Daniel Ortega dice que Estados Unidos le debe a Nicaragua 12,216.600 millones de dólares por daños causados al país en la década de los ochenta. El problema es que no dice lo que él, y su gobierno de entonces, le deben al pueblo nicaragüense.
La cifra en cuestión no fue producto de un cálculo hecho, ni mucho menos aprobado, por la Corte Internacional de La Haya, sino de estimados del régimen. Así, por ejemplo, le asignaron 2,546.6 millones a lo conceptuado como “perjuicio al potencial de desarrollo”, 2,443.2 en perjuicios morales, 2 mil al daño al desarrollo social, 900 por los muertos y heridos, etc.
No hay duda de que en dicho período Nicaragua sufrió una guerra civil con grandes pérdidas humanas, económicas, sociales y morales. También es indudable que Estados Unidos apoyó a uno de los bandos en lucha, los contras, así como los comunistas soviéticos y cubanos apoyaron al otro, los sandinistas. Lo que no se ha aclarado suficientemente son las raíces o causas que llevaron a este triste capítulo y, con ello, a quiénes son los mayores deudores.
Para ilustrar esto retrocedamos a julio de 1979. Somoza había caído. El pueblo estaba eufórico y, junto con los países amigos, veía con optimismo el futuro: había que reconstruir el país y transitar hacia una nueva democracia que dejase atrás el continuismo dinástico de las últimas décadas.
Estados Unidos ofreció su cooperación. Su presidente Carter aseguró los primeros 70 millones de dólares en ayuda. Los nicas se sentían unidos, listos a caminar hacia un futuro promisorio. Pero, ¡ay!, los comandantes tenían una agenda distinta y solapada: hacer de Nicaragua una república marxista leninista muy semejante a la Cuba castrista. Las pruebas de esto son abundantes y no necesitan reiterarse.
Pero había algo más grave aún: extender la revolución a toda Centroamérica, comenzando con El Salvador. Esto, más otras políticas autoritarias del gobierno, llevaría a una confrontación con Estados Unidos y a la gran rebelión campesina interna conocida como la Contra.
Quien mejor documenta este proceso es alguien que estaba en las esferas más altas del poder y que sería vicepresidente de Ortega: Sergio Ramírez. En su libro, Adiós muchachos, vemos que fue hasta que los sandinistas comenzaron a enviar armas a la guerrilla salvadoreña que Estados Unidos comenzó a preocuparse, pues implicaba que un gobierno ya abiertamente aliado de Cuba y la Unión Soviética, quería extender el comunismo a toda Centroamérica.
Para disuadir a los comandantes de este camino mandaron varias misiones con ramos de olivo. La primera cuando Alexander Haig, nuevo secretario de Estado bajo Reagan, les propuso en enero de 1981 plena aceptación y ayuda económica a cambio de suspender el tráfico de armas a El Salvador. A ellos, nos dice Ramírez: “No les importaba mucho la clase de régimen que un país tuviera, mientras no constituyera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados”. Pero no logró nada. En agosto mandó entonces a Thomas Enders, prometiendo con el mismo mensaje, pero fue inútil. Su última, e igualmente inútil visita, fue el 14 de marzo de 1982. Otra vez nada. El trasiego de armas continuaba a todo gas.
El problema es que para los comandantes Estados Unidos era el enemigo de la humanidad y extender la revolución un imperativo no negociable. Bayardo Arce le confesó a S. Kinzer del New York Times que para ellos aceptar la oferta de los gringos era hincar la rodilla ante el imperio. Ellos eran los nuevos Sandino.
El problema es que sin consultar a su pueblo arrastraron al país a una nueva e innecesaria guerra que no fue solo contra Estados Unidos, sino contra su propio pueblo. Porque algo que ocurría simultáneamente, y que tampoco es suficientemente documentado, es que las políticas estatistas y violentas del sandinismo en el campo estaban produciendo una rebelión campesina de gran magnitud. Es cierto que esta fue alentada y apertrechada por Estados Unidos, como medio de frenar el expansionismo sandinista, pero fue peleada por sangre nicaragüense. Esta política aventurista de los sandinistas terminó destruyendo la economía, enlutando al país, y causando el peor retroceso institucional y social de su historia.
De aquí que sea relevante preguntar: ¿Cuánto le ha costado a Nicaragua —y le sigue costando— haber caído en manos del FSLN? Sería interesante que centros de análisis, como Incae y Funides exiliados, u otros, evalúen alguna vez dichos costos. Seguramente encontraremos que los líderes revolucionarios deben a su pueblo una deuda que nunca podrán pagar.
El autor, sociólogo y ex ministro de Educación, trata este tema en profundidad en su libro Buscando la Tierra Prometida, historia de Nicaragua 1492-2019, disponible en librerías y en Amazon.
