, quienes en su momento han proclamado el discurso oficial antimperialista que tilda a EE. UU. de ser un país «agresor» a la soberanía nacional.
Ese discurso y las publicaciones en que se les veía a los simpatizantes en actos políticos o todo que los vincule con la dictadura han sido eliminados de sus redes sociales como Facebook e Instagram, y otros incluso han eliminado por completo sus cuentas como estrategia para entrar sin problema a EE. UU.
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Desde una subcomisionada de la Policía, una testigo que declaró en el juicio contra el obispo Rolando Álvarez, reconocidos paramilitares, periodistas oficialistas, exmiembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) —que funciona como el brazo represor del régimen en las universidades—, hasta trabajadores del Estado, forman parte de la lista de orteguistas que han entrado a EE. UU. gracias al parole humanitario.
LA PRENSA ha contabilizado más de 30 simpatizantes del régimen Ortega-Murillo que han llegado a Estados Unidos en los últimos meses.
«Es inconcebible»
La llegada de estos simpatizantes ha sido expuesta en redes sociales por el exfuncionario del poder judicial y experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, y por el excarcelado político y cronista deportivo, Miguel Mendoza, además de otros nicaragüenses.
El cronista deportivo y excarcelado político, Miguel Mendoza, dijo a LA PRENSA que el motivo de sus publicaciones en redes ha sido exponer a los orteguistas, pues considera «inconcebible» que este tipo de personas hayan aprovechado el beneficio humanitario de los migrantes.
«Recordemos que este sistema humanitario establecido por EE. UU. fue a propósito de la cantidad de miles y miles de nicaragüenses que estaban cruzando la frontera de manera irregular porque tenemos una dictadura en Nicaragua que no ofrece ni estabilidad económica, política y social, aprovecharon los ciudadanos perseguidos y los que estaban con dificultades económicas y cruzaron la frontera para buscar trabajo y un futuro que en Nicaragua se les niega», manifestó.
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Mendoza reiteró que es inconcebible que los simpatizantes del orteguismo que participaron y celebraron «las muertes de más de 355 nicaragüenses (según la CIDH), asediando, reprimiendo a ciudadanos, que también se vengan aprovechando el beneficio».
El excarcelado político mencionó que está seguro de que en EE. UU. se respeta la libertad y él expone los casos para que «la gente les dé pena y vergüenza de las cosas que hicieron allá insultando a este país (EE. UU.) y no solo del país sino de la gente que ha sufrido. Me resulta divertido que borren de sus redes sociales sus fotos donde aparecen con la bandera roja y negra en manifestaciones, borran su pasado, qué triste es no tener ni personalidad ni dignidad».
Los simpatizantes y militantes
El caso más reciente develado por Mendoza es el de Daleska M. Rodríguez, miembro de la UNEN, de 27 años, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Politécnica (UNP, antes extinta Upoli).
«Ni Judas fue tan traicionero como la compañera Daleska M. Rodríguez, miembro de la UNEN, que de abrazar la bandera de la muerte no vaciló en mostrarse con la del imperio», denunció Mendoza. Rodríguez es originaria de Managua.
De acuerdo con la información de Mendoza, Rodríguez ahora está en EE. UU. «donde los ‘enemigos de la humanidad'». El cronista deportivo indicó que «la compita borró su Instagram, pero no su Facebook, eso sí, no aparece ya ninguna foto donde andaba de turbita persiguiendo a los estudiantes azul y blanco».
La joven aparece en fotografías con el jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, y en otras con la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, portando camisa con el logo del FSLN.
Otro de los que se han beneficiado del parole humanitario —denunció Yader Morazán— es Rafael Antonio Prado Castro, del municipio de La Dalia, Matagalpa, a quien reconocen en dicho departamento como paramilitar.
Según Morazán, Prado Castro está alistando maletas para viajar al «imperio» bajo el parole humanitario.
Sobre él, dice que fue «chofer escolta y es cuñado de Pedro Haslam, jefe de los paramilitares de Matagalpa, quien intercedió para darle tierras ubicadas por el Centro Tecnológico Baldovino, en el municipio de Muy Muy, como pago por su «participación» en la Operación Limpieza».
Mendoza, por su parte, con sorna publicó en su cuenta de Twitter el caso de Claudia Tamara García Barberena, de Chontales, quien fungió como presidenta de la UNEN.
«Una joven presidente de UNEN que fue víctima del fallido golpe promovido en 2018 por el imperio. Ella quedó con tantos traumas que no tuvo otro camino que huir paroleada al imperio», publicó Mendoza en su tuit acompañado de un video donde García Barberena aparece relatando lo que supuestamente pasó o sufrió en su vivienda.
«Mi papá me pedía que no saliera porque por el cargo que tenía como presidenta de la UNEN, en ese momento en las redes sociales nos atacaban, llamaban al odio a todos los dirigentes estudiantiles», dijo la expresidenta de la UNEN en un video de un medio oficialista.
LA PRENSA corroboró que el 27 de marzo de 2019, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) otorgó a García Barberena un reconocimiento por su «abnegado trabajo como dirigente de la UNEN».
Otro de los casos que recibió Mendoza es el de Byron Ruiz Blandón, hijo de la miembro de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del barrio Sabadell, en Matagalpa, Esperanza Blandón Rivera.
Asimismo, Freddy Montoya, a quien en Sébaco, Matagalpa, reconocen como paramilitar, llegó a Estados Unidos gracias al parole. A Montoya lo señalan de ser uno de los principales en «desmontar el tranque en Sébaco. El que intimidaba a la población por las noches».
También le hicieron llegar el caso de Jims Orozco y su hermano, hijos de un comisionado de la Policía —institución sancionada por EE. UU. — que ya están en suelo norteamericano.
Morazán reaccionó al caso de los hermanos Orozco y dijo: «¡Ve! dónde me vine a encontrar a los expolicías chinandeganos que me topé en una barbería del lugar donde vivo y que dijeron que son capaces de dar la vida por el comandante. Además de hacer mofa de los muertos, apología del crimen, y los criminales».
Igualmente denunciaron a Henry Muñoz, a quien identifican como paramilitar en Niquinohomo y extrabajador de la Alcaldía de esa localidad. «Está huyendo a la USA (…) se están marchando y el comandante se está quedando sin sus paramilitares», le escribieron a Mendoza.
Mendoza publicó la llegada a EE. UU. de José David Gutiérrez Beteta, reconocido como trabajador del Ministerio de la Familia. Es «acusado por ciudadanos de presentarse de ‘oreja’ en las marchas cívicas de 2018 donde hacía fotos a sus conocidos que participaban y luego pasárselas a los policías. A como ven en una captura, hasta saluditos le dedicaba en su cumpleaños a la co-dictadora Chayo (Rosario) Murillo. Ahora vive feliz en Nueva York», mencionó el cronista deportivo.
Mendoza también expuso el caso de Flor Vallejos Ávila, de San Juan de Limay, en Estelí, identificada como «turbita y oreja contra los azul y blanco (opositores)».
Vallejos aparece en fotografías con la alcaldesa de San Juan de Limay, la orteguista Flor María Mendoza.
El exfuncionario del poder judicial reportó la llegada de Lauren Cárdenas, hermano del comisionado de la Policía, Fabio Cárdenas, a quien señalan de despojar a los opositores de sus celulares, como le pasó a Juan Sebastián Chamorro.
Morazán mencionó que Fabio antes era el oficial que acompañaba al cardenal Leopoldo Brenes.
En esa misma línea, Mendoza expuso el caso de Daniel Orozco Castellón quien está «en el imperio con parole». El cronista deportivo mostró cómo Orozco Castellón borró todas las fotos de sus redes sociales donde aparecía en diferentes operativos contra la población. «No fue maje», publicó Mendoza.
Mendoza también denunció la llegada de Milagros Calero, quien por años trabajó como presentadora en el oficialista Canal 8, donde hablaba en bien de la pareja de dictadores y se le veía marchar y aparecer entre los participantes de las actividades del orteguismo.
«Ambos beneficiarios borraron todas sus publicaciones revolucionarias, a petición de su patrocinadora Anna Soza Jarquín», publicó Morazán en referencia a Gabriela Alejandra Rayo Castro, quien figuró como testigo en el caso fabricado por la dictadura en contra de monseñor Álvarez; así como su esposo Juan Alberto Soza Jarquín, reconocido en Matagalpa como paramilitar de la dictadura orteguista.
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Morazán también denunció el ingreso a EE. UU. de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez.
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El exfuncionario del poder judicial escribió que Guzmán defendió al régimen hasta el último día de su estancia en dicha institución, al punto de ser ascendida en septiembre del 2021, durante el acto del 42 aniversario de fundación de la institución policial.
Mendoza expuso a Gustavo Escorcia identificado como «turbero», persona simpatizante del régimen que agredió a manifestantes e incluso a periodistas.
«Durante las protestas de 2018 era organizador de turbas y uno de los agresores que entraron a la Catedral. Hace poco se fue a los Estados Unidos (el imperio que criticaba mucho) con el parole humanitario», precisó.
Igualmente ventiló la llegada de Anabell Barrios, esposa del exalcalde de Rivas, Wilfredo López, a través del parole.
«Recuerdo a Wilfredo en el estadio de Rivas, un sapo de los más fanáticos. Su mujer, la misma que hace unos años fue deportada de EE. UU. al descubrírsele robando en una tienda», indicó.
El periodista Donaldo Hernández expuso el caso del presentador de Canal 8, José Trejos, quien «se burló del padre Edwing Román cuando fue hospitalizado en 2020, luego de acompañar a familiares de presos políticos en una huelga de hambre».
Trejos como trabajador del medio oficialista atacó siempre a los medios independientes, opositores e incluso a Estados Unidos. «Aunque hoy está en Estados Unidos, antes criticaba a este país y decía que se quedaba en Nicaragua. Pero la vida le cambió», escribió Hernández.
Mendoza expuso la llegada de René Navarro, casado con Claudia Avilés, hermana del jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés. Navarro habría llegado al territorio norteamericano gracias al parole.
Otro de los orteguistas expuestos es Franklin Rodríguez, hijo del magistrado Frank Rodríguez, de Matagalpa.
Además Yasser Rivera, extrabajador del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) e hijo del registrador de la Propiedad de Matagalpa, Nieves Rivera y de la secretaria judicial Hazzel Rivera. «También se encuentra con parole. En ambos casos sus padres fanáticos no convencen ni a su propia familia (centro)», remarcó Yader Morazán.
El abogado también expuso a Erick Barrantes y su pareja Martha Ochoa, ambos de Somoto y corresponsales del Canal 8, además ella era trabajadora de la Alcaldía.
Continuó mencionando el caso de Krisstyam Pérez Rodríguez, extrabajador del Ministerio de Educación (Mined), según Morazán «corrido por robo, quien es casado con la hija del secretario político y jefe de los paramilitares de Matagalpa, Pedro Haslam. Dijo que iba a celebrar cuando cayeran ‘las hermanas Morazán’, pero se fue a pedir asilo».
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De la misma manera expuso el caso de Iris Rodríguez y su esposo Erick Silva. Ella fue defensora pública de Matagalpa y él extrabajador de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Matagalpa. «Ambos apoyaron la operación limpieza y se tomaban foto con paramilitares», publicó Morazán.
Ventiló el caso de Digna Espinoza Palma, quien fungió como psicóloga de la Policía y de los equipos interdisciplinarios de Violencia de Matagalpa. «Hacía espionaje político en abril, y denunció hasta a sus propios hermanos. Es hija del reclutador de paramilitares de Matagalpa, Napoleón Espinoza», dijo el exfuncionario del poder judicial.
Continuó publicando el caso de Carlos Zeledón, a quien identificó como paramilitar y exguarda de seguridad del complejo judicial de Matagalpa. «Conocido popularmente como Calón o el Bebé, participó en la Operación Limpieza bajo el encubrimiento laboral de Recursos Humanos y la administración de su centro laboral», explicó Morazán.
A la vez publicó el caso de Luiska Sofana Campos González, extrabajadora del poder judicial, quien junto a su familia, dijo Morazán, «defienden aún la ‘gestión del buen gobierno’, ella ahora desde el estado de Washington, desde donde tramita su asilo político».
También denunciaron los casos de los trabajadores de medios oficialistas que ahora viven en EE. UU., entre ellos Carlos Salgado, camarógrafo de El 19 Digital; Amanda Pérez, de Canal 8; Cristian Carrión, Canal 4 y Guillermo González, camarógrafo de la Presidencia.
