Gabriela Alejandra Rayo Castro, una nicaragüense que figuró como testigo en el caso fabricado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de monseñor Rolando Álvarez, llegó a Estados Unidos junto con toda su familia bajo la figura del parole humanitario, un beneficio que fue otorgado por el gobierno de Joe Biden a nicaragüenses para que entren y vivan de forma legal en ese país por dos años.
La información la compartió el exfuncionario del poder judicial y experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, a través de sus redes sociales. El esposo de Rayo, según Morazán, es Juan Alberto Soza Jarquín, reconocido en Matagalpa como paramilitar de la dictadura orteguista.
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“Ambos beneficiarios borraron todas sus publicaciones revolucionarias, a petición de su patrocinadora Anna Soza Jarquín“, denunció Morazán.
A mediados de enero pasado, el régimen enlistó a los 12 testigos y cuatro peritos que declararon en el juicio contra el obispo, entre estos destacaron tres policías, dos trabajadores del Estado y varios simpatizantes sandinistas, entre ellos Gabriela Alejandra.
Actualmente el obispo Álvarez permanece encarcelado arbitrariamente en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como La Modelo, condenado a 26 años de cárcel tras haberse negado a ser desterrado a Estados Unidos junto a las 222 personas presas políticas el 9 de febrero pasado.
El exfuncionario Morazán indicó que ahora la familia podrá completar la agrupación del baile que fundaron en Matagalpa, donde aparecen varios integrantes de esa familia encapuchados y con armas, una danza que han replicado en Miami, Florida, donde se encuentran otros parientes y llegaron Gabriela y Juan Alberto.
“Aunque les falte cargar las AK-47 (hacen el baile)”, sostuvo Morazán.
Familia se dedica a “acciones criminales”
Morazán dijo que para nadie es un secreto en Matagalpa que la familia Soza en ese departamento “se dedica a acciones criminales (…) que van desde ataques a actividades de la Iglesia (católica), testigos falsos y paramilitarismo”.
Indicó que “incluso estando en EE. UU. una de ellas publicó a un opositor que se exilio por su seguridad”.
En declaraciones anteriores a LA PRENSA, Morazán señaló que la llegada de la subcomisionada de la Policía, María de Jesús Guzmán Gutiérrez, y este tipo de casos “deberían de ser una alarma o un tipo de reflexión para que la elegibilidad del parole mejore o perfeccione los mecanismos de control”.
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Añadió que el problema del parole humanitario, a su criterio, “radica en que los requisitos para tramitar el parole no son tan rigurosos y no hacen preguntas de fondo que podrían cuestionar la elegibilidad de una persona que ha estado involucrada de alguna manera en actos de represión o corrupción en Nicaragua. Básicamente para el parole toman como referencia los parámetros de solvencia económica del patrocinador y que el beneficiario pase los filtros de criminalidad dentro del territorio estadounidense, no tiene un examen minucioso, como el caso del asilo político, por eso es que vemos que muchas personas allegadas al régimen han venido a EE. UU.”.
Testigo y esposo paramilitar
Morazán expuso con pruebas que Juan Alberto aparece en dos ocasiones en el sistema Nicarao del poder judicial como acusado. “Estoy seguro que el joven no dijo a las autoridades de Migración que desde adolescente le gusta delinquir”, dijo.
En cuanto a Gabriela Alejandra, el exfuncionario señaló que “también estoy seguro que la testigo de los hechos falsos del caso de la Curia Episcopal de Matagalpa que terminó con la expulsión de los sacerdotes (exceptuando monseñor Álvarez), tampoco dijo en qué rollo andaba metida”.
Ambos —dijo Morazán— acusaron al opositor Félix Adán Castillo Callejas a quien “después de llegar a romperle las ventanas a la casa de Castillo, (Juan Alberto) se hizo la víctima y en contubernio con su esposa lo acusó, utilizando al sistema de Justicia como suelen hacerlo en Matagalpa”.
Juan Alberto también se libró, según Morazán, de ser imputado por la Fiscalía de Matagalpa en el asesinato de la ciudadana estadounidense Ariana Martínez García.
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“También se le olvidó decir que la Fiscalía de Matagalpa le hizo el favor de no imputarle delito por su participación en los hechos que terminaron con el femicidio de la ciudadana estadounidense Ariana Martínez García, pese haber sido mencionado en los hechos acusados”, tuiteó Morazán.
Asimismo denunció que a Juan Alberto “se le olvidó decir que su tío es paramilitar confeso (Luis Hilario Soza) y que después de abril le eliminaron a solicitud de la Fiscalía una orden de captura internacional por delitos sexuales en Matagalpa”.
