El empresario Piero Coen Ubilla confirmó a través de un comunicado el robo de todas sus propiedades, así como las que están a nombre de su esposa, Jaffa Coen, las que están en poder de la Policía Orteguista y la Procuraduría General de la República.
Además confirmó que por primera vez se le informó que estaba siendo objeto de un proceso legal, sin razón especificada. “Les puedo asegurar que no existe ningún delito del cual se me pueda acusar, mucho menos, de alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense”, afirmó mediante un comunicado.
El régimen de Daniel Ortega confiscó las propiedades del empresario Piero Coen Ubilla, confirmaron a LA PRENSA fuentes cercanas a la familia. En primeras horas de este viernes agentes de la Policía orteguista allanaron su vivienda en Las Colinas y también el complejo Viejo Santo Domingo.
Según la fuente, la Policía llegó a la casa de Coen Ubilla diciendo que la vivienda ahora le pertenece al Estado. La casa es propiedad de Coen Ubilla y de su esposa, ciudadana estadounidense. En el condominio Viejo Santo Domingo funcionan las oficinas del empresario.
Estos allanamientos y confiscaciones serían parte de un proceso judicial que la dictadura inició contra Coen en marzo pasado. Según la ficha judicial, la acusación se preparó el 27 de marzo, pero se presentó hasta ayer 22 de junio en el Juzgado Noveno de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua. En la acusación no se establece de qué delito acusan a Coen Ubilla, solo se establece que la víctima es el Estado de Nicaragua. Eso hace presumir que le imputan es el mismo delito que aplican a todos los opositores, es decir, traición a la patria.
Las empresas del Grupo Coen
De acuerdo con información que Coen brindó a LA PRENSA en 2016, en ese momento, dirigía un grupo empresarial, encabezado por las operaciones de la casa de remesas Western Union con operaciones en Centroamérica y México. También una fábrica de papel reciclado en El Salvador, el negocio de la elaboración de licencias de conducir en Guatemala, y en Nicaragua una de las haciendas ganaderas más grandes de la región, entre otras empresas.
El empresario dirige el Grupo Coen que tiene sesenta años de trayectoria. Según información divulgada en el sitio web del grupo empresarial, actualmente genera 3,500 empleos directos y 7 mil indirectos. Ofrece servicios financieros a través de varias empresas, entre ellas AirPak, dedicada al envío y recepción de remesas en Centroamérica. Además, desde hace más de treinta años posee la representación de Western Union en Centroamérica y México. En este sector también posee las empresas CashPak e Intesa.
En el sector agropecuario posee la Ganadería San Jorge y en bienes raíces invirtió más de 100 millones de dólares para desarrollar el complejo residencial Viejo Santo Domingo, en Managua. Este incluye una plaza comercial, casa club, 11 residencias y 110 apartamentos. En Chinandega desarrolló el complejo residencial Villas del Cortijo, bodegas industriales y el parque industrial Zona Franca Internacional Chinandega (Zofric). En Guatemala posee la empresa Mayoreo de Computación (Maycom) que se dedica a elaborar licencias de conducir. Y en el sector industrial posee la empresa Alas Doradas, que fabrica papel absorbente y lo distribuye en Centroamérica, República Dominicana y Puerto Rico.
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¿Se cumplen las amenazas de Grisby?
La acusación judicial, confiscación y allanamiento de las propiedades de Coen Ubilla no sorprende a nadie, ya que desde hace varios días el propagandista de la dictadura, William Grisby, lo adelantó. Según Grisby, los grandes empresarios nicaragüenses están en la mira de la dictadura de Daniel Ortega, y esto a criterio de algunos analistas, puede ser señal de confiscación de bienes y empresas a los grandes empresarios.
El propagandista a sueldo de la dictadura aseguró que los empresarios Roberto Zamora, José Antonio Baltodano, Piero Coen y la familia Sacasa compraron armas durante las protestas de abril de 2018. “Financiaron compra de armas, sostenimiento de los tranques, campañas de desinformación y de calumnias”, aseguró Grisby a través de su programa de radio.
Otra justificación de Grisby es que algunos empresarios, entre ellos Carlos Pellas y Ramiro Ortiz, “financian el centro de pensamiento Diálogo Interamericano”. Institución con sede en Washington DC muy crítica de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega.
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