En el Octavo Informe: Sistematización de 158 casos de Tortura, que contextualiza las violaciones a los derechos humanos desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, se analiza la privación de la nacionalidad como un nuevo patrón de violencia estatal. En enero 2023 se contabilizaban más de más de 245 personas presas políticas, 222 fueron trasladados a Estados Unidos luego de firmar un documento donde se lee que “voluntariamente Salían del país. Despojo arbitrario de su nacionalidad y confiscación de sus bienes”.
Desde 2019 el Colectivo ha documentado 158 casos de torturas y malos tratos cometidos por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario. Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las víctimas de la Tortura.
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El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que el universo de víctimas se amplía al incluir “las múltiples violaciones a la integridad física, psíquica y moral en contra de los familiares, además de las amenazas, asedios, persecución y desplazamiento forzado que han tenido que enfrentar por denunciar la situación de sus parientes dentro de los centros de detención, ya sean estos policiales, penitenciarios y/o clandestinos”.
Maneras en la que se manifiesta
Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, los mecanismos utilizados para torturar han sido las detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización. Detallaron que esto ha sido reproducido dentro del discurso oficialista de “golpe de Estado” lo que ha generado que se instaure en Nicaragua una “política de terror” contra opositores.
Las formas de tortura se dividen en dos: las iniciales y las nuevas prácticas. En las prácticas iniciales se incluye las amenazas por participar en protestas, detenciones violentas sin garantías procesales, torturas diversas, procesos sin garantías judiciales e ineficiencia de recursos internos.
Las nuevas prácticas son las acciones para destruir “la voluntad y el espíritu”, la tortura psicológica y el confinamiento prolongado en condiciones descritas como inhumanas y falta de atención médica.
El Colectivo explicó que la tortura se ha instaurado como una política de Estado en la que todas las instituciones se coordinan a cumplir los mandatos de la dictadura. “Suspensión de derechos y garantías ciudadanas, narrativa oficial de golpe de Estado, construcción de entorno legal basado en la impunidad y el olvido, temor generalizado de la población, instrumentalización del Poder Judicial y legalización de métodos represivos”.
Dentro del análisis se incluye como forma de tortura la instrumentalización en la creación de leyes represivas como la Ley Especial de Ciberdelitos, reformas al Código Procesal Penal, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Reforma a la Constitución poniendo razón de pérdida de nacionalidad ser considerado «traidor a la patria» y Ley que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.
Otras formas de tortura
El Colectivo incluyó el deterioro sistemático de la libertad de expresión como un método de tortura. Destacaron que en el periodo 2007-2015 significó un grave retroceso para este derecho principalmente en las condiciones para ejercer periodismo con política de la “contaminación de la información”. Entre 2015 y 2018 la hostilidad con los medios creció expresándose en negativas de información, agresiones y robo de equipos.
Las amenazas a los familiares de privados de libertad, las cuales se traducen a actoa de vigilancia, allanamientos ilegales, asedio permanente, inspecciones corporales rigurosas y afectaciones a la niñez, por ejemplo, al presenciar detenciones violentas y sufrir la incomunicación.
